La iniciativa se iba a votar el 13 de mayo en el plenario del Senado -dado que ya la aprobaron los diputados- pero un pedido de la ALAI, que quería dar su postura, hizo que volviera a comisión.
En Uruguay ya es delito
difundir imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual sin su consentimiento. Pero, dado el avance tecnológico, se quiere sumar a los contenidos hechos por
inteligencia artificial conocidos como
deepfakes. Los
diputados ya lo aprobaron por unanimidad -en una cámara donde no hay mayorías, es decir, la que tiene el escenario político más complejo- y ahora lo estudia el
Senado, en donde se recibió el martes el apoyo de
Agesic -que ofició de "abogado del diablo"- y un
informe de Inmujeres.
La propuesta inicial es no hacer enormes cambios en la ley vigente ni abrir la puerta de la discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial. A un artículo ya existente, que prevé responsabilidad de los sitios web si no actúan de manera inmediata después de la notificación de retiro del contenido y define un castigo de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría, se quiere sumar este tipo de contenido. El problema radica, sobre todo, en cómo se redactan los cambios a esta ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Pero, además, aparecieron cuestionamientos de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).
Agesic dio su apoyo al proyecto de ley: "Comprendemos el espíritu de la modificación desde el punto de vista de la política porque busca robustecer la respuesta estatal al fenómeno de la violencia digital, como una manifestación de la violencia de género y generaciones, que afecta en forma desproporcionada a niñas, niños, adolescentes y mujeres y que impacta en realidad toda la sociedad", dijo la directora ejecutiva, Cristina Zubillaga, en comisión de Derechos Humanos.
Asimismo, recomendó revisar la terminología que se utiliza en el artículo propuesto -al mismo tiempo que aclaró que los abogados de Agesic no son expertos en lo penal- porque "cada vez es más difícil determinar si una voz, una imagen o un video es real o está hecho con alguna herramienta digital". Zubillaga explicó que se puede "clonar" -en el sentido digital- a una persona con "15 segundos de voz" y hacerle "decir cualquier cosa".
"Entonces, no hay forma de discernir si algo es real o no, y cada vez va a ser más difícil poder hacerlo. De manera que para nosotros ya no hay herramientas posibles, frente a una imagen, para discernir si es real o falsa. Además, es una línea de trabajo que se abandonó", añadió la jerarca.
Dada esta apreciación, el autor del proyecto, el diputado colorado Gabriel Gurméndez, explicó que la idea es "justamente incorporar el concepto de deepfake, o sea, de una creación o contenido utilizando tecnología que le dé apariencia, verosimilitud o credibilidad real". Y que la valoración, en última instancia, quedaría en manos de un juez penal. Explicó que se utilizó el "derecho comparado, justamente en función de la dificultad que hay para discernir estas cuestiones".
Más posturas
Inmujeres a través de un informe reconoció la importancia de la temática pero, al mismo tiempo, marcó que en diciembre de 2025 el comité de expertos del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará aprobó la ley modelo interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital contra las mujeres basada en género. Y se marcó que Uruguay asumió el "compromiso de adecuar sus marcos normativos incorporando los estándares establecidos".
En esa línea, se señaló que la "tarea de adecuación normativa" a la que se comprometió Uruguay "no se aborda con la regulación específica" que se estudia con esta iniciativa de Gurméndez, sino que "resulta fundamental el tratamiento de la violencia digital desde una perspectiva integral, que sin dudas deberá incluir la sanción de conductas como la que se describe en este proyecto".
Esto porque "regula un único aspecto" cuando "la violencia digital es un fenómeno de alta complejidad".
La iniciativa se iba a votar el 13 de mayo en el plenario del Senado pero la ALAI quería dar su postura, lo que hizo que volviera a comisión. Esta organización concurrió el martes y pidió cambios al articulado de aspectos ya vigentes, como incorporar la obligatoriedad de que la solicitud de remoción del contenido de las plataformas sea por vía judicial. En respuesta, Gurméndez indicó que su idea era que en esta instancia no se abriera "la discusión sobre temas ya sancionados por el Parlamento".
El País, Uruguay
28 de junio de 2026
