La escala necesaria para el desarrollo territorial

Colombia tiene 1.103 municipios, incluidos sus distritos, y 18 áreas no municipalizadas. Aunque este número refleja la diversidad del país, también abre una pregunta sobre la escala institucional adecuada para cerrar brechas, impulsar desarrollo en todos los territorios y construir proyectos transformadores. La Constitución del 91, con su impulso por la descentralización, acercó el Estado a la ciudadanía, fortaleció la representación local y permitió avances importantes en cobertura y servicios. Pero fue, en buena medida, una descentralización municipal: las competencias, las transferencias y buena parte de la autonomía fiscal se organizaron alrededor del municipio. Ese diseño hoy muestra límites evidentes, y que se reflejan en la alta y persistente desigualdad territorial y ausencia de oportunidades en buena parte del país. El modelo exige que los municipios, muchos pequeños y con baja capacidad fiscal, técnica y administrativa, resuelvan problemas de desarrollo que no son estrictamente municipales o que podrían resolverse mejor a una escala mayor. El agua, la movilidad, la seguridad alimentaria, la biodiversidad o los sistemas productivos funcionan como sistemas regionales y, por tanto, no deberían administrarse siguiendo únicamente límites político-administrativos. En otros casos, como el manejo de residuos sólidos, la provisión puede ser más eficiente entre varios municipios. Sin embargo, muchas de estas agendas se financian como si cada municipio pudiera resolverlas por separado y, aunque se impulsa la asociatividad, sigue primando el control municipal de los recursos. El cambio demográfico hará esta tensión aún más profunda. Según las proyecciones del Dane, en 2026 más de 400 municipios, cerca del 40 % del país, tienen menos de 10.000 habitantes y cerca de 190, menos de 5.000. Además, hacia 2042, más de 500 perderían población. ¿Cómo prestar servicios, formular proyectos y sostener capacidades con menos población y menor base tributaria? El reto ya no es solo de escala, sino de eficiencia y sostenibilidad. Suecia, uno de los países más descentralizados, tuvo esta reflexión hace décadas. En 1952 redujo sus municipios de 2.498 a 1.037; y una segunda reforma, en 1974, los llevó a 278. Hoy tiene 290. El objetivo fue construir unidades locales con mayor capacidad para prestar servicios, sostener equipos técnicos y aprovechar economías de escala. Para Colombia, la solución no necesariamente recae en reducir el número de municipios, en tanto la división política puede ser útil para la democracia, la representación local y la participación. El problema es que la arquitectura administrativa y fiscal también se atomizó en el mismo número de municipios, y quizá estas lógicas deberían separarse. Un municipio puede ser clave para la identidad local, o poblacional, como es el caso de territorios indígenas, pero no necesariamente es la escala adecuada para estructurar un sistema de agua, un corredor productivo o una estrategia de adaptación climática. Ya lo dijo Jorge Iván González desde el DNP: Colombia debe dejar de atomizar la inversión y priorizar proyectos de impacto regional. Por eso, la pregunta para un nuevo gobierno y, ojalá, para la próxima ley de competencias no es solo qué competencias se transfieren, sino en qué escala deben ejercerse. ¿Qué funciones deben resolverse a escala municipal, cuáles requieren escala regional y qué capacidades compartidas necesitamos para ejecutar proyectos transformadores? y cómo las fuentes de recursos se ajustan para responder a esa asignación. Algunas ideas son esquemas asociativos con dientes reales, capacidades técnicas compartidas, portafolios regionales de inversión y una clasificación municipal distinta para la asignación del SGP. La diversidad territorial del país no debe traducirse en fragmentación institucional y de recursos. Necesitamos repensar la escala del desarrollo y separar la escala de representación política de la escala administrativa y de competencias. * Economista sénior de Naciones Unidas en Colombia. Las opiniones expresadas son personales.
El reto es de eficiencia y sostenibilidad
Natalie Gómez-Arteaga*