Quince meses después, se acumulan incertezas

Cuando ha transcurrido un cuarto del período de gobierno, nos encontramos en medio de un shock externo negativo ocasionado por una guerra que durará bastante más de lo esperado. En ese contexto, el mundo parece tolerar una inflación más alta que la que dictan las metas, pero sin caer en los excesos y errores de la post pandemia. Mientras tanto, el crecimiento económico global en promedio se mantiene en torno a su potencial, pero con disparidad, siendo mayor en los casos en los que resulta apuntalado por la inversión asociada a la inteligencia artificial (IA), que con gradualidad va tomando la posta del crecimiento mundial.

En nuestro vecindario está por un lado Brasil, en un año electoral y con su consiguiente volatilidad, desde su escaso crecimiento y su relativamente barato nivel de precios en dólares, y por otro lado está Argentina, donde la moneda sigue en el aire, con resultados mixtos e innecesarios pero influyentes goles en contra del propio gobierno.


Es decir, estamos en un mundo que no nos impulsa y con nuestro velero sin motor, porque no se lo hemos puesto, lo que da como resultado una velocidad mediocre, que es la habitual cuando no recibimos vientos de proa ni de popa. Encima, está en proceso de definiciones algo que no es habitual, pero que complica las cosas: las dudas sobre el rumbo, que están insufladas por las resultancias del Diálogo Social.

El Uruguay lento, pero con rumbo claro es una cosa, pero lento y con rumbo difuso, puede resultar en algo más complicado.

En estos 15 meses, la situación fiscal se mantuvo dentro de lo (malo que se había) previsto. Cumplir con metas laxas no es gran cosa, aunque por lo menos, ahora no hay window dressing. Hubo buenas noticias recientes en materia de actividad y empleo: el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) y el Índice Líder de Ceres vienen dando datos alentadores y la cantidad de ocupados, descontando la estacionalidad, se mantiene a pesar del menor crecimiento y del aumento imprevisto en el salario real (por la menor inflación). La inflación, de la mano de los aumentos (necesarios y graduales) en los precios de los combustibles, vuelve hacia la meta, pero la superará con holgura de acá a agosto porque saldrán de la cuenta meses con variaciones mínimas. Esperemos que el Banco Central del Uruguay (BCU) no estribe en esos datos para volver a subir la tasa de política monetaria (TPM), lo que constituye su reflejo natural.

Esa mayor inflación va a poner en su sitio al salario real, que con el desvío registrado en meses anteriores tuvo un "veranillo" imprevisto que no era permanente sino transitorio. Para situaciones como ésta, de shock de precios externos, fue que se puso como centro de la nueva pauta salarial, acertadamente, a la inflación subyacente.

Y el tipo de cambio real extra regional, que mejoró en febrero y marzo gracias al oportuno relajamiento de la política monetaria, solo podrá seguir mejorando de la mano del shock negativo y no ya por razones autóctonas, lo que podría ser abortado por eventuales movidas alcistas en la TPM. De hecho, ya bajó en mayo.

Entonces, al cumplirse 15 meses, hay cuatro problemas sobre la mesa: el escaso crecimiento económico, el altísimo déficit fiscal, el atraso cambiario y el Diálogo Social. Problemas que no son independientes, sino que en algunos casos se potencian recíprocamente.

Las herramientas con las que cuenta el gobierno para hacer frente a esos problemas son la Rendición de Cuentas (que debería bajar el monto del presupuesto, lo que no va a ocurrir), una ley de competencia e innovación en la que parece haber cifradas expectativas desmesuradas (a lo sumo mejorará la situación en aspectos puntuales sin poderse compensar los serios problemas de competitividad originados en la macro durante muchos años) y las tres conocidas políticas económicas: la fiscal, la monetaria cambiaria y la salarial.

Sobre la política fiscal, asumiendo que el gasto se mantiene tras la Rendición de Cuentas, habrá que cruzar los dedos para que la recaudación haga lo suyo: por un lado, que la mayor eficiencia de la recaudación aporte más recursos genuinos y, por otro lado, que los tres impuestos que fueron ajustados en la Ley de Presupuesto cumplan con las expectativas puestas en ellos. Pero más allá de eso, que no es menor, la clave estará en cuánto habrá de crecer la economía. Y todas las proyecciones están por debajo de las que el Gobierno estableció en el Presupuesto, totalizando ahora menos de 10% para el quinquenio. Más que en la década anterior, pero igualmente insuficiente dada la coyuntura.

Sobre la política monetaria cambiaria, todo parece indicar que ya dio todo lo que podía dar: una mejoría de 5% en el tipo de cambio real extra regional. No cabe esperar mucho más que eso, si la política fiscal no ayuda. Un atraso cambiario considerable, generado por inconsistencias en las políticas económicas durante añares, no se arregla de un día para el otro sin que haya ajustes también considerables en ellas. Solo con un ajuste fiscal que lleve a terreno positivo el resultado primario se podría empezar a hablar en serio al respecto. La macro puede, pero no la dejan.

Y la política salarial, que como vimos ha tenido mejorías relevantes en este período, no ha impedido que se mantenga la brecha entre los crecimientos de los precios de los transables y no transables. Hubo mejoras en cuanto a su impacto en el nivel general de precios, pero no así en los precios relativos.

¿Cómo seguirá la película? Dado el contexto externo referido, habrá que aguardar cómo termina el proceso de la Rendición además del necesario sinceramiento en el escenario macro de lo que resta del quinquenio, en particular en lo que hace al crecimiento económico. Lo que resultará clave para la trayectoria del déficit fiscal y para las perspectivas del empleo. La inflación sigue apuntando (nunca dejó de hacerlo) a la meta de 4,5% en el horizonte de 24 meses de la política monetaria, pero en lo inmediato se alejará de ella hacia arriba, lo que no debe alterar los ánimos en el Central. Que allí la mirada se mantenga firme en ese horizonte y que, como elemento de corto plazo, tenga en cuenta a la inflación subyacente. Y, «last but not least», que se puedan neutralizar los eventuales efectos adversos del Diálogo Social sobre la trayectoria fiscal y la reputación de nuestra institucionalidad.