Volver a sembrar

Lo dijimos en febrero: la regulación europea contra la deforestación revictimiza a regiones víctimas de violencia, que ven regresar las oportunidades al poder volver a sembrar su tierra. Traemos el tema de nuevo porque la urgencia no ha bajado, y porque el gobierno que toma posesión el 7 de agosto debe revisarlo con los gremios desde el primer día. Pongamos un ejemplo: una familia con vocación agrícola de generaciones fue amenazada; se va o se muere, y la tierra quedó abandonada. Al regresar, limpia el terreno para resembrar y el satélite europeo ve ese cambio como deforestación reciente y le cierra la puerta, vetándola para que cualquier empresa que haga negocios con Europa compre su cosecha. La UE acaba de aplazar otra vez su reglamento, hasta diciembre de 2026, para grandes operadores y hasta junio de 2027 para pequeños, pero no corrige el problema: solo retrasa el día en que vuelva a equivocarse. El mismo mecanismo amenaza la sustitución de coca. Hoy, la palma, el cacao y el café compiten cada día contra una economía armada que no necesita certificación europea para vender. Una encuesta de Solidaridad y Tracecol confirma que buena parte de la base productiva aún no está lista para certificar su origen ante Bruselas y millones de hectáreas tradicionalmente destinadas legalmente a la agricultura podrían quedar en desuso, listas para la informalidad e ilegalidad. No es solo una injusticia con las víctimas. Es una barrera al desarrollo sostenible y comercial de buena parte del país, un colonialismo moral que le cobra al mundo en desarrollo una factura que Europa nunca terminó de pagar, y una medida contraproducente para la conservación que dice defender. El productor legal establecido es la mejor barrera contra la minería ilegal y la coca, porque defiende su tierra y su mercado. Las zonas donde Colombia siembra desde hace generaciones, y las que la ley destinó para ello tras años de estudios técnicos y debate local, no deberían quedar sujetas al criterio de un interés ajeno a la región. Europa, que busca aliviar su propia culpa por haber arrasado sus bosques y no hacer lo suficiente para proteger los que le quedan, plantea un modelo donde sigue usando su territorio como quiere, mientras nos dice qué hacer en el nuestro y desconoce que nuestros esfuerzos ambientales son mucho más ambiciosos que los suyos. Con esta paradoja, de hacer el mal pensando en hacer el bien a miles de kilómetros, solo ganan los bandidos. Colombia eligió preservar cerca de la mitad de su territorio, entre 24% en parques nacionales y otro 30% en resguardos indígenas, además de un tercio de su mar, más del doble que la UE en sus aguas, y desarrollar el resto bajo reglas ambientales rigurosas. Si el resto del mundo siguiera esa misma lógica de producción y conservación, este debate no existiría. El problema no es pelear contra un país entero ni pretender sustituir su legislación. Es brindar ayuda real para que Colombia haga cumplir sus propias leyes ambientales, las mismas que la minería ilegal, la agricultura ilegal y los cultivos ilícitos violan a diario, y por las que líderes y comunidades enteras han sido asesinados, desplazados y amenazados. Tremenda tarea para el gobierno entrante, para el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, con papel central en relaciones internacionales y la estrategia fiscal y comercial del país, junto con el próximo Minagricultura y gremios agrícolas. Si Europa quiere ser socio, y no seguir imponiendo condiciones que también perpetúan la pobreza, tendrá que aprender a trabajar distinto a como lo ha hecho por siglos, rindiendo cuentas en su propio territorio igual que le exige a Colombia. El país no necesita que nadie le imponga reglas de cómo cuidar un bosque: necesita ayuda para hacerlo cada vez mejor.