Por qué la formalización del caso Sartor será un debut especial de la nueva Ley de Delitos Económicos

La cúpula de una de las administradoras de fondos más controvertidas de Sanhattan está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Once ejecutivos ligados a Sartor AGF serán formalizados por presuntos delitos económicos cometidos entre 2020 y la fecha, en el estreno de la Ley de Delitos Económicos en un escándalo financiero de gran escala, con consecuencias que podrían ser peores que clases de ética o reclusión domiciliaria.
La cita está fijada para el 30 de julio en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Tras más de un año y medio de pesquisas, el Ministerio Público pasó a la acción imputando delitos de estafa, administración desleal, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado. La ofensiva penal es el correlato judicial de la resolución dictada a fines de 2024 por la CMF, que revocó a la gestora tras encontrar un "modelo de negocios" basado en desviar recursos desde fondos públicos hacia sociedades vinculadas a los controladores.
Y la cronología es crítica: el 17 de agosto de 2023 entró en vigencia la Ley 21.595, la nueva Ley de Delitos Económicos. Así, mientras el Ministerio Público buscaría enmarcar los hechos bajo el nuevo estatuto, las defensas argumentarán que los movimientos fueron previos.
Prisión efectiva
"La diferencia práctica es importante: con esta ley, la cárcel efectiva para delitos de cuello y corbata deja de ser una posibilidad meramente teórica", señala José Ignacio Camus, socio de la firma de compliance AdmiralOne. "La ley fue diseñada precisamente para reducir la sensación de que los grandes delitos económicos terminaban en una multa, firma mensual o cursos de ética", agrega.
Camus explica que la ley no garantiza cárcel, pero sí modifica atenuantes que antes permitían una penalización simbólica: "la irreprochable conducta anterior ya no opera como la atenuante habitual", y "ser director, gerente general o encontrarse en una posición superior dentro de la empresa puede transformarse en una agravante muy calificada".
Un abogado penalista, que prefirió reserva de su identidad por haber sido parte del caso, coincide: "Tienes agravantes para directores y cargos gerenciales, lo cual es algo bien específico para delitos económicos y de lógicas empresariales, lo cual antes no existía". Y advierte que "si con agravantes sumas más cuantía, entonces la prisión preventiva se vuelve mucho más difícil de evitar".
Esto sería clave por el artículo 470 N° 11: el administrador de una sociedad anónima abierta que cause perjuicio al patrimonio social "será sancionado con las penas del artículo 467 aumentadas en un grado", penas que suben si el perjuicio "excede de cuarenta mil UTM".
"Como el caso Sartor involucra montos superiores a las 40.000 UTM (cerca de $2.900 millones), hay que aumentar un grado esas penas. Así, los delitos a considerar empezarían ya desde el presidio mayor en su grado mínimo, es decir, cinco años y un día, lo cual normalmente significa cumplir la pena de forma efectiva", afirma el abogado.
Un caso de estudio
La formalización habla de delitos cometidos entre 2020 y fechas más recientes. La instancia judicial "va a ser un verdadero laboratorio para la nueva ley de delitos económicos", agrega el mismo abogado, porque "no puede ser solo la ley antigua, que es más beneficiosa para los imputados, y tampoco solo la ley nueva, porque sería injustamente más perjudicial".
La defensa podría argumentar que el "modelo de negocios" sancionado por la CMF comenzó antes de agosto de 2023, acogiéndose al "delito continuado". "Es bien poco probable que algo así resulte", asegura otro abogado consultado. "Lo más probable es que la fiscalía enumere hechos delictivos previos a agosto de 2023 y los trate según la norma antigua, y luego utilice la normativa de la nueva ley para actos cometidos después de agosto de 2023", sostiene.
La sanción de la CMF, un antecedente
La formalización cuenta con el antecedente de una sanción cuantiosa de la CMF. Grupo Sartor ha buscado revertirla, atribuyendo al regulador los perjuicios sufridos por los aportantes al tener que liquidar los fondos. El reclamo naufragó en la Corte de Apelaciones, pero escaló a la Corte Suprema, que está por fallar: es la última bala de Sartor para culpar al regulador.
"Este caso puede convertirse en la primera gran prueba pública de si la Ley de Delitos Económicos efectivamente cambia la forma en que Chile sanciona los delitos de cuello y corbata", señala Camus. "La pregunta ya no es solamente si habrá multas o inhabilidades, porque esas ya fueron aplicadas administrativamente. Es si la fiscalía logrará acreditar responsabilidades personales que puedan terminar en penas privativas de libertad efectivas".