ANEP adelantó la campaña de revinculación educativa: van por unos 5.400 jóvenes que no están inscriptos

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) junto a otros organismos públicos, adelantaron un mes la búsqueda de unos 5.400 niños y adolescentes que no están inscriptos en ningún centro educativo, y que si no regularizan su situación perderán la asignación familiar, una prestación de $ 2.576 por mes, en promedio.

El decreto 239/015, que reglamentó la Ley 18.227, exige asistir a un centro educativo para seguir cobrando la asignación familiar, y prevé dos cortes anuales. En julio se suspende la prestación para quienes no están inscriptos en ningún centro educativo, y en noviembre a aquellos que no asistieron a clases durante el año.

"Un mes más o menos de estar en una institución educativa cambia la vida de los chiquilines. Que el Estado haga el esfuerzo de llegar un mes antes es clave", resaltó Caggiani este martes durante la presentación de la segunda edición de la estrategia "Volver a los sueños", de revinculación educativa. El gobierno destacó que este plan permitió reinsertar a más jóvenes en el sistema que la estrategia anterior.

ANEP apuesta a reinsertar a quienes quedaron fuera del sistema educativo junto a los ministerios de Desarrollo Social (Mides), de Interior (MI) Educación y Cultura (MEC), el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente (INAU), el Instituto de Inclusión Social Adolescente (Inisa), el Banco de Previsión Social (BPS), y la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI).

Fuentes del BPS indicaron a El País que estiman una búsqueda este año de unos 5.400 niños y adolescentes, partiendo de la misma base de datos que hace un año. Caggiani, en tanto, estimó que la cifra podría ser menor porque estiman que hay estudiantes inscriptos en la educación privada, aunque restan conocer datos de los colegios.

A mediados de 2025, los organismos registraron 5.382 jóvenes que no estaban anotados en ningún centro educativo. Tras una campaña que también involucró a varios organismos, se revincularon a 2.246 niños y adolescentes, mientras que se les suspendió la prestación a 3.136. Desde el gobierno fue celebrada la cifra de reinsertados, tras insistir que antes se lograba revincular a unos 300.

Para esta campaña de revinculación educativa, las autoridades anunciaron la "mejora" en la calidad de datos, como por ejemplo, el cruzamiento de datos con migraciones. Así como también la implementación de un nuevo formulario que permite recolectar más y mejor información del contexto y las razones de la desvinculación de esos jóvenes.

Debate

La condicionalidad de ir a clases para recibir las asignaciones familiares es un asunto incómodo para el Frente Amplio desde hace más de una década. Fue el presidente Tabaré Vázquez, al comienzo de su segundo mandato, quien resolvió fijar la exigencia de permanecer en el sistema educativo para recibir la prestación.

Tanto el presidente Yamandú Orsi, como el ministro de Economía, Gabriel Oddone, se manifestaron en contra de la contraprestación de asistir a clases para recibir la asignación familiar durante la última campaña electoral.

Están previstos cambios con impacto desde el próximo año si el Parlamento así lo define. En el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que deberá ser remitido por el Poder Ejecutivo antes del 30 de junio, se planteará que el 80% de las transferencias que reciben las familias de los jóvenes no estén condicionadas a asistir a clases, informó Búsqueda, y confirmaron a El País fuentes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La voluntad del gobierno de cambiar el régimen vigente desde 2015, que tuvo suspensiones en años de pandemia, fue señalada, sin mayores detalles, por Caggiani este martes. "Adelanto que, como en Uruguay, no es ni un extremo ni el otro", dijo sobre el nuevo sistema que permita mantener "cierta presión" de ir a clases a partir de las transferencias, sin quitar del todo la prestación. El Diálogo Social recomendó unificar las transferencias y eliminar la condicionalidad de ir a clases, algo que el gobierno tomó en parte.

La asistencia a clases habilita a las familias no solo recibir la asignación familiar por la ley 18.227, sino también acceder al "bono escolar" que instaló el gobierno, de $ 2.500 al inicio de clases, para comprar útiles y ropa. Y también para recibir la beca Butiá, para estudiantes de educación media, que esta administración aumentó de 14.000 a 21.000 becas, con pagos de $ 13.000 para alumnos de ciclo básico y $ 25.000 en bachillerato.

Rendición de Cuentas

Por otro lado, el Codicen de la ANEP aprobó este martes, con los votos a favor de los representantes políticos (Caggiani, Elbia Pereira y Carolina Pallas), y el voto en contra de los consejeros docentes (Julián Mazzoni y Daysi Iglesias) un pedido de incremento presupuestal en esta Rendición de Cuentas de $ 3.154 millones para 2027, $ 3.751 millones para 2028 y $ 4.043 millones para 2029, indicaron fuentes del máximo órgano educativo a El País.

Los montos solicitados son para alcanzar la universalización de la educación a partir de los tres años, mayor gasto en alimentación para educación media, en inclusión y convivencia, en obras de infraestructura, en educación en cárceles, entre otras áreas, con montos variables para cada año.

Mazzoni e Iglesias votaron en contra por considerar "insuficientes" los montos, y bajo el entendido de que el organismo debía solicitar al arco político lo pedido por los subsistemas, que fue el doble de lo finalmente votado, agregaron informantes de ANEP.

Primaria, Secundaria, UTU y el Consejo de Formación en Educación (CFE) elevaron un pedido de incremento de $ 6.076 millones para 2027, $ 7.340 millones en 2028 y $ 7.839 millones, con acciones "prioritarias" y "complementarias", tal como solicitó ANEP. Los representantes políticos plantearon que incremento para 2027 sea de unos $ 2.500 millones, lo que derivó en varios debates internos.

Finalmente, el pedido de incremento en esta Rendición de Cuentas que votó este martes Codicen para 2027, equivalente a US$ 77 millones más, incluyó las acciones "prioritarias" y algunas "complementarias" ANEP tiene un presupuesto anual que ronda los US$ 2.500 millones.

Otra medida que también aprobó en Codicen fue la liberación de créditos para el pago del presentismo, un punto muy reclamado por los gremios. En julio está previsto el pago correspondiente a tres meses. Por ejemplo, un docente de 20 horas, sin faltas, recibe $ 2.768 por mes, $ 8.304 para el período.