Ministra de Medio Ambiente y reforma que permite indemnizar proyectos revocados: "Esperamos que no se aplique"

Un ritmo acelerado ha venido imprimiendo la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, tanto en la revisión como en la aprobación de proyectos de inversión por parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, el sistema ha visto ingresar una cifra récord de iniciativas en esta administración, que ya supera los US$ 37.000 millones.
En medio de la ola de proyectos, donde los mayores montos se los adjudica la minería, el imperativo del Gobierno, a través de distintos cuerpos legales y gestión (reconstrucción, reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, y nuevos liderazgos a nivel de la autoridad ambiental en el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA), consiste en ir cerrando las fisuras que permiten eternizar las reclamaciones, paralizando iniciativas de inversión por muchos años. El Ejecutivo está empecinado en elevar el marco de certeza jurídica para inversionistas, como componente esencial del crecimiento económico.
En este cometido, la ministra está convencida de que la indemnización por gastos incurridos por titulares de aquellos proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea revocada posteriormente en sede judicial operará como un seguro. Esta disposición, contenida en la Ley de Reconstrucción, será objeto de una revisión en el TC.
-Si la indemnización a titulares de proyectos aprobados administrativamente y luego revocados en sede judicial pasa las vallas de control constitucional, ¿cuáles son los resultados que espera de esa norma?
"Salvo el tema de la compensación a los municipios (vinculado a la menor recaudación por exención de contribuciones para adultos mayores), el resto del proyecto de ley de Reconstrucción ya está aprobado. Lo interesante es que casi todos los artículos con amplia mayoría, particularmente aquellos que mejoran procedimientos vinculados a inversión".
"Existe la posibilidad de que el titular solicite una indemnización mediante un procedimiento reglado, y lo que está detrás es una señal de respaldo, porque hay un pronunciamiento de la administración de que ese RCA favorable cumplió con todos los estándares ambientales. Si ese permiso es finalmente anulado por tribunales, el objetivo detrás es dar un respaldo a un pronunciamiento formal del Estado. Tal como lo mencionó en diversas oportunidades el ministro Quiroz, esto es finalmente una especie de seguro".
-¿No ve ninguna externalidad negativa? Una de las críticas es que puede hacer que los procedimientos de la administración que aprueba el proyecto sean muchísimo más quisquillosos y lentos.
"En lo absoluto, esto no va a implicar una modificación del estándar de funcionamiento, por el alto estándar técnico que actualmente poseen los distintos organismos públicos, no solo el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), también los distintos servicios públicos que participan en el procedimiento de evaluación ambiental".
"Insisto, esto es una señal de respaldo del Ejecutivo de un pronunciamiento entregado por la administración. Sin perjuicio de lo innovador que ha sido esto, el Estado ya en otros ámbitos, por ejemplo, el caso de concesiones de obras públicas, ha incorporado en los contratos un concepto que se llama el ingreso mínimo garantizado".
"Cuando no se cumplen ciertos indicadores, que se definen en base a la naturaleza de cada proyecto, el Estado concurre. Esa es una forma aceptada en que se comparte en cierta medida el riesgo, va en una línea similar; por eso es que esto no es tan distinto a algo que ya se realiza".
La ministra agrega que el proyecto de Reconstrucción no "es un producto único, aislado. Todos los artículos tienen un propósito en la forma en que van interactuando entre ellos, porque también se están tomando medidas a nivel de gestión interna del Estado (ver recuadro). Particularmente el SEA, liderado por su director ejecutivo (Arturo Farías Alcaíno), está implementando ajustes de procedimientos internos para agilizar el pronunciamiento".
-También se ha señalado el riesgo del costo fiscal que podría implicar una ola de indemnizaciones. ¿Cómo se evita el surgimiento de una industria indemnizatoria?
"Insisto, en Concesiones también existe el ingreso mínimo garantizado, o sea, esto no es algo tan extraño, pero, obviamente, esperamos que no se aplique, porque estamos haciendo otros ajustes, tomando otras medidas para reforzar el sistema en su totalidad".
"Los ajustes están puestos tanto en el proyecto de ley de Reconstrucción, como también a través de la reforma del SEIA, que figura en el segundo trámite, iniciando la discusión en particular de las indicaciones, que buscan fortalecer la evaluación ambiental".
"Esperamos durante el segundo semestre ingresar un proyecto de ley que nos permita ir fortaleciendo los tribunales ambientales, corregir ciertos aspectos que han afectado o han demorado quizás su implementación, que han entrabado el desempeño de los tribunales, asociados particularmente, por ejemplo, al tema de los nombramientos, que ha costado muchísimo".
"Respecto a lo que tú estás consultando (la posibilidad de que se genere una industria indemnizatoria), eso, obviamente, es algo ya que escapa (...) El objetivo del artículo es, insisto, dar ese seguro (...) e, insisto, esperamos que se aplique las menos veces posibles".
Reforma al SEIA
Sobre la reforma al SEIA, la ministra recuerda que viene del gobierno anterior, lo que, indica, "permitió lograr consensos muy relevantes. Hay que recordar que se ha intentado tres veces hacer reformas y que han fracasado por distintos motivos. El país lleva diez años discutiendo a través de distintos proyectos de ley reformas al SEIA. Eso no solo ha alargado la discusión, también ha permitido que se asienten ciertos temas, que haya acuerdo sobre lo que hay que corregir. Por ejemplo, corregir y resolver la situación de la invalidación impropia, poder fortalecer el ICE (Informe de Consolidación de Evaluación). A su vez, a través de un articulado que sacamos y trajimos desde el proyecto ley de la reforma al SEIA al proyecto de reconstrucción, introdujimos un capítulo que permite que las innovaciones, es decir, las mejoras tecnológicas de proyectos que ya tienen RCA favorable, si no implican nuevos impactos, puedan ser implementadas sin ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental de nuevo. Entendemos que si esas mejoras implican, por ejemplo, menores emisiones, obviamente es del mayor interés del Estado, y que simplemente se deben hacer con la mayor agilidad posible, sin tener que, por ejemplo, ingresar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA)".
"Otro tema importante es que estamos perfeccionando el sistema recursivo de reclamación. Se fortalece el mecanismo especial, cerrando la posibilidad que se había aceptado por los tribunales de poder solicitar la invalidación de la RCA mediante la Ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos del Estado. Eso permitía solicitar la invalidación hasta dos años después de otorgada la RCA, abriendo un espacio de incerteza jurídica relevante".
"La reclamación es un procedimiento que está en la Ley 19.300 de bases del medioambiente. Sin embargo, en paralelo coexistía con esta teoría de la invalidación impropia. El problema es que ese plazo para presentar ese recurso puede ocurrir hasta dos años después".
-¿Y cómo se cierra ese tema?
"Ahora no será posible utilizar esa ley para solicitar la invalidación de una RCA. Sin embargo, como surgieron muchas voces que señalaban que si se cerraba, podría volver a activarse el camino de los recursos de protección, ampliamos este recurso de reclamación, en el contexto de la Ley 19.300, permitiendo que terceros puedan presentar un recurso, pero acotado a un plazo de 30 días, y a temas que no hayan sido discutidos en el proceso de evaluación ambiental. Lo anterior, en la medida en que se vean directamente afectados. Así, si hay algún tema que no se discutió o no estuvo en conocimiento en el proceso de evaluación o de participación ciudadana, se puede revisar".
"Son varios los mecanismos, y su interacción lo que busca es hacer no solo más ágil la evaluación ambiental, sino que también ir cerrando los espacios de incerteza jurídica. Esto no solamente va en beneficio de los titulares, sino que de las comunidades. Aquí todos tienen expectativas".
-¿Para ponerlo en simple, la teleserie Dominga, que suma más de 11 años, en cuánto tiempo hubiera obtenido una resolución final con estos cambios?
"Yo no me voy a pronunciar sobre ningún proyecto en específico que en este momento está en una situación judicial abierta. En este momento, estamos trabajando para que con todas estas medidas, el proyecto de reconstrucción, que ya esperamos que sea prontamente ley; el proyecto de la reforma del SEIA, más los ajustes administrativos internos, se llegue a reducir en al menos un 30% los plazos de evaluación ambiental".
-¿Y desde cuándo debiera estar operando este nuevo marco, incluida la reforma al SEIA?
"Estamos trabajando para, en estos cuatro años, reducir al menos un 30% los plazos de evaluación. La reforma al SEA esperamos, con apoyo de la comisión, poder aprobarla este año".
-¿En 2027 ya debería estar operando?
"Esperamos que sí".
''Esperamos ingresar un proyecto de ley que nos permita ir fortaleciendo los tribunales ambientales, corregir ciertos aspectos que han afectado o han demorado quizás su implementación, que han entrabado el desempeño de los tribunales".
''Estamos trabajando para, en estos cuatro años, reducir al menos un 30% los plazos de evaluación. La reforma al SEA esperamos, con apoyo de la comisión, poder aprobarla este año".