La nueva legislación que podría impulsar proyectos de desalación para la minería

Dos tercios del agua usada por la minería en 2034 se espera que provengan del mar, de acuerdo con la última proyección de Cochilco, elaborada a principios de este año. Sin embargo, una ley promulgada recientemente podría apuntalar la inversión en agua desalada por parte de la minería, debido a que simplifica los permisos necesarios para estos proyectos y podría acortar los plazos de tramitación de estas iniciativas, en la medida en que haya una correcta implementación.
Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consulting, explica que la Ley N° 21.813, sobre uso de agua de mar y desalinización, "ordena un espacio que hasta ahora se movía entre concesiones marítimas, permisos sectoriales, evaluación ambiental y acuerdos prediales". En cambio, la nueva regulación crea una concesión especial, reconoce servidumbres para plantas, ductos, salmueras y obras eléctricas, permite emplazar estas obras en áreas rurales y habilita tramitar la concesión en paralelo al SEIA.
"Bien implementado, esto puede reducir zonas grises, mejorar la bancabilidad de proyectos y anticipar decisiones de inversión", asegura.
Para Bastián del Mauro, analista de la consultora Plusmining, la nueva legislación "reconoce formalmente que el uso de agua de mar es una solución estructural para la seguridad hídrica del país y para la continuidad de actividades productivas estratégicas, como la minería".
"Esta iniciativa legal contribuirá al desarrollo de la minería, al otorgar mayor certeza jurídica y acelerar los plazos de tramitación de plantas para extracción de agua de mar", comenta Álvaro Merino Lacoste, director ejecutivo de Núcleo Minero. Destaca que dos medidas en particular podrían acelerar las inversiones, por un lado, el objetivo de reducir los tiempos de tramitación, que en la actualidad pueden llegar a 139 meses, es decir, casi 12 años.
"Además, establece un sistema especial de concesiones de desalinización por hasta 30 años renovables por una sola vez, lo que por cierto está muy acorde con la extensa vida útil de los proyectos mineros que se desarrollan en el largo plazo", indica Merino.
Más de 60 iniciativas
De acuerdo con un catastro realizado por la Corporación de Bienes de Capital (CBC) y la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), hasta 2025 se contabilizaban más de 60 proyectos de infraestructura hídrica desde fuentes no convencionales (como desalación y reúso), en distintas etapas de desarrollo, con una inversión proyectada por más de US$ 25.000 millones.
"Hay buenas razones para pensar que la nueva ley podría acelerar la inversión en desalación, puesto que contiene varios elementos que entregan certezas a los desarrolladores de proyectos", dice Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de Acades.
La inversión en desalación en la minería chilena ya mostraba una trayectoria ascendente previo a la implementación de la ley, señala Del Mauro. "En este contexto, la nueva normativa no origina esta dinámica, pero sí puede desempeñar un rol relevante en su consolidación", agrega.
La implementación
Sin embargo, a los expertos les preocupa que la implementación de la ley pueda resultar en una "permisología" extra para los proyectos de desalación.
"Los plazos podrían acortarse si la tramitación paralela y la nueva institucionalidad operan como coordinación real. También podrían alargarse si los reglamentos agregan discrecionalidad, informes sucesivos o esperas por definiciones estratégicas", indica Guzmán. Por otro lado, como la ley entra en vigencia en noviembre de 2027, existen proyectos en diseño que deberán revisarse para asegurar que se ajusten a la nueva normativa, agrega.
"El desafío estará más bien en la implementación del sistema público: que los reglamentos, permisos y criterios de evaluación sean claros, coordinados y oportunos, para que la nueva regulación no se transforme en una carga adicional, sino en una herramienta habilitante", coincide Del Mauro.
Infraestructura compartida
Una de las ventajas de la nueva legislación es que facilita el desarrollo de proyectos para distintos usos. "Uno de los aspectos positivos de la ley es que habilita, regula y favorece el desarrollo de proyectos de uso mixto o multipropósito. Esto abre espacio para que una misma infraestructura pueda abastecer usos productivos, como la minería, y al mismo tiempo contribuir al consumo humano", comenta Del Mauro.
Es más, la ley establece que los proyectos industriales "deberán reservar hasta un 5% de su capacidad para saneamiento en proyectos industriales y consumo humano", precisa Merino.
"La ley mejora las posibilidades de los desarrolladores de proyectos que busquen capturar economías de escala en el transporte del agua para ofrecer un suministro más competitivo al que puedan acceder también operaciones agrícolas y mineras medianas que puedan apalancarse con los grandes clientes finales", comenta Palacios.
Consultado por si esta ley permitirá tener más infraestructuras de uso compartido, el CEO de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, comentó que "en la medida que la regulación, la legislación, los incentivos permiten compartir infraestructura de apoyo a la minería, particularmente en la provisión de insumos, nosotros creemos que es un buen desarrollo para el sector y es algo que nosotros vamos a mirar caso a caso".
US$ 25.000 millones   es la inversión proyectada en proyectos de desalación y reúso de agua.