Permisología y participación ciudadana

No es solo la reglamentación del sistema de autorizaciones lo que se interpone en la implementación de los proyectos de inversión. También -como lo muestra un reciente reportaje de "El Mercurio"- la manera en que el proceso de participación ciudadana ha sido "capturado" por diversos grupos, cuya oposición proviene de un activismo ideologizado que abusa del sistema.
Los ejemplos son abundantes: el desarrollo inmobiliario Maretué, ubicado cerca de Maitencillo, en la costa de la Región de Valparaíso, y cuyo master plan fue desarrollado por la prestigiosa oficina de Norman Foster, volvió a ser impugnado por comunidades y ONG, a pesar de haber sido tramitado durante siete años y tener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada. La interconexión eléctrica entre Chile y Argentina en la Región del Maule, que realiza el proyecto Los Cóndores, acumula 15.993 observaciones, mil quinientas de las cuales tienen menos de 6 palabras. La planta de tratamiento de aguas servidas Santa María de Maipú tiene 2.225 observaciones, 607 de las cuales fueron realizadas por una sola persona. El proyecto Puerto Exterior de San Antonio lleva más de 10 mil observaciones, y la fundación "Ojos de mar", opuesta a la iniciativa, publica plantillas de observaciones en su sitio web para que sean copiadas por nuevos observantes . Esta forma de manipular la "participación ciudadana" por parte de grupos organizados no es, lamentablemente, ilegal, pero justamente por ello, y porque se está abusando del sistema para impulsar causas con una alta carga ideológica, usando triquiñuelas como las de los ejemplos anteriores, revela un mal diseño que exige ser corregido.
El sistema de permisos al que se enfrentan los proyectos de inversión tiene tres instancias, todas las cuales dan lugar a procesos de aprobación o revisión previa: la primera corresponde a la obtención de los permisos sectoriales, aquellos que entregan reparticiones o instituciones del Estado como salud, la Dirección de Aguas, minería, energía, obras públicas o patrimonio, entre otras; luego, están los permisos medioambientales, reglados por el Sistema de Evaluación Ambiental, al que los proyectos deben someter sus especificaciones técnicas y las medidas de mitigación que hayan diseñado; finalmente, la tercera instancia corresponde a las observaciones que las comunidades tengan del proyecto en cuestión, en que la ciudadanía puede hacer ver las inquietudes y objeciones que el proyecto les merezca. Uno de los problemas que presenta el actual diseño de participación ciudadana es que los reclamos frente a una RCA ya aprobada no solo pueden ser presentados en los siguientes 30 días de su aprobación por observantes de la etapa de participación ciudadana, sino que, además, cualquier persona puede pedir su invalidación administrativa hasta dos años después. Esto impide tener certeza de cuándo los trámites de un proyecto han finalizado de manera definitiva, porque esas solicitudes se pueden seguir presentando. Eso no solo retrasa los proyectos, sino que, adicionalmente, dificulta su financiamiento, porque los riesgos que esos retrasos implican debilitan el apetito de los inversionistas.
Las intenciones de quienes presentan proyectos de inversión son casi siempre serias, respaldadas por cuantiosos recursos financieros que sus impulsores están dispuestos a arriesgar. Por ello, la posibilidad de que ciudadanos "inunden" de observaciones los proyectos, en algunos casos sin mayor sustento, en otros mediante una frase aislada sin contenido, o en otros, mediante la repetición de una misma idea o ideas similares, aprovechando la concertación de muchas personas o utilizando bots, muestra una asimetría inadecuada en todo el proceso, que desnaturaliza su sentido. Por eso, esta legislación requiere ser corregida con urgencia.