Modernización pendiente

Finalmente el miércoles pasado la Contraloría dio a conocer los resultados del informe -anteriormente había trascendido solo un preinforme- sobre el ingreso de más de un centenar de niños haitianos durante 2025 bajo la figura de reunificación familiar. Más allá de las investigaciones sobre el paradero y la situación de los menores -hubo importantes avances en los últimos días-, el ente contralor da cuenta no solo de múltiples irregularidades, sino que también de una preocupante debilidad sistémica del Estado para coordinarse y compartir información entre sus distintos organismos.
La infracción de mayor entidad consignada es el incumplimiento de la normativa en el otorgamiento de los permisos de reunificación familiar. En concreto, se reprocha al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) "la emisión de un memorándum (en 2024) que, sin contar con atribuciones para ello, disminuyó los requisitos y condiciones aplicables al procedimiento y a los documentos que la ley y el reglamento fijan como indispensables para el ingreso al país". La gravedad de esta situación -que compromete el principio de reserva legal- hizo que la Contraloría abriera un procedimiento disciplinario en contra de los responsables. Y es que no debe haber espacio en un Estado de Derecho para que las autoridades relajen arbitrariamente las exigencias y normas que el país democráticamente se ha dado, más aún en materias tan sensibles como la migratoria.
De otro lado, el informe evidencia también una serie de incumplimientos relevantes en el Sermig, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de la Niñez, asociados a debilidades de control interno, falta de coordinación institucional e interinstitucional, y deficiencias en el intercambio de información para el resguardo de los menores.
Esta falta de coordinación entre las distintas entidades estatales, e incluso dentro de una misma repartición, trasciende este caso en particular y está en la base de los principales problemas que enfrenta el país. Piénsese en las dificultades existentes en materia de seguridad, para compartir información relativa a la persecución penal entre las instituciones involucradas -la demora de más de una década en implementar adecuadamente el Banco Unificado de Datos y lo ocurrido recientemente en la llamada Operación Tokio, vinculada al lavado de activos, son una muestra de ello-; o los problemas expuestos en salud por la ministra Chomali, en cuanto a que "Fonasa tomaba listas de pacientes retrasados y los distribuía a segundos prestadores, muchas veces sin que el hospital de origen tuviera información o control del proceso"; o las deficiencias que presenta el despliegue de las políticas sociales por la falta de un sistema integrado de información, entre tantos ejemplos.
A pesar de que hace años existe un diagnóstico claro y propuestas concretas de distintas comisiones y centros de estudio, poco se ha avanzado. Se echa de menos un acuerdo político transversal y un compromiso permanente para introducir cambios legales y de gestión que permitan un mejoramiento continuo de los servicios públicos. Una profunda modernización del Estado es un desafío pendiente.