El Comercio, Perú
1 de agosto de 2026
Propuesta. El texto preliminar incluye ajustes al Impuesto a la Renta empresarial, incentivos por capacitación y empleo juvenil, y modificaciones en algunas operaciones. Se requiere mayor precisión, aseguran los especialistas consultados para este informe.
El Ejecutivo alista un pedido de facultades para legislar durante 120 días. Un borrador preliminar del proyecto de ley, que todavía no ha sido presentado al Congreso y podría sufrir modificaciones, plantea cambios en los regímenes empresariales, incentivos vinculados con el empleo y la capacitación, así como otros ajustes en la ley del Impuesto a la Renta (IR).Especialistas consultados coincidieron en que algunos de estos cambios podrían reducir la incertidumbre y las controversias tributarias. Sin embargo, advirtieron que el documento todavía no detalla cómo funcionarían las medidas. ?Un régimen empresarial aún por definir?El borrador propone establecer un IR empresarial único con tasas marginales y crecientes (la tasa mayor se aplicaría únicamente a la parte de la renta que supere cada tramo). El cambio buscaría reducir la fragmentación del sistema y facilitar el crecimiento de las empresas.Actualmente existen cuatro regímenes tributarios: el Nuevo Régimen Único Simplificado, el Régimen Especial de Renta (RER), el Régimen Mype Tributario (RMT) y el Régimen General. Cada uno contempla diferentes límites, obligaciones contables y formas de calcular el impuesto.Los especialistas consultados para este artículo coincidieron en que el borrador todavía no permite determinar el alcance de la unificación, pues no identifica qué regímenes serían reemplazados. A partir de esa falta de precisión, plantearon distintas interpretaciones sobre el diseño que podría adoptar el nuevo esquema.Leonardo López, socio del área tributaria de Hernández y Cía., consideró que el nuevo esquema debería sustituir al RER y al RMT, mientras el Régimen General continuaría aplicándose a las empresas de mayor tamaño.Vanessa Watanabe, socia de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, estimó que la intención parecería ser la creación de un régimen dirigido a las micro y pequeñas empresas que integre al RER y al RMT, siguiendo propuestas discutidas anteriormente.?Operaciones que generan controversias?Entre las medidas de mayor relevancia se encontrarían las relacionadas con la deducción de intereses y los derivados de cobertura (instrumentos financieros que las empresas utilizan para protegerse frente a riesgos como las variaciones del tipo de cambio, las tasas de interés o los precios de las materias primas). Roberto Polo, socio del área tributaria de Rebaza, Alcázar & De las Casas, explicó que la regulación vigente sobre la deducción de intereses tiene una finalidad antielusiva, pues busca evitar que las empresas reduzcan artificialmente el monto sobre el cual se calcula el impuesto mediante un endeudamiento excesivo. No obstante, consideró que sus vacíos han producido distintas interpretaciones e inseguridad jurídica.Tania Quispe, exsuperintendenta de la Sunat, sostuvo que cualquier modificación debería mantener un equilibrio entre el control de las prácticas elusivas y las necesidades legítimas de financiamiento.Watanabe coincidió en que la deducción de intereses es uno de los aspectos más observados por la Sunat. A su juicio, los cambios podrían establecer parámetros más objetivos sobre los documentos requeridos, definir nuevos procedimientos de sustento o modificar los límites cuantitativos aplicables. El borrador, sin embargo, no permite conocer qué alternativa se adoptaría.El otro cambio se relaciona con las pérdidas generadas mediante derivados de cobertura. Según Polo, el problema tributario aparece cuando la Sunat considera que la empresa no acreditó que el contrato fue celebrado para cubrir un riesgo empresarial concreto y no con una finalidad especulativa. En ese caso, la pérdida generada por la operación puede no ser aceptada para calcular el IR. Quispe, López, Polo y Watanabe coincidieron en que la falta de criterios uniformes para demostrar la finalidad de cobertura ha generado incertidumbre y litigiosidad. ?La propuesta constituye un avance hacia una mayor seguridad jurídica, pero no resolverá por sí sola las controversias si no precisa cómo debe acreditarse el riesgo específico que justifica la cobertura?, sostuvo Quispe.La exsuperintendenta de la Sunat consideró necesario establecer criterios mínimos y uniformes para acreditar cada operación, proporcionales a su complejidad.