El impacto de las desconocidas normas incluidas en el proyecto de Reconstrucción

En el texto del proyecto de ley de Reconstrucción -cuyo despacho en el Senado está pendiente (ver información en C 4)- se incluyeron normas que dan nuevas facultades en materia de cobranzas al fisco y se avanza en otros cambios regulatorios y de intercambio de información. También figura una disposición que acelera el pago a las pymes.
1 Reprogramación.
Se establecen convenios de pago con la Tesorería General de la República (TGR) para los créditos destinados al financiamiento de estudios de educación superior otorgados al amparo de la Ley N° 20.027. En ese plano, se agrega la posibilidad de que los deudores del sistema de Crédito con Aval del Estado (CAE), que se encuentren en mora, y cuya garantía estatal no se haya hecho efectiva, puedan reprogramar por una única vez sus créditos.
En el texto legislativo se precisa que la TGR podrá otorgar convenios especiales de pago, los que se iniciarán una vez que el deudor pague un pie inicial, y determinará los tipos de convenios, sus características, plazos, montos mínimos de pie y número de cuotas, con un máximo de 48 cuotas mensuales y sucesivas, considerando criterios objetivos tales como el monto total adeudado, el nivel de ingresos del deudor y demás variables que estime pertinentes, con el objeto de premiar el cumplimiento oportuno de las obligaciones emanadas del convenio.
2 Facilidades de pago.
También en la iniciativa de "ley miscelánea" se faculta a la Tesorería, por el plazo de ciento ochenta días contados desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, para dar facilidades de pago de todos los impuestos y obligaciones cuya fecha de vencimiento sea hasta el 31 de diciembre del año 2025.
En caso de pago al contado, la Tesorería podrá condonar hasta el 100% de los intereses y hasta el 80% de las multas. Precisa la norma que, en caso de convenio de pago, podrá condonar hasta el 95% de los intereses y hasta el 75% de las multas, debiendo el contribuyente pagar un pie de al menos el 10% del capital de la deuda original, sin considerar intereses ni multas, para dar curso al convenio.
3 Relocalizaciones.
El proyecto incluye medidas para flexibilizar la relocalización de concesiones acuícolas.
Se establece un mecanismo especial para las relocalizaciones cuyo único fin sea ajustar las coordenadas geográficas de los títulos a la posición real de la concesión, evitando inspecciones de terreno y el trámite completo en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
En el caso de que una relocalización de una concesión tenga solo por objeto una microrrelocalización, no ingresará al SEIA ni requerirá cumplir los requisitos establecidos en la normativa que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, siempre y cuando su movimiento no implique el ingreso a un área protegida. Se entenderá por microrrelocalización un desplazamiento en las cercanías del área de concesión con el objeto de mejorar sus condiciones ambientales, considerando variables que inciden sobre la dispersión de la materia orgánica sobre el fondo marino.
4 Focalización programas.
Con el fin de analizar la focalización de los programas sociales y evaluar la eficiencia y correcta asignación del gasto público y proponer medidas de optimización presupuestaria, se incluyó una norma en la que el Ministerio de Desarrollo Social, así como los órganos que administren Instrumentos de Caracterización Socioeconómica, deberán proporcionar a la Dirección de Presupuestos, a requerimiento fundado de esta, la información sujeta a reserva o secreto contenida en dicho registro.
Asimismo, el Servicio de Impuestos Internos deberá proporcionar a la Dirección de Presupuestos la información tributaria que resulte estrictamente necesaria para validar los niveles de ingreso declarados por los beneficiarios de programas sociales, con el fin de evitar errores en la asignación presupuestaria y resguardar la correcta asignación de los recursos.
5 Pago a pymes.
Entre las indicaciones de última hora que se incorporaron en el texto del proyecto de Reconstrucción se cuenta una que acelera los pagos de deudas a pequeñas y medianas empresas (pymes).
La semana pasada el Senado aprobó la propuesta que busca endurecer las normas para el pago oportuno a las pymes en 30 días, dentro de la Ley 19.983 sobre facturas. La Cámara de Diputados ratificó esa enmienda y el Gobierno está evaluando presentar un veto para suprimirla.
"Esta norma es un puñal para las pymes. Creo que no se midió la magnitud del dañino y grave impacto que tendrá obligar al deudor a aceptar la cesión de la factura en dos días hábiles, algo que hoy no existe y no se necesita", criticó Patricio Cortés, CEO de Btrust. El ejecutivo explica que hoy "la cesión opera sola, vía registro del SII. Inventar la aceptación es permitir el rechazo, un veto del gran comprador al financiamiento de sus proveedores. Un retroceso de veinte años que se pagará con más tasa y menos acceso".