CEP, oportunidad para el Gobierno

Un aumento relativamente generalizado de la confianza en instituciones públicas y privadas se observa en la última encuesta CEP, realizada entre el 18 de abril y el 27 de mayo. En términos relativos, los mayores aumentos ocurrieron en los tribunales de justicia, el Gobierno y municipalidades; ello, aunque se siguen situando muy por debajo de la PDI, las universidades, Carabineros y las FF.AA. Además, sube la percepción de que la democracia es la mejor forma de gobierno. La alternancia en el poder parece haber contribuido a este cambio, pero también acciones institucionales concretas. El cambio de mando en la Corte Suprema, por ejemplo, vino acompañado con un fuerte énfasis en el control de la corrupción. Y el Ministerio Público, que también subió, se ha percibido especialmente activo en el mismo período. Todo esto resulta positivo: la confianza ciudadana en las instituciones es crucial para sostener un orden político estable y con proyección de futuro.
La relación de los ciudadanos con el Estado que refleja la encuesta también es interesante. Si bien domina la idea de que la principal responsabilidad del sustento económico recae en las personas, existe desacuerdo con la afirmación de que el país estaría mejor si el Estado participase menos en la economía. Al mismo tiempo, sin embargo, los ciudadanos están mayormente convencidos de que la intervención del Estado conlleva mucha burocracia y dificultades. Y, adicionalmente, la mayoría percibe que el problema de la deuda pública es grave y que mejorar las finanzas fiscales exige reducir los gastos administrativos. Se quiere, entonces, un Estado muy eficiente, pero a la vez protector. Esto es consistente con las mayores preocupaciones expresadas: delincuencia, salud, educación y narcotráfico (estas dos últimas suben significativamente; en el caso de educación, tal vez por el aumento de la violencia en colegios). Son todas materias que involucran problemas que las personas no tienen posibilidad de enfrentar solas. Quizás por esta visión es que la población también cree que el Gobierno debió haber contenido el alza de los combustibles, incluso si deterioraba las finanzas públicas.
La aprobación del Gobierno se situó en un 34 por ciento, aunque el trabajo de terreno ocurrió en un momento en que no estaba abordando apropiadamente sus promesas de seguridad y había dejado subir de manera abrupta los precios de los combustibles, generando una mayor inflación y golpeando las expectativas. Pero el Ejecutivo ha vuelto a tomar control de la agenda y ello podría mejorar su evaluación. La encuesta deja entrever una oportunidad para ello: la brecha entre la proporción de personas que creen que los líderes políticos deben buscar acuerdos y la que cree que el Presidente Kast tiene la voluntad de llegar a esos acuerdos con la oposición es grande. Corresponde que el Gobierno reflexione sobre cómo reducirla, considerando que el clima político parece favorecerlo. En efecto, se observa también un fuerte rechazo a las protestas y tomas, lo que le abre un espacio para buscar entendimientos en materias que puedan ser conflictivas y que las personas quieren ver bien encauzadas.