Aumentó la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública y se declararon 1.866 reservas en un año

Dado que en el Parlamento se estudian cambios a la ley sobre el derecho de acceso a la información pública, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) presentó datos actualizados ante los legisladores para que dimensionen cuál es la situación sobre la que prevén modificaciones normativas.

En 2025, según relató ante la comisión de Lavado de activos, Crimen organizado y Transparencia de Diputados la directora ejecutiva de la oficina que depende de Presidencia, Cristina Zubillaga, se hicieron 10.169 solicitudes. Esto significó "un gran crecimiento" de 23% en comparación con 2024.

La ley que se sancionó en el primer gobierno de Tabaré Vázquez tiene como objetivo según se explica en la norma promover la "transparencia de la función administrativa de todo organismo público" y "garantizar el derecho fundamental" al acceso a la información pública.

Cabe aclarar que las personas no pueden solicitar cualquier dato debido a que hay información que puede ser declarada reservada por distintos motivos, también previstos en la ley. Esto se hizo 1.866 veces desde febrero de 2025 hasta enero de 2026, según informó Zubillaga. Lo que implicó, entonces, una caída de 3,6% en el uso de la medida por parte de los organismos dado que se habían registrado 1.936 reservas en los 12 meses anteriores.

Hay varios motivos por los que un organismo puede reservar información. Uno es que se pueda comprometer la seguridad pública o la defensa nacional; otro es "dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país". También se establecieron como razones que los datos solicitados pongan "en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona", así como "desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales".

La Intendencia de Montevideo es el organismo que más solicitudes recibió en 2025: se registraron 3.041. Le siguieron el Ministerio de Salud Pública (534), OSE (516) y el Ministerio de Ambiente (403). Luego aparecen el Ministerio del Interior (300), la Intendencia de Canelones (276) y Presidencia de la República (208).

Zubillaga explicó que existe el "silencio positivo", que incluye toda respuesta que se entrega fuera de plazo o la solicitud que directamente no se responde. Esto sucedió 1.220 veces en 2025, lo que significó una suba de 117% en relación con 2024, cuando se registraron 562 casos.

Por otra parte, se informó que la Unidad de Acceso a la Información Pública que se creó para garantizar este derecho recibió 139 denuncias, de las cuales 99 se debieron a silencios positivos. En este caso, el incremento se dio de 24,1% en comparación al año anterior. También creció la cantidad de consultas formales (47%) y de control de reservas (69,8%).

Denegados

Si se tienen en cuenta los que recibieron al menos diez solicitudes en el año, Antel fue uno de los organismos que más rechazó. De las 45 que recibió, denegó 23, que equivale al 51%.

La Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería también tuvo altos registros de rechazo ya que denegó 65 de las 136 que recibió, siendo el 48%.

Por otra parte, la dirección general de secretaría del Ministerio del Interior también tiene un porcentaje alto: denegó 115 de 300, que es el 38%. En una situación similar estuvo la Fiscalía General de la Nación con un rechazo de 49 pedidos de los 138 que tuvo (36%).

"Una primera impresión"

Los diputados estudian un proyecto de ley del Frente Amplio del periodo anterior que no tuvo andamiento. Sin embargo, se desarchivó en esta legislatura en la comisión y se pretende alcance los votos para ser llevado al plenario.

Una de las propuestas es que haya más sujetos obligados a entregar información al incorporar "instituciones privadas que manejen fondos públicos o administren bienes del Estado". Otra idea es que la clasificación de la información reservada deba hacerse después de un informe favorable de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Y que haya una resolución en la que se "demuestre la existencia de elementos" por los cuales la divulgación de los datos genera un riesgo.

También se cambiaría, de aprobarse el proyecto, que, si el organismo dice que no tiene la información que se solicitó, lo deba fundamentar "demostrando al interesado que agotó todos los mecanismos" para buscarla. Por último, otra modificación propuesta es disminuir el plazo de prórroga de 20 a 10 días que pueden pedir los organismos tras vencerse el plazo inicial de 20 días.

El director general de Presidencia, Diego Pastorín, explicó que aún no tienen una postura sobre el proyecto de ley que estudian los diputados, aunque sí hicieron "algunos comentarios" para dar "una primera impresión" de lo que se propone.

En su opinión, considera que generaría "un cuello de botella" la exigencia de un informe previo de la Unidad para que el organismo pueda declarar reservada una información. El mecanismo, a su entender, "incluso puede ser contraproducente para el ciudadano cuando quiera acceder a una información". "Por ejemplo, ¿qué pasa si hay diferencia entre lo que opina el organismo y lo que opina la Unidad? ¿Cómo se resuelve eso? Se podría generar una dilatación en los plazos", argumentó.

Por ese motivo, cree que debería "profundizarse un poco más" en cómo se aplicaría.

Sobre el acortar los plazos de prórroga que pueden pedir los organismos, entiende que "podría incluso ir contra la calidad de la información que se brinda". "En un sistema que está funcionando, podrían generar un estrés en el funcionamiento del organismo, lo que quizás puede conspirar a que no se respondan en tiempo y forma", concluyó.