‘Nos hundimos todos’

Esa frase, pronunciada con rabia y advertencia, quedó grabada en la historia política de Colombia. "Nos hundimos todos". Era la confesión de quien sabía cómo se llegó al poder, quién puso la plata y cuál era el precio de ese apoyo. Según los audios revelados por Semana, Benedetti habló de 15.000 millones de pesos destinados a mover una maquinaria electoral. También advirtió sobre las consecuencias si el país conociera toda la verdad. "Nos vamos presos". Los audios existen. Existen también las pruebas sobre Nicolás Petro, las gestiones de Juan Fernando Petro en las cárceles, los aportes ilegales de ‘Papá Pitufo’ y la decisión del CNE, que concluyó que la campaña superó los topes legales. Tres años después, los protagonistas son los mismos. La derrota de Cepeda produjo pánico en la Casa de Nariño. Por primera vez el petrismo comprendió que podía perder el poder. La derrota sembró pánico, y el pánico produjo convenios. A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el Gobierno activó una maniobra distractiva con la representante Arizabaleta, un autogolpe de Estado torpe, para desviar los reflectores mientras gestionaba convenios por más de un billón de pesos en departamentos claves para la elección. La evidencia está firmada. El primero se suscribió entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, administrado por Fiduprevisora, y el Banco Agrario, por 269.000 millones de pesos, para otorgar alivios en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. ¿Por qué estos recursos aparecen precisamente a una semana de la elección y en los departamentos donde el oficialismo necesita recuperar votos? Peor aún es la justificación. El convenio se sustenta en la atención de municipios afectados por un supuesto "frente frío", cuando el país enfrenta el fenómeno de El Niño por el aumento de las temperaturas. A este caso se suma otro por 385.000 millones de pesos, a través del Patrimonio Autónomo FAIA 2022, para un Plan de Recuperación Temprana en esos mismos territorios. Y Finagro prepara otros 371.000 millones. La suma supera ampliamente el billón de pesos. A ello se suman las entregas aceleradas de tierras sin títulos, los mercados distribuidos por el ICBF pidiendo datos y votos a los beneficiarios, las reuniones del ministro Jaramillo con representantes a la Cámara donde se promete infraestructura hospitalaria a cambio de apoyo y una operación de movilización electoral reconocida por dirigentes del propio oficialismo. Las denuncias de Abelardo de la Espriella sobre la participación de estructuras políticas regionales y clanes tradicionales son reales. Lo que falta es que la Procuraduría y la Contraloría actúen y suspendan estos convenios y a los funcionarios, al menos hasta después de las elecciones. Por eso, comparto plenamente medidas como la suspensión de visas y las sanciones internacionales contra funcionarios o particulares involucrados en corrupción electoral. Cuando las instituciones reaccionan tarde, la prevención internacional se convierte en una herramienta legítima para proteger la democracia. Un gobierno que llegó al poder bajo la sombra de graves cuestionamientos sobre la financiación de su campaña no puede pretender conservarlo utilizando la chequera del Estado. Lord Acton advirtió hace más de un siglo que "el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente". Pero hay una verdad aún más incómoda: quienes llegan al poder violando las reglas terminan aferrándose a él porque saben que perderlo significa enfrentar las consecuencias de sus actos. Cuando gobernar se convierte en una forma de escapar de la justicia, perder una elección más que derrota política se convierte en un riesgo personal. Y entonces la frase de Benedetti deja de ser un recuerdo. Se vuelve confesión: "Con tanta mierda que yo sé, pues nos hundimos todos."
Una confesión
Luis Felipe Henao Cardona