Licencias médicas: Estado gasta $41.000 millones en sueldos de 20.823 funcionarios con sumarios

Y a ha pasado un año y tres meses desde que la contralora Dorothy Pérez denunciara que miles de trabajadores habían solicitado licencias médicas sin necesidad y que durante esos períodos de descanso algunos habían viajado, ido a casinos de juego, etc.
El escándalo solo creció. Entonces fueron 25.000 funcionarios, en marzo iban en más de 33.000, y ahora en junio saltaron a 35.212 funcionarios. Según se detalla en un reporte solicitado por Transparencia a Dipres, se sumaron 2.665 luego que Contraloría emitiera el 30 de marzo un reporte que añadía a aquellos que realizaron trabajos remunerados con otros empleadores durante el período de licencia.
Previo a eso, se habían considerado básicamente: salidas del país, asistencia a casinos, atención de partos durante períodos de licencia o licencias emitidas por emisores investigados por el Ministerio Público: el gran porcentaje, no obstante, se concentró en viajes y juegos.
Hoy, de los 35.212 funcionarios involucrados, 27.113 continúan trabajando en los servicios respectivos. Y 8.099 ya no están en el Estado. Es decir, hay 31.223 casos a investigar. De ellos, se lee en el informe, se han instruido 30.392 sumarios, y el resto sigue a la espera. Por ley, el fiscal a cargo cuenta con 20 días hábiles para realizar la investigación, prorrogables, eso sí, si se requieren más antecedentes. Aunque no puede exceder de 6 meses, desde que lo abre hasta la decisión final.
Ahora, ya están con resolución 9.569 funcionarios; 6.272 están a la espera de cierre, y el resto -3.297- está cerrado, un 11% del total. ¿Y cuál ha sido el desenlace? 1.345 sin sanción; 1.115 están bajo censura, es decir, una reprensión por escrito; 92 están suspendidos, y 149 han debido pagar multa. Al final, solo 596 han sido destituidos, un 40,9% más que los 423 que habían salido entre mayo de 2025 y marzo de 2026 de este año.
Estas medidas disciplinarias debieran consolidarse en una: la destitución. Es que en el proyecto de Reconstrucción Nacional se incluye una norma que implica la directa destitución de funcionarios que hagan mal uso de licencias médicas, lo que aplicará para los nuevos procesos. Según la encuesta Cadem de mayo, es la medida mejor evaluada de la nueva ley: un 81% la respalda; seguida de lejos, con un 71%, del alza del financiamiento del fondo de emergencia para Ñuble y Biobío.
El reporte de la Dirección de Presupuestos informa que en los últimos tres meses concluyeron 1.142 sumarios, mientras que en todo el año anterior, antes de marzo se cerraron 2.155.
En resumen, un 11% de los procesos está concluido, porcentaje disímil entre las distintas carteras. Por ejemplo, Minería tiene a 29 funcionarios involucrados. Y de los 23 sumarios impulsados, 22 ya se han cerrado (96%) y seis trabajadores han salido. Bienes Nacionales, de los 21 sumarios, ya ha cerrado 14: el 67%. Y en Medio Ambiente, el dato es de 65%.
Salud es, lejos, el más impactado. Sus 37 instituciones suman 15.516 trabajadores afectos. Han abierto 13.860 sumarios, y han cerrado 858, un 6%. Han salido 200 funcionarios.
Lo mismo se replica en Educación. Sus 64 reparticiones tienen 11.599 ejemplos, que han derivado en 10.114 sumarios. Han terminado 1.462, un 14%. 235 empleados han dejado el ministerio (ver infografía).
Gasto gubernamental
Hace algunos meses, la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, anunció que evalúan retener el sueldo o parte de los impuestos para restituir los fondos de quienes hayan hecho un mal uso de licencias médicas. Es que las cifras son millonarias.
Según datos de Transparencia, considerando los 31.223 casos a investigar -restando los 1.345 cuyos procesos fueron cerrados sin sanción-, el gasto total por días de licencias llega a los $44.105 millones (US$ 48,5 millones). Ello, considerando que ganan en promedio $2 millones, y que cada uno tomó 22,1 días.
Los datos sobre los 20.823 funcionarios con procesos abiertos, en tanto, se traducen en un gasto mensual en remuneraciones equivalente a unos $41.727 millones (US$ 45,6 millones).
Todo mientras en el Congreso se discute el proyecto que busca homologar las condiciones del sector público y privado frente al Subsidio por Incapacidad Laboral. Y que apunta a que existan dos días de carencia en ambos sectores -hoy al aparataje estatal se le pagan todos los días- y que se cancelen los días con un tope máximo imponible de 90 UF y no el 100% de la remuneración. Si bien la iniciativa partió en Salud, en mayo pasó a la comisión de Constitución para que se estudie la constitucionalidad de establecer días de carencia. El martes se votó. Los senadores Pedro Araya, Andrés Longton y Arturo Squella consideraron que las normas eran constitucionales, mientras que Claudia Pascual y Paulina Vodanovic, que no, que afectan derechos sociales. Con ello, volvió a Salud para seguir el trámite.