La silenciosa negociación del convenio de Naciones Unidas que vincula impuestos a tratados de DD.HH.

Mientras en Chile se está cerrando en el Congreso el debate del proyecto de Reconstrucción que contempla rebajas de impuestos, la Organización de Naciones Unidas (ONU) está negociando un Convenio Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional, que busca vincular las políticas fiscales con los tratados de derechos humanos. El objetivo del texto es que los impuestos se entiendan como herramientas necesarias para garantizar derechos como la salud, la educación y la protección social. Durante el gobierno anterior, Chile estuvo entre los países que respaldaban la necesidad de fortalecer el vínculo entre los impuestos, la redistribución y el cumplimiento de los derechos humanos en el nuevo convenio de la ONU. El actual Ejecutivo está a la espera del texto definitivo del convenio, que se conocerá el próximo año, para tomar una definición al respecto.
Las alertas
Desde el Colegio de Contadores salieron a advertir sobre los riesgos que podría tener el convenio de la ONU en la legislación interna. "Para una economía abierta como la chilena, cualquier compromiso internacional en materia tributaria debe equilibrar cooperación, soberanía fiscal, certeza jurídica y competitividad. La creación de nuevas reglas globales, si no se coordina adecuadamente con los estándares ya desarrollados por la OCDE, puede generar doble gobernanza, mayor complejidad normativa, más litigios y riesgos de doble tributación", alertó el presidente de su comisión tributaria, Juan Alberto Pizarro.
A juicio de Pizarro, también resulta indispensable resguardar la potestad democrática de los Estados para definir su política tributaria. "La cooperación internacional no debe convertirse, directa o indirectamente, en una limitación a las decisiones soberanas del legislador nacional. A su vez, más que ligar los impuestos a derechos humanos, es respetar el derecho humano de los contribuyentes respaldado por el Pacto de San José de Costa Rica".
Concluye que "Chile debe participar en este proceso con prudencia, defendiendo su interés nacional y evitando compromisos cuyos efectos puedan limitar su desarrollo futuro".
Darío Romero, socio de impuestos internacionales y transacciones de EY, estima que salvo que se logre un alineamiento con la OCDE y Estados Unidos, parece improbable que el convenio sea una medida de gran impacto para contribuyentes chilenos.
"El problema es que EE.UU. se retiró de las negociaciones de la convención de la ONU, y asimismo, no se ha plegado a Pilar 1 (de la OCDE), que se encuentra estancado y probablemente nunca vea la luz. Sus objeciones en ambos casos son parecidas: afecta desproporcionadamente a compañías estadounidenses (Meta, Google, y un largo etc.) y debilita la soberanía nacional", dice.
El experto recuerda que los críticos del acuerdo han señalado que "iniciativas de esta naturaleza quitan flexibilidad a los Estados para establecer políticas tributarias ajustadas a sus necesidades de desarrollo. Esto es algo que se ha observado también en casos del impuesto mínimo global de 15% (llamado Pilar 2 de la OCDE) que han impuesto numerosos países".
Rodrigo Benítez, socio de SW Chile, tiene una mirada distinta: "La suscripción de este Convenio no implica la obligación de cambiar la legislación interna ni los convenios tributarios ya firmados, pero es un importante paso para establecer los criterios de la política legislativa que se deben seguir a futuro, tanto en los proyectos de ley como en la negociación de nuevos tratados".
En compás de espera
Desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), que es la repartición del Ejecutivo que ha participado en las negociaciones junto al Servicio de Impuestos Internos (SII), explican que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación se encuentra actualmente en proceso de tratativas.
Detallan que el Comité Intergubernamental de Negociación, integrado por los Estados miembros de las Naciones Unidas, viene desarrollando sus trabajos desde 2025 con miras a presentar los textos finales a la Asamblea General durante 2027. Añaden que el proceso contempla, asimismo, la participación de organismos internacionales, la sociedad civil y otros actores relevantes, de conformidad con las modalidades acordadas por el Comité.
"Chile ha participado desde el inicio del proceso, tanto en las negociaciones como en las discusiones técnicas. Por el momento, no existe un texto definitivo ni un instrumento acordado que deba ser suscrito o ratificado, por lo que cualquier decisión al respecto deberá adoptarse una vez concluida la negociación multilateral", concluye la Subrei.
PlazoSe espera que hacia el término del próximo año esté listo el documento final.