Sala cuna universal: una reforma urgente

En el trimestre marzo-mayo de 2026, la desocupación femenina llegó a 10,5%. Además, la participación laboral de las mujeres alcanzó solo un 53,6%, mientras la masculina fue de 71,6%. Estos datos reflejan barreras persistentes para que las mujeres puedan ingresar, permanecer y progresar en el mundo laboral.
El artículo 203 del Código del Trabajo obliga a proveer sala cuna solo a empresas con veinte o más trabajadoras. Ese umbral excluye a miles de familias, pero a su vez, hace del cuidado un costo para la empresa asociado exclusivamente a la contratación femenina. En Chile hablamos de igualdad de oportunidades, pero mantenemos una norma que genera un desincentivo para la contratación de mujeres.
El respaldo ciudadano al proyecto de sala cuna universal es claro. Según la encuesta Agenda Criteria de junio, un 74% manifestó su apoyo, con el mismo nivel de respaldo entre hombres y mujeres. Existe, por tanto, un apoyo transversal a la necesidad de avanzar. El desafío es acordar un financiamiento responsable y sostenible, sin permitir que esa discusión vuelva a postergar una reforma necesaria para el país.
La sala cuna universal no es una concesión para las madres. Es una política de empleo, corresponsabilidad y desarrollo. Su aprobación permitiría que el acceso al cuidado infantil deje de depender del género de quien trabaja, del tamaño de la empresa o de su modalidad contractual. Cuidar es una responsabilidad de las familias, las empresas, el Estado y la sociedad.
La baja natalidad en Chile también exige mirar con urgencia las condiciones en que las personas deciden formar una familia. En 2025, la tasa global de fecundidad cayó a 0,99 hijos por mujer, el nivel más bajo registrado en el país. No podemos preocuparnos por esta realidad sin reconocer que nuestro sistema laboral y social no está diseñado para ser madre o padre cuando el cuidado no está cubierto.
Destrabar este proyecto es imperativo para reducir las brechas de género en el mundo laboral. Muchas mujeres enfrentan mayores dificultades para desarrollarse después de la maternidad. No se trata de falta de talento o ambición, sino de barreras estructurales que limitan su autonomía económica y privan a las organizaciones de capacidades indispensables.
La discusión debe abordar el financiamiento, la gradualidad, la cobertura y la calidad, pero esas definiciones no pueden convertirse, otra vez, en una excusa para postergar el objetivo. Estamos en un momento crítico que requiere un acuerdo sostenible que dé certezas a familias y empleadores, y entienda esta reforma como una inversión social y productiva.