La Nación, Costa Rica
5 de julio de 2026
Un hallazgo arqueológico suspendió las obras del nuevo PriceSmart en Santo Domingo de Heredia, reactivando la aplicación de la Ley 6703 en Costa Rica.
En el terreno donde se construye un nuevo supermercado PriceSmart en Santo Domingo de Heredia, la localización de un posible objeto arqueológico durante los movimientos de tierra llevó a la suspensión de las obras.
La intervención ocurrió después de que se divulgara un video del hallazgo en redes sociales, lo que motivó la reacción del Museo Nacional de Costa Rica y la activación de los protocolos previstos para estos casos.
El Museo Nacional solicitó formalmente a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) la detención de cualquier movimiento de tierra en el proyecto mientras se aclara la naturaleza del material encontrado.
La gestión se hizo con base en la normativa vigente, que contempla la obligación de detener obras públicas o privadas cuando aparecen indicios de vestigios arqueológicos, y de poner el hallazgo a disposición de las autoridades especializadas.
Como parte del procedimiento, se programó una inspección en sitio por parte de profesionales en arqueología. Esa visita de campo tiene como objetivo documentar el hallazgo, determinar si se trata de una pieza aislada o de un conjunto más amplio y definir si es necesario realizar un rescate arqueológico en el área de construcción.
El dictamen técnico que surja de esa evaluación será clave para decidir si las obras pueden reanudarse bajo ciertas condiciones o si se requieren medidas adicionales de protección.
PriceSmart informó que suspendió la preparación del terreno y que está en comunicación con el Museo Nacional y la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia. En sus comunicados, la empresa ha manifestado que acatará las disposiciones de las autoridades y que su proyecto contempla el cumplimiento de la normativa en materia de patrimonio arqueológico, incluida la supervisión técnica durante los movimientos de tierra.
La compañía también ha señalado que, en la fase de permisos, se realizaron inspecciones que no detectaron previamente material con valor patrimonial, pero que se recomendó mantener vigilancia arqueológica durante la construcción.
La respuesta institucional se apoya en la Ley N.° 6703, "Ley sobre Patrimonio Nacional Arqueológico", promulgada en 1982. Esta norma declara como patrimonio nacional y propiedad del Estado los bienes arqueológicos muebles e inmuebles producto de las culturas indígenas, prohíbe su comercio y exportación y establece que la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio son de interés público.
En consecuencia, cualquier hallazgo en el marco de proyectos de infraestructura debe ser informado y sometido a evaluación antes de que continúen las obras en el sitio.
La ley también crea la Comisión Arqueológica Nacional, adscrita al Museo Nacional, como órgano encargado de supervisar la aplicación de la normativa y de coordinar las acciones relacionadas con el registro, custodia e investigación del patrimonio arqueológico.
Entre sus funciones están revisar los estudios arqueológicos asociados a proyectos de desarrollo, recomendar medidas de protección y asegurar que los materiales encontrados sean debidamente documentados e integrados al sistema de registro nacional.
En el caso de Santo Domingo, la situación pone de relieve la interacción entre los cronogramas de construcción y las obligaciones derivadas de la legislación sobre patrimonio arqueológico. Por un lado, la suspensión implica ajustes en la ejecución del proyecto y en los tiempos previstos por la empresa. Por otro, abre la posibilidad de confirmar si bajo el terreno destinado al supermercado existen evidencias de ocupaciones antiguas que deban ser estudiadas y protegidas conforme a la ley.
Experiencias previas en Costa Rica muestran que los rescates arqueológicos asociados a obras de infraestructura han permitido identificar cementerios precolombinos, antiguos asentamientos y áreas de actividad productiva que no se habían registrado antes.
Aunque cada caso depende de su propio contexto y de los resultados de las investigaciones, la práctica de detener las obras para evaluar hallazgos ha contribuido a ampliar el conocimiento sobre la ocupación histórica de distintas regiones del país y a fortalecer las colecciones y estudios del Museo Nacional.
En este contexto, el procedimiento activado en Santo Domingo de Heredia se ajusta al marco legal y a las prácticas habituales cuando aparecen posibles vestigios arqueológicos en zonas intervenidas por proyectos privados.
La reanudación de las obras dependerá ahora del informe que elaboren los especialistas tras la inspección en el sitio y de las recomendaciones que emitan el Museo Nacional y la Comisión Arqueológica Nacional en función de lo que se determine sobre el hallazgo.
