La paradoja gasífera

Cerro Matoso, la mayor productora de ferroníquel del país, redujo su operación 25% la semana pasada. Entre tantos escándalos diarios, no nos hemos detenido a entender las nefastas consecuencias del anuncio y lo que significa. Canacol Energy restringió el suministro contratado de gas a 7.000 Mbtu, un recorte de 55% frente al volumen pactado, vigente desde el primero de julio. Si la restricción sigue, la compañía deberá parar una de sus dos líneas, con la producción a la mitad, poniendo en riesgo empleos directos, contratos locales y cerca de $3.000 millones diarios en regalías e impuestos que sostienen buena parte de la economía de Córdoba. El origen es contractual. Cerro Matoso tiene un acuerdo vigente hasta 2029, pero Canacol pidió en mayo ante una corte de Canadá terminarlo anticipadamente, alegando condiciones que ya no le resultan viables. Cerro Matoso sostiene que negoció de buena fe y que las propuestas de Canacol implican incrementos tarifarios desproporcionados sin garantía firme sobre volúmenes futuros. La Supersociedades deberá decidir si la sentencia canadiense aplica en Colombia, examen que no puede desligarse de la soberanía nacional ni de la seguridad energética. La controversia seguirá. Pero Montelíbano es apenas el síntoma más visible de un lío que veníamos advirtiendo: Colombia se queda sin gas mientras lo tiene. Las reservas probadas en tierra suman apenas 1,71 terapiés cúbicos, una relación reservas/producción de menos de seis años, la más baja en décadas. El país hizo en el Caribe uno de los hallazgos más importantes desde los 90’s: el proyecto Sirius, antes Uchuva, con un potencial cercano a seis terapiés cúbicos, suficiente para triplicar las reservas probadas. Sumados bloques como Gorgón y Glaucus, el potencial supera por cuatro veces el del subsuelo continental. El gas existe y está en aguas territoriales colombianas. Lo que falta no es geología, es decisión política. Cerro Matoso no es un caso aislado. Promigas ha advertido que sustituir el gas por alternativas más costosas podría representarle al país un impacto equivalente al de 20 reformas tributarias. Este diario ha insistido en que el freno a la exploración de hidrocarburos y minería, promovido y respaldado por el gobierno Petro, bajo la premisa de que el país podía sostener su transición energética sin nuevos proyectos, es la raíz de la escasez actual. Esa decisión política, no un accidente geológico, explica por qué los hogares pagan hoy un gas más caro y por qué industrias enteras erosionan sus márgenes sin poder trasladar el costo al consumidor. Cerro Matoso, al reducir su producción, no sólo pone en riesgo empleo en Córdoba: envía una señal de alarma sobre la competitividad industrial del país. La producción comercial de Sirius no llegará antes de 2028, tras años de trámites judiciales y consultas previas pendientes. Mientras tanto, industrias como Cerro Matoso, generadoras de miles de empleos formales y regalías cuantiosas para regiones que dependen de ellas, quedan expuestas a la voluntad de un solo proveedor, sin que el Estado tenga un plan de contingencia ni la infraestructura de importación suficiente para amortiguar el golpe. Colombia no puede seguir tratando la seguridad energética como asunto de mediano plazo cuando la crisis ya llegó. El nuevo gobierno debe acelerar los trámites que frenan el desarrollo del Caribe gasífero, sin sacrificar la consulta previa que protege a las comunidades, y fortalecer la regasificación para que ningún distrito industrial dependa de una sola negociación privada. Tener reservas en el papel no es lo mismo que tener gas en el gasoducto. Esa distinción, hoy, le cuesta empleo y competitividad a Córdoba y al país entero.