El crimen golpea duro la economía de las regiones

Plantea que se debe evitar una estrategia basada en la negociación o solo en la fuerza y que debe combinarse inteligencia, coordinación institucional, fortalecimiento de la justicia, recuperación territorial y desarrollo como ejes de una política pública con resultados sostenibles. Recomienda concentrar esfuerzos estatales en territorios estratégicos donde convergen altos niveles

de violencia y economías ilegales, entre ellos Catatumbo, el Pacífico sur, Urabá-Darién, el Bajo Cauca, las principales ciudades y el sistema penitenciario. Focalizar recursos permitiría recuperar la capacidad institucional donde el crimen organizado ejerce mayor influencia. Para Fedesarrollo, la lucha contra

el crimen organizado ya no puede limitarse a una política de seguridad y por eso la recuperación del crecimiento y desarrollo regional dependerá, en buena medida, de la capacidad del Estado para reducir las rentas ilegales, recuperar la gobernabilidad y restablecer condiciones para la inversión.
El crimen organizado dejó de ser un desafío exclusivamente asociado al orden público y se convirtió en uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico del país, según advierte un reciente informe elaborado por Fedesarrollo, que propone al próximo gobierno replantear la estrategia para enfrentar estas estructuras ilegales y abordarlas como un fenómeno que afecta la inversión, la productividad, la gobernabilidad y el crecimiento regional. El centro de estudios sostiene que la expansión de las economías ilícitas y de las organizaciones criminales ha trascendido el ámbito de la seguridad para incidir directamente sobre el funcionamiento de la economía. En ese contexto, advierte que limitar la respuesta del Estado resulta insuficiente frente a un problema que hoy condiciona el desarrollo de amplias zonas del territorio nacional. Según el documento, las actividades criminales generan efectos que van mucho más allá de la violencia. También incrementan los costos para las empresas, afectan las cadenas productivas, desincentivan la inversión privada, deterioran la provisión de bienes públicos y reducen la capacidad institucional del Estado para impulsar el desarrollo en las regiones donde estas organizaciones consolidan su presencia. En ese sentido, Fedesarrollo plantea que el próximo gobierno debe incorporar una visión integral que combine acciones de seguridad con políticas orientadas a recuperar la capacidad institucional, fortalecer la presencia estatal y reducir los incentivos económicos que alimentan las actividades ilícitas; teniendo claro que la respuesta debe centrarse en recuperar la gobernabilidad de los territorios y no únicamente en contener la violencia. Uno de los conceptos centrales es "gobernanza criminal", expresión con la que Fedesarrollo explica cómo organizaciones ilegales han logrado asumir funciones que corresponden al Estado, imponiendo reglas de comportamiento, resolviendo conflictos, regulando actividades económicas e incluso definiendo quién puede desarrollar determinadas actividades productivas en algunos territorios. Así mismo, advierten que este fenómeno termina alterando el funcionamiento de la economía local. La extorsión incrementa los costos para comerciantes y empresarios, la inseguridad limita nuevas inversiones y la captura de rentas ilegales reduce la competitividad de sectores productivos que operan dentro de la legalidad. Como resultado, las regiones más afectadas encuentran dificultades para atraer proyectos de desarrollo y partiendo de ello, Fedesarrollo sostiene que esta dinámica también deteriora la confianza institucional y limita la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas. En aquellas zonas donde las organizaciones criminales ejercen control territorial, las decisiones económicas y sociales terminan condicionadas por estructuras ilegales, debilitando el funcionamiento de las instituciones y afectando el desarrollo del mercado formal. Bajo esa perspectiva, el centro de estudios considera que el combate debe evaluarse por su capacidad para recuperar la presencia efectiva del Estado y disminuir el control que ejercen sobre las comunidades. En palabras del documento, el éxito de la política pública no debería medirse únicamente por ‘capturas’, ‘incautaciones’ o ‘erradicación’, sino por la reducción de la violencia, la extorsión, el reclutamiento y el dominio territorial de las estructuras criminales. El informe también llama la atención sobre el crecimiento de las actividades ilícitas que financian a estas organizaciones. Según Fedesarrollo, Colombia registra 261.000 hectáreas sembradas con coca, la más alta de la que se tenga registro y un potencial de producción de 3.001 toneladas de cocaína. Estas actividades representarían recursos equivalentes al 4,4% del PIB. A ello se suma el crecimiento de la minería ilegal, que, de acuerdo con el estudio, ya representa alrededor del 1% del PIB, punto en el que sostienen que esta actividad dejó de ser un fenómeno secundario y se consolidó como una de las principales fuentes de financiación para grupos armados y organizaciones criminales, especialmente en regiones donde convergen economías extractivas y baja presencia institucional. Este equipo señala que enfrentar rentas ilegales exige estrategias diferenciadas. Mientras el narcotráfico demanda intervenciones enfocadas en las cadenas de producción y comercialización de drogas, la minería ilegal requiere fortalecer la trazabilidad, controlar las comercializadoras y combatir el lavado de activos asociado a la extracción ilícita de minerales. Con base en ese diagnóstico, Fedesarrollo plantea que el Estado debe abandonar una visión homogénea del crimen organizado y diseñar respuestas a cada mercado ilegal. El informe considera que cada economía criminal tiene dinámicas distintas, por lo que una estrategia uniforme reduce la efectividad de las intervenciones públicas. Partiendo de todo lo anterior, el estudio evalúa las políticas implementadas durante los últimos años y concluye que los ceses al fuego coincidieron con aumento de fenómenos como la extorsión, las amenazas, los desplazamientos, los confinamientos y el reclutamiento de menores, mientras varias organizaciones ilegales ampliaron su control territorial aprovechando la menor presión militar.