"Lavado de activos" para controlar Azul Azul

Dos horas y media de relato no le bastaron a la Fiscalía para terminar de reconstruir "paso a paso" las operaciones supuestamente fraudulentas por las que está formalizando por diversos delitos a los controladores y ejecutivos de la extinta gestora de fondos Sartor.
Aunque se trata de una compleja estructura de operaciones entre Sartor, sus filiales, los fondos de inversión que administraba y sociedades vinculadas a sus principales socios y ejecutivos, el Ministerio Público describió una "estructura diseñada e implementada por los imputados" que engloba todos los delitos que se están comunicando a los imputados.
Así, en las primeras páginas de la extensa formalización de cargos a la que se dio inicio ayer, detalla: "Abusando de sus facultades de administración, ejecutaron actos contrarios al interés de los aportantes de los fondos públicos y privados, priorizando realizar operaciones crediticias que iban en beneficio de ellos mismos, sus sociedades, o terceros". Bajo este marco general, la Fiscalía está imputando una serie de delitos que pasan por administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa, estafa, fraude por omisión de OPA y lavado de activos.
La de ayer fue solo la primera audiencia de formalización, donde la Fiscalía leyó las primeras 50 páginas de un total de 87 que tiene la "minuta" con la descripción de los hechos. Se espera que la lectura de los cargos termine hoy, pero el procedimiento completo de formalización podría requerir hasta cinco jornadas más.
"Manifiesto conflicto de interés"
El esquema general de las imputaciones apunta a una gestión de los fondos que favoreció a sus controladores, y no a quienes aportaban a ellos. Pero, en el detalle, la Fiscalía es más severa al describir el modus operandi.
Una de estas operaciones donde el perjuicio fue más cuantioso es la que involucra a Credicorp Capital, gestora de capitales peruanos que a través de dos vehículos distintos invirtió en fondos de Sartor (Táctico Perú y Facturas USD). En este caso, donde la Fiscalía calcula perjuicios por US$ 45 millones contra Credicorp, se relata cómo los ejecutivos de Sartor AGF decidieron ocupar el capital de los mencionados fondos para realizar préstamos a sociedades como "Danke", "Mikopo" y "Emprender Capital (E-Capital)". En todas ellas había una participación mayoritaria de los imputados en la propiedad.
Sin transparentar esta participación y su conflicto de interés, los dineros fueron transferidos a otros fondos de Sartor, "que requerían de liquidez", dice la Fiscalía, para luego ir prorrogando dichos préstamos. El Ministerio Público afirma que todo esto fue "orquestado y ejecutado" principalmente por Pedro Pablo Larraín, Alfredo Harz, Hugo Baranda y Juan Carlos Jorquera, "junto al resto de los ejecutivos".
Asimismo, el escrito señala que la infracción a la Ley Única de Fondos pasa, entre otros motivos, por "tener un modelo de negocios ilegal con un manifiesto conflicto de interés, que en el caso de las operaciones descritas, estas se realizaron con abuso de las facultades de disposición de bienes, particularmente en las triangulaciones de los financiamientos".
Como el caso de Credicorp hay varios. Se mencionan otros fondos como Sartor Leasing o Sartor Proyección, con traspasos a estas mismas sociedades, u otras como Cerro el Plomo y Redwood Capital. Solo en el caso de los aportantes de los fondos de inversión públicos de Sartor AGF, el perjuicio supera los US$ 78,5 millones, aseguran.
Clark y Azul Azul
El caso de Michael Clark representa una arista aparte de los hechos. Su rol se circunscribe al de exdirector de Sartor AGF, calidad en la cual integró el Comité de Crédito de la misma. Según la Fiscalía, también fue beneficiado por estas triangulaciones hacia "Redwood Capital", firma de asesorías financieras que recibió pagos mensuales por hasta $10.000.000 desde uno de los fondos que administraba la gestora.
Su participación en el esquema que acusa la Fiscalía no es tan central como la de los socios principales, pero fue su rostro el que quedó regado en la explanada del Centro de Justicia, a través de billetes falsos de $10.000. Fue una manifestación de barristas simpatizantes del club Universidad de Chile, controlado por Azul Azul, donde hasta hace pocos meses Clark era el accionista mayoritario y presidente.
Cuando estalló el caso Sartor, Clark intentó hacerse con el control total del fondo de inversión Tactical Sport, que posee el 63,07% de Azul Azul. La CMF cuestionó la operación y la llevó a la justicia, y el propio Clark decidió "resciliar" la operación, anulando su efecto. En este caso, lo que acusó la CMF -y recoge la Fiscalía- es el delito de omitir la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) que corresponde para hacerse del control mayoritario de una sociedad anónima.
Según la reconstrucción de la Fiscalía, la operación original mediante la cual Sartor adquirió -a través de Tactical Sport- su participación en la concesionaria fue, en la práctica, un lavado de activos. El problema tiene que ver con el origen de los recursos para financiar la operación, que se llevó a cabo en 2021: los fondos Sartor Leasing, Sartor Táctico y Sartor Proyección financiaron a "Inversiones Cerro El Plomo", que a su vez inyectó los recursos necesarios a Tactical Sport.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía, el delito se constituye cuando "los fondos utilizados para dicha adquisición tenían su origen en la comisión de delitos de administración desleal que afectaron a los Fondos de Inversión Sartor Táctico y Sartor Leasing, así como de delitos contemplados en la ley de mercado de valores, razón por la cual su origen se mantuvo oculto".