Inclusión digital para la tercera edad

La digitalización de servicios públicos y privados ha traído beneficios indiscutibles para las personas. Permite no solo efectuar pagos, hacer reservas o transferir recursos, sino incluso postular a beneficios sociales sin traslados ni filas, algo especialmente valioso para quienes tienen movilidad reducida o viven lejos de una oficina pública. Precisamente por eso resulta paradójico que muchas personas mayores, que son quienes más podrían aprovechar esta simplificación, sean también las que más dificultades encuentran para hacerlo.
En la sección Cartas al Director, de "El Mercurio", se ha visibilizado reiteradamente esta problemática. Los lectores han expresado su legítima frustración ante situaciones tan cotidianas como la imposición de aplicaciones móviles para pagar estacionamientos o la exclusividad de códigos QR para poder acceder a los menús de un restaurante, exigencias que, pudiendo parecer nimias a ojos de muchos, constituyen una difícil barrera para quienes, en razón de su biografía, no han desarrollado las respectivas habilidades digitales. Ello limita su autonomía, al hacerlos depender de otras personas para realizar esas acciones o tener que resignarse a simplemente quedar excluidos. El temor a esta marginación tecnológica alcanzó niveles de genuina alarma el año pasado, ante la posibilidad de que se eliminaran las tarjetas de coordenadas bancarias, pues las interfaces de bancos y servicios públicos carecen frecuentemente de un diseño universal, imponiendo lenguajes complejos, letras pequeñas y sistemas intrincados de autenticación biométrica. A esta dificultad operativa se suma la vulnerabilidad ante la delincuencia, donde la evidencia es elocuente: un estudio publicado por este diario -Radiografía Digital Senior-Tech 2025- mostró que uno de cada tres adultos mayores ha sido víctima de algún fraude cibernético, situación facilitada por su menor habituación al uso de estas herramientas.
En un país en acelerado proceso de envejecimiento, esta problemática amerita ser abordada. No se trata, evidentemente, de detener la modernización, un proceso irreversible y que trae innegables ventajas al país. La legislación, de hecho, ya establece que la tramitación electrónica será la regla general en el Estado a fines de 2027, aunque contempla excepciones y la obligación de mantener canales de asistencia presencial para evitar exclusiones. Este último punto es relevante, pues, como advierten los especialistas, la digitalización no es un verdadero avance cuando no está diseñada para todos y en cambio termina engendrando exclusión social y pérdida de autonomía. En este sentido, cifras que maneja la fundación Conecta Mayor deben encender una alarma, en tanto revelan que hoy más de un millón de personas mayores no sabe utilizar un teléfono inteligente y menos del 23% realiza trámites por internet.
El desafío para las políticas públicas y el sector privado radica en encontrar un equilibrio. Es imperativo que el desarrollo de servicios digitales incorpore un enfoque gerontológico, diseñando plataformas intuitivas que se adapten a las personas y no a la inversa. Pero, paralelamente, es indispensable también mantener vigente la alternativa analógica en el mediano plazo. Si se considera que uno de cada siete chilenos ya supera los 65 años, modernizar el país debe ir de la mano de integrar y asegurar la autovalencia de sus mayores.