Tarjeta de pronto despacho
¿La idea del gobierno es sacar a la gente de la pobreza o asalariarla para mantenerla en esa condición de dependencia?
Una diputada oficialista declara que le "repugna" la advertencia opositora de que hay que controlar en qué gastan los más vulnerables el aumento de las transferencias.
El ministro de Economía se muestra escandalizado porque "los paladines de la libertad" exigen limitar la libre elección de compra de los beneficiarios.
Un periodista llegó a acusar a los legisladores que demandan ese requisito de "comprar merca" con sus propios salarios y viáticos, mientras supuestamente acusan a los destinatarios del subsidio estatal de usarlo para adquirir celulares.
En tanto, se multiplican los alegatos académicos que citan "evidencia internacional" demostrativa de que subsidiar sin pedir contraprestación es mejor.
Todo esto es música para los oídos progresistas: ¿qué mejor que encontrar un tema con el que embretar a la oposición, mostrándola como "la derecha que desprecia a los pobres" y que, como dijo hasta el presidente del FA, "le quita un plato de comida de la mesa"?
Otra vez y como siempre, el manejo de la comunicación influye mucho más que la política pública en sí misma.
La argumentación en contra que se ha escuchado en estos días es en general de recibo: que las transferencias llevadas a diez mil pesos por hijo no son tales, porque al ser retiradas en efectivo, no exoneran el IVA por las compras, como sí lo hace la tarjeta Uruguay Social. Que la contraprestación es imprescindible, para asegurar que el abatimiento de la pobreza no sea solo "estadístico" sino que se afirme en la escolarización y control sanitario de los niños.
Pero estos aspectos, aunque importantes, no son todo.
Creo sinceramente que el sistema político debería sincerarse y admitir que un aumento de transferencias sin exigir contraprestaciones tiene una consecuencia más simple y nociva que se llama clientelismo.
Transferir recursos públicos a los pobres está bien, si con ello se alienta la equidad en el punto de partida. Pero si se trata solo de repartir plata, la desconfianza del contribuyente no se debe a la aporofobia sino a la experiencia.
Ocurrió en la Argentina de los Kirchner y rindió por un tiempo, hasta que las finanzas públicas terminaron de explotar. Ocurrió en la Venezuela de Chávez y también lo afirmó en el poder, hasta que reventó la economía.
¿La idea del gobierno es sacar a la gente de la pobreza o asalariarla para mantenerla en esa condición de dependencia, sin incentivar su educación ni proteger su salud, pero con unos mangos más para gastar? ¿No tengo derecho a reclamarlo, como contribuyente? Sin embargo, si yo como artista accedo a un fondo público, estoy obligado a demostrar que lo usé con el fin para el que me lo otorgaron. Y no conozco ninguna "evidencia internacional" que regale plata a los artistas a cambio de nada.
¿Soy mal pensado si creo que, cuando lleguen las elecciones, irán los punteros políticos a determinados barrios a asustar a la gente, diciéndole "si no me votás, te sacan el subsidio?
Una de las más duras críticas de la izquierda a los partidos tradicionales, durante la primera mitad del siglo XX, se centraba en las prácticas clientelares: dar cargos públicos, conseguir la jubilación o el teléfono con una "tarjeta de pronto despacho" y toda esa sarta de terrajadas que se hacían para atar el voto ciudadano a quienes detentaban el poder. ¿Qué la diferencia de esto?
Nadie odia a los pobres. Lo que debería darnos asco es la demagogia.