El costo de la "permisología" por proyectos atrasados se desploma en primeros meses de la administración Kast

El foco del Gobierno en destrabar la "permisología" empieza a tener un cierto correlato en las estadísticas del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Aunque prácticamente un tercio de los proyectos de inversión que se encuentran a la espera de una autorización en el SEIA presenta retrasos, entendidos como un plazo real superior a la mediana histórica de los tiempos de revisión en los últimos cinco años, en el mes de mayo se pudo observar un marcado descenso en el impacto económico de las iniciativas demoradas.
En concreto, el Monitor de Ineficiencia Permisológica (MIP) que elabora mensualmente Sofofa estima que, con 105 proyectos retrasados -de un total de 386 iniciativas en calificación-, las pérdidas económicas ascienden a US$ 286 millones. Se trata de un marcado descenso en relación con el mes anterior, donde el mismo cálculo arrojaba un costo por US$ 2.210 millones, muy similar al promedio observado desde junio del año pasado (ver gráfico). En comparación con esa fecha, la caída es de un 85,6%.
Para hacer sus estimaciones, Sofofa utiliza herramientas de inteligencia artificial que procesan las estadísticas del SEIA, y calculan los costos en función de los retornos que cada uno de los proyectos retrasados dejan de generar, cuando las inversiones permanecen detenidas a la espera de su autorización. Se basa en los plazos reales de tramitación, pues si bien el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) siempre opera dentro de un plazo legal, el tiempo efectivo de dicho plazo suele aumentar cuando los titulares solicitan un tiempo de suspensión con el fin de responder a las exigencias del proceso de autorización.
¿Cambio de foco?
Desde Sofofa explican que el cambio abrupto en la estimación del costo de la "permisología" ambiental responde a la priorización de proyectos clave, que fueron aprobados durante este período: "Aguas Marítimas" de Cramsa Infraestructura SpA, con una inversión estimada de US$ 5.591 millones, y el Puerto Exterior de San Antonio (US$ 4.388 millones). "Ambos proyectos presentaban considerables atrasos, superando los 1.500 días desde su presentación, y en su conjunto, representaban el 83% del costo permisológico de abril de 2026. Por ende, sus egresos explican en gran parte la disminución de US$ 1.921 millones respecto del mes anterior", detallan.
Desde el gremio sostienen que lo que marcó la diferencia fue la priorización de proyectos cuyo impacto económico tenía un peso relevante que no se estaba logrando materializar. Si bien todavía se puede observar que un 27,2% de los proyectos en evaluación ambiental presentan retrasos, una cifra similar a lo observado durante enero (ver gráfico), solo estas dos grandes obras tienen el potencial de crear más de 13 mil trabajos. Es una cantidad similar a todos los proyectos que ingresaron en el mes.
La presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, sostiene que "es una buena noticia que se estén destrabando proyectos que llevaban años esperando una decisión. Todavía es pronto para hablar de un cambio estructural, pero estas señales van en la dirección correcta".
Desafío pendiente
Hacia adelante, la actual administración enfrenta desafíos relevantes. El ingreso de nuevos proyectos a calificación ambiental ha ido en aumento, y pone a prueba la capacidad del sistema. Solo en mayo se constató el ingreso de 28 nuevas iniciativas, a la vez que se aprobaron 32.
En su conjunto representan una inversión total de US$ 6.217 millones, con el potencial de crear casi 23 mil nuevos empleos. Entre los ingresos más relevantes está el proyecto de "Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi", que por sí solo suma recursos por US$ 3.200 millones y 12.490 puestos de trabajo potenciales.
El sector minero sigue siendo uno de los más dinámicos respecto de la entrada de nuevas iniciativas, pero estas se instalan sobre un stock de proyectos: hay 52 obras en evaluación, de las cuales 15 se encuentran atrasadas, por un monto de US$ 741 millones y 3.299 empleos potenciales. Más preocupante es el caso del sector energía, otro de los que lidera el ingreso de inversiones, donde 37 proyectos de un total de 128 presentan retrasos, con montos involucrados de US$ 5.010 millones y casi 7 mil posibles empleos.