Martes, 21 de Julio de 2026

Sin reactivar la economía interna no habrá solución al problema fiscal

Costa RicaLa Nación, Costa Rica 20 de julio de 2026

Editorial: La estabilidad fiscal que Costa Rica construyó en los últimos años está chocando de frente con una economía local débil y una recaudación en caída.

La estabilidad fiscal que Costa Rica construyó en los últimos años está chocando de frente con una economía local débil y una recaudación en caída. El debate no puede quedarse en si se mantiene o no la exoneración de la canasta básica, sino en cómo hacer que el país vuelva a producir y a generar empleo formal más allá de las zonas francas.

La administración Carlos Alvarado hizo lo indispensable para evitar una crisis abierta de deuda y recuperar credibilidad. La de Rodrigo Chaves dejó pendiente la tarea de fondo: usar esa ventana de estabilidad para reanimar el motor interno. Se aplicó disciplina fiscal, pero no se construyó una estrategia vigorosa para que comercio, agricultura, construcción y servicios ligados al mercado local salieran del letargo en que siguen hoy. El resultado es un país que crece, sí, pero apoyado desproporcionadamente en el régimen especial y con una economía doméstica que no despega en empleo, inversión ni productividad.

La producción general del país creció un 3,5% hasta mayo, pero el régimen definitivo, que concentra la mayor parte del empleo y la recaudación, apenas avanzó un 2,9%. Sectores estrechamente vinculados al mercado interno como el comercio crecieron menos de un 3%, mientras la manufactura y la agricultura se quedaron en un 2% o menos, pese a que esta última apenas empieza a salir de un largo estancamiento. En paralelo, el país tiene hoy unas 22.000 personas ocupadas menos que hace un año y todavía no recupera el nivel de empleo previo a la pandemia, con una pérdida permanente de plazas en la informalidad.

Al mismo tiempo, el frente externo empieza a perder impulso. El régimen de zonas francas pasó de crecer a tasas interanuales superiores al 17% en 2025 a apenas un 3,8% en mayo de 2026, su menor nivel desde la pandemia y apenas un punto por encima del resto de la economía. Las exportaciones de bienes se moderan, con caída hacia el mercado norteamericano, y las de servicios resentirán el cierre de plantas de manufactura avanzada, mientras la inversión extranjera directa luce menos impresionante si se descuenta el efecto puntual de grandes ventas empresariales.

En este contexto, la revisión de exoneraciones —incluida la canasta básica— es inevitable, pero no puede presentarse como la solución mágica. Aun si se eliminan beneficios ineficientes, la carga tributaria seguirá bajo presión mientras la actividad interna se mantenga débil y la informalidad contenga la base de contribuyentes. El verdadero giro de timón consiste en combinar una reforma cuidadosa de exoneraciones con una agenda agresiva de reactivación productiva, para que la estabilidad no dependa solo de más impuestos sobre una economía estancada.

¿Qué hacer, entonces, con la economía local? Primero, atacar de frente los cuellos de botella de inversión y crédito: simplificación regulatoria real para pymes, esquemas de garantías parciales que abran el financiamiento productivo y uso estratégico de la banca de desarrollo para proyectos con alto potencial de empleo formal. Segundo, lanzar programas sectoriales concretos —agroindustria, turismo fuera del Gran Área Metropolitana, servicios empresariales regionales— que combinen capacitación técnica, apoyo a encadenamientos y uso del poder de compra del Estado a favor de proveedores locales.

Tercero, alinear la política tributaria con la productiva: reducir tratamientos dispersos que premian el lobby más que la inversión, y crear incentivos temporales y medibles para empresas que formalicen trabajadores, inviertan en tecnología y abran mercado externo. La discusión sobre el IVA a la canasta básica debe inscribirse ahí: menos exoneraciones generales difíciles de sostener, más instrumentos focalizados que apoyen a hogares vulnerables sin seguir desangrando la recaudación que financia educación, seguridad y salud.

La administración de Laura Fernández tiene la oportunidad de corregir el sesgo de la anterior: pasar de una estabilidad basada en apretar el cinturón a una estabilidad sostenida por una economía interna viva. Costa Rica ya no puede conformarse con crecer en promedio mientras su mercado doméstico se rezaga; sin una ofensiva seria para reactivar la producción local, cualquier reforma de exoneraciones será apenas un parche más en un modelo que ya mostró sus límites.

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