Recorte de 45.000 cargos de la Nación, entre las medidas para reducir gasto

laura lesmes díaz- redacción economía y negocios
Aunque el ministro de Hacienda Germán Ávila afirmó en la publicación del ‘Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026’ que el déficit de este año -diferencia negativa entre los ingresos y los gastos públicos-sería peor que el previsto y cerraría en 5,3 por ciento del producto interno bruto (PIB), los analistas del mercado consideran que la situación podría ser aún más grave. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y su equipo económico del centro de investigación Avanza Colombia, los cuales presentaron una propuesta para poder solucionar la situación fiscal que afronta el país, consideran que incluso puede llegar a 8,3 por ciento del PIB. El eje central de la publicación señala la necesidad de transparentar los balances fiscales nacionales, exponiendo diferencias entre las cuentas oficiales actuales y las obligaciones financieras acumuladas por la Nación. El enfoque técnico se centra en una reestructuración de los componentes del gasto público para restablecer la confianza en el país. El documento establece que se debe sincerar el déficit fiscal de la Nación de manera prioritaria. Al incorporar los gastos obligatorios en los sectores de salud y electricidad, su proyección es que el déficit real se situaría en el 8,3 por ciento del PIB para este 2026, lo que representaría el registro más alto de la historia de Colombia. Esta cifra contrasta con los datos provistos en el Marco Fiscal en el se fija el déficit en un 5,3 por ciento para este año, así como con la estimación realizada por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que sitúa la brecha en un 6,2 por ciento del PIB. De igual manera, el estudio indica que la deuda real alcanzaría el 64,5 por ciento del PIB. El informe atribuye esta diferencia a la existencia de déficit acumulado en el sector salud, deficiencias en servicios públicos, sentencias judiciales pendientes, el balance del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y el uso de la reserva presupuestal. Bajo este escenario base, el análisis proyecta que si no se realiza ninguna acción correctiva, la deuda pública terminará en el 86,6 por ciento del PIB de cara al 2030. Cómo reducir el gasto El punto ahora es cómo desactivar ese escenario de incremento en los niveles de endeudamiento nacional. Para contener esta proyección, la propuesta de Avanza Colombia plantea un ajuste fiscal de 2,4 puntos porcentuales del PIB. Dicha estrategia implica, entre otras medidas, la reducción de la burocracia estatal mediante la supresión de 45.000 cargos dentro del aparato público, junto con la determinación de terminar con el Ministerio de la Igualdad (Minigualdad). Adicionalmente, el plan contempla una reducción del 30 por ciento en los contratos por Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), una modalidad sectorial que el documento define bajo el concepto de "empleo militante" y en donde se contabiliza un universo de 60.000 puestos. En materia de remuneración salarial de los trabajadores del Estado, se establece que los ajustes anuales se calculen solo con la variación registrada en la inflación. El programa incorpora también la revisión de personas registradas de forma irregular o "colados" en los subsidios correspondientes al sistema de salud, complementada con una revisión equivalente para detectar y retirar beneficiarios no aptos de los subsidios de energía eléctrica y gas natural. La propuesta económica de Cárdenas también incluye un incremento gradual en los precios de los combustibles, con una aplicación dirigida especialmente al ACPM (diésel). Asimismo, se contempla acabar con fondos públicos como el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) y el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FuTIC), descritos en el informe como fondos de politiquería. La estrategia busca ir directamente contra el gasto de funcionamiento operativo de las instituciones estatales que se encuentra camuflado dentro de los rubros asignados a la inversión pública. Según el modelo, estas medidas se convertirán posteriormente en un menor gasto por concepto de pago de intereses de los Títulos de Tesorería (TES). En el componente de ingresos, el plan financiero estima desmontar ciertos impuestos, lo que tendría un efecto neto de caída en el recaudo estatal equivalente al 0,9 por ciento del PIB. En caso de que no se ejecuten estos ajustes en el gasto y el balance fiscal, las proyecciones indican que la inflación general de la economía estará en el año 2030 en un rango comprendido entre el 15 y el 20 por ciento. Por consiguiente, el estudio determina que el nuevo gobierno debería retirar el proyecto de presupuesto general que sea presentado por la actual administración en el mes de julio, asumiendo que ese proyecto de ley no sincera las cuentas públicas ni introduce ajustes estructurales. Finalmente, la redirección de los flujos de capital público mediante la aplicación de estas medidas permitirá abrir espacio presupuestal directo a la inversión en los sectores de salud, seguridad y vivienda. Cárdenas se refirió a las decisiones financieras del país señalando que "Colombia no puede seguir aplazando esta conversación. El déficit fiscal exige decisiones de fondo, y el país necesita propuestas concretas. Este plan es ejecutable, está respaldado en rigurosa evidencia técnica y económica, y está a disposición de las campañas presidenciales para ser adoptado por el próximo gobierno".