Comisión Verdad y Niñez

La crisis vivida por la Comisión Verdad y Niñez, desencadenada en mayo tras la renuncia en bloque de cuatro de sus consejeros y la puesta a disposición de sus cargos de los tres restantes, ha marcado un severo tropiezo en el esfuerzo por esclarecer las vulneraciones sufridas por menores bajo custodia estatal o en sistemas residenciales alternativos durante más de cuatro décadas. El caso impone revisar la consistencia entre los objetivos que se declaran y las acciones que se impulsan, así como los sesgos ideológicos que puedan existir.
Concebida a fines de 2024, la referida comisión respondió a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU de 2022 y a las obligaciones de reparación impuestas por la Corte Interamericana de DD.HH., a raíz de la tragedia que costó la vida a diez adolescentes en el centro "Tiempo de Crecer", de Puerto Montt, en 2007. Estructurada como una entidad técnica e independiente, incorpora un consejo directivo superior de especialistas y un despliegue territorial de profesionales de "escucha", encargados de recopilar testimonios para alimentar un informe final con recomendaciones de reparación.
La fuente inmediata de la tensión que culminó en las dimisiones radica en una discrepancia respecto del rendimiento y costo de la estructura operativa. Tras evaluar la gestión de la instancia, el Ministerio de Justicia detectó una baja productividad en la recolección de relatos en relación con el volumen de personal contratado, y optó por una reestructuración drástica: reducir el personal de escucha a un solo profesional por región, suspender los contratos en las áreas críticas de archivo y participación, y modificar la naturaleza laboral de los consejeros hacia una modalidad estrictamente ad honorem . Hasta entonces la mayoría recibía una asignación economica algo exigua para la dedicación que demandaba esa responsabilidad. Para los comisionados dimitentes, cuya propuesta previa de reorganización del trabajo no fue acogida por el ministerio, estas decisiones vulneraron la autonomía operativa del órgano y la viabilidad técnica de su mandato.
En una lectura más profunda, la fricción revela la colisión entre visiones opuestas del actuar estatal. Era razonable que el Gobierno buscara introducir parámetros de eficiencia y cuestionara estructuras que, a la luz de los resultados conseguidos, parecían sobredimensionadas. Sin embargo, en una materia como esta cabía esperar que se buscaran soluciones acordadas y graduales, procurando evitar la crisis que se vivió. La trayectoria profesional de algunos de los consejeros hace aún más dificil comprender la imposibilidad de las autoridades de conciliar una solución. Inevitable es, asimismo, preguntarse si en este conflicto no hubo también un trasfondo político, a la luz de las declaraciones formuladas a posteriori por algunos de los ahora exconsejeros.
Chile exhibe falencias históricas y estructurales graves en el cuidado de la infancia, y es responsabilidad de todos los actores restablecer los canales de entendimiento con la altura de miras que esta política de Estado exige. Los nuevos comisionados recién designados están llamados a asumir ahora este desafío, en que probablemente contarán con el aporte de sus predecesores. Va en el interés de Chile el buen desarrollo de este proceso.