Proyecto de ley de deudores y usura: cuáles son los cambios que propusieron los economistas en el Parlamento

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados recibió a una delegación de economistas de la Universidad de la República (Udelar) que presentó tres enfoques distintos para reformar el sistema de tasas de interés, en el marco de la discusión del proyecto de ley de protección de deudores de bajos recursos.


La delegación estuvo integrada por los doctores en Economía Elisa Failache y Pablo Blanchard, ambos docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), y la doctora en Economía Graciela Sanromán, docente de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS).

Si bien los economistas coincidieron en el diagnóstico general de la situación de sobreendeudamiento en Uruguay, plantearon diferencias en las alternativas de diseño regulatorio. Uno de los puntos centrales fue la crítica al sistema vigente de determinación de la usura.

Sanromán señaló que el sistema actual usa como referencia el promedio de tasas del propio mercado y dijo que eso establece un problema estructural. "Esto podría parecer razonable a primera vista, pero tiene una dificultad fundamental, que es que cuando existe poca competencia, como es el caso del mercado de crédito en particular o del mercado de crédito de consumo en Uruguay, este promedio deja de ser una referencia independiente", señaló.

Según detalló, el promedio que se usa para fijar el límite "se incorpora a las decisiones de precios de las propias empresas", lo que genera una dinámica en la que el propio mercado incide sobre el tope legal. "El resultado es una regla endógena que pierde la capacidad de disciplinar el mercado", explicó.

Por ese motivo, propuso sustituir el esquema actual por una regla exógena basada en el costo del dinero. La propuesta incluye variables como la tasa libre de riesgo, el riesgo país y la inflación, a las que se agregaría un margen definido por el regulador. "La idea central es que la definición de usura no dependa del riesgo del deudor", sostuvo.

Sanromán también cuestionó la posibilidad de segmentar la regulación según el riesgo individual. En ese sentido, dijo que "el riesgo individual no es plenamente observable para el regulador" y advirtió que ese tipo de enfoque puede generar dificultades de implementación y efectos no deseados sobre la protección de las personas más vulnerables.

Por su parte, Blanchard planteó una alternativa distinta, basada en la segmentación del mercado de crédito según niveles de riesgo. El economista explicó que los topes de usura generan dos efectos simultáneos, uno de protección al consumidor y otro de restricción del acceso al crédito. En ese sentido, sostuvo que "una buena idea para generar este efecto es ir a topes de usura diferenciados por segmento de mercado".

El economista explicó que la regulación debería reconocer la heterogeneidad del mercado, al establecer segmentos relativamente homogéneos en función del riesgo. Según indicó, eso permitiría limitar el poder de mercado de las empresas sin generar exclusión del sistema formal de crédito.

Dentro de ese esquema, señaló como referencia el segmento con retención de sueldo. En ese caso, afirmó que se trata del sector "más competitivo del mercado", donde además participa el Banco República, lo que contribuye a disciplinar los precios.

En ese sentido, Blanchard propuso que dicho segmento funcione como un ancla del sistema, mientras que los restantes puedan operar con tasas superiores en función del riesgo asociado. No obstante, el economista reconoció que ese diseño tiene efectos en términos de distribución. "Es cierto que si uno hace esto los segmentos asociados a mayor riesgo terminarán teniendo tasas de usura y tasas efectivas más altas", señaló, aunque sostuvo que esas diferencias deberían abordarse mediante políticas específicas y no a través de la regulación general de tasas.

Por su parte, la economista Failache explicó cuáles son las condiciones institucionales necesarias para la efectividad de cualquier reforma y advirtió que varias disposiciones legales que actualmente ya existen en materia de crédito no se cumplen de forma efectiva.

"Hay muchas cosas que estaban y no se cumplen", dijo en referencia a la normativa vigente sobre tasas y transparencia. Además, Failache puso el foco en la falta de información disponible para los usuarios del sistema financiero. Según indicó, existe "mucha falta de transparencia respecto a la gestión de la deuda, a esto de a quién le debo y cuánto", lo que, a su entender, limita la capacidad de los consumidores de conocer su situación crediticia.

Asimismo, planteó que el debate no se limita al diseño de las nuevas reglas, sino también a los mecanismos de control y cumplimiento, así como a la definición de las responsabilidades institucionales.

Los economistas coincidieron en que el sistema actual de tasas de interés tiene problemas de diseño y que el mercado de crédito presenta fuertes asimetrías de información entre empresas y consumidores.