El Comercio, Perú
2 de agosto de 2026
RAULNombre infografista
El nuevo gobierno recibió un mercado laboral en crecimiento: en el segundo trimestre del 2026, el desempleo y el subempleo en Lima Metropolitana alcanzaron sus niveles más bajos desde que se tiene registro. Sin embargo, el país aún enfrenta una lenta recuperación del empleo juvenil, baja productividad y alta informalidad. En este contexto, el pedido de facultades legislativas representa una oportunidad clave para acelerar el cierre de estas brechas. Sin embargo, el anuncio de elevar la remuneración mínima vital (RMV) a S/1.300 envía una señal contradictoria a los esfuerzos de formalización y contratación de jóvenes.?Empleo juvenil rezagado?El empleo juvenil continúa rezagado: al primer trimestre del 2026, quedan más de 300 mil puestos de 15 a 29 años por recuperar frente al 2019. Incluso con educación superior no aseguran un empleo de calidad. Pese a que la oferta de matriculados universitarios aumentó más de 30% entre el 2020 y el 2025, la demanda por puestos que requieren estudios superiores se mantuvo por debajo de su nivel prepandemia en ese período. Recién a inicios del 2026, esa demanda superó en 8% el nivel del 2019, impulsada por trabajadores mayores de 30 años.A medida que continúe reactivándose la demanda por puestos calificados, el reto estará en impulsar la empleabilidad de los jóvenes en línea con las capacidades que demandan las empresas. La formación técnico-productiva es una modalidad desaprovechada: según la OCDE, apenas el 2,1% de los jóvenes de 15 a 24 años en el Perú participa en esos programas, muy por debajo de Chile (12,8%) y México (11,3%). En esa línea, medidas para fortalecer la formación para el trabajo, el acceso a financiamiento, la información laboral, entre otros ?que forman parte de un paquete de propuestas elaborado por el IPE junto con otras organizaciones? resultan positivas en el pedido de facultades.?RMV y formalización?Sin embargo, sorprende la propuesta de elevar en 15% la RMV, pues eleva la valla para la contratación formal, principalmente para los jóvenes, quienes enfrentan una mayor probabilidad de ser informales y perciben menores ingresos. Además, la propuesta tendría beneficios limitados. El 70% de trabajadores son informales y otro 6%, independiente. Así, el IPE estima que el aumento beneficiaría directamente a menos del 2% de la fuerza laboral. De concretarse, 12 de los últimos 14 aumentos habrán respondido a períodos electorales o de baja aprobación presidencial, priorizándose factores políticos sobre criterios técnicos como el costo de vida, la productividad, la informalidad y el contexto económico.En lugar de incrementos por decreto, la mejora sostenible de los ingresos requiere abordar el problema de fondo: la baja productividad, asociada a una elevada concentración del empleo en mypes. Las empresas con más de 100 trabajadores concentran apenas el 17% del empleo nacional, pese a ofrecer mejores condiciones laborales y mayores oportunidades de capacitación. En esa línea, la simplificación de los regímenes especiales para mypes y de los trámites para formalización ?medidas que serían contempladas en el pedido de facultades? son buenas alternativas para reducir las barreras al crecimiento sin elevar los costos de contratación formal.?Riesgos inmediatos y desafíos de largo plazo?El mercado laboral también enfrenta otras amenazas. En el corto plazo, si el fenómeno de El Niño alcanza una magnitud similar a la del 2023, alrededor de 100 mil puestos de trabajo del agro formal estarían en riesgo este 2026, según cálculos del IPE. Por ello, además de las medidas laborales, resulta clave ejecutar acciones de prevención y respuesta rápida frente a los daños.En el largo plazo, el envejecimiento poblacional elevará la necesidad de aumentar la productividad y ampliar la base formal. La tasa de fecundidad cayó a 1,7 hijos por mujer en el 2025, por debajo de la tasa mínima requerida para que la población no disminuya (2,1). Así, el ?bono demográfico? culminaría en el 2045, cuando la población dependiente (menores de 15 y mayores de 65 años) crecerá más rápido que la fuerza laboral, según el INEI.Urge que la nueva administración propicie condiciones para elevar la productividad, mejorar la formación técnica, facilitar el crecimiento empresarial y proteger la creación de empleo formal. También debe dar predictibilidad a las decisiones económicas, por ejemplo, con una RMV que se actualice con un mecanismo técnico y predecible, evitando anuncios súbitos sujetos a las necesidades políticas del gobierno de turno.
