Capricho político

El Ministerio de Ambiente anunció el otorgamiento de la Autorización Ambiental Previa al nuevo proyecto de abastecimiento de agua potable para el área metropolitana. Nos referimos específicamente a la construcción de una segunda planta potabilizadora -vecina de la actual planta de Aguas Corrientes-, y la instalación de la 7ª línea de bombeo hacia Montevideo. Queda fuera Casupá.

Aunque le mantuvieron el nombre original de Proyecto Neptuno, está claro que se trata de un emprendimiento diferente.

La nueva localización está a unos 130 kilómetros de la original, sita en otro departamento; el proceso de potabilización requiere de otras instalaciones y tecnologías porque en Arazatí se iba a abastecer de aguas estuarinas con tenor salado, mientras que en Aguas Corrientes será con agua dulce del embalse del arroyo Casupá.

¿Por qué le mantuvieron el nombre? Porque de lo contrario el actual gobierno y el consorcio privado debían reconocer que las modificaciones impuestas al contrato original son tan significativas como para definirlo como un proyecto diferente. Entonces se debía realizar un nuevo llamado licitatorio para concretar el nuevo contrato con las actuales condiciones.

Como era lógico esperar, el Tribunal de Cuentas observó el contrato renegociado, pero el gobierno lo ignoró.

Queda claro que el gobierno actual asumió funciones ya con la decisión tomada de buscarle la vuelta al Proyecto Neptuno para dejarlo sin efecto. Analizando todos los argumentos expresados, la explicación que nos parece más sensata es que la original era la mejor obra posible para garantizar al área metropolitana su abastecimiento libre de los avatares climático y al mismo tiempo, no recargando aún más a la degradada y casi saturada cuenca del río Santa Lucía. La planta en Arazatí quedaría como un logro histórico del gobierno coalicionista. Si estamos en lo cierto, se trata de una postura antipatriótica.

La ciudadanía siempre espera que el gobierno de turno tenga el mejor desempeño posible en todas las áreas. De eso se trata gobernar los destinos del país.

Desde luego que la construcción de la represa del arroyo Casupá echaba por tierra que se tratara del mismo Proyecto Neptuno. Por lo tanto, está claro que la Autorización Ambiental Previa que el Ministerio de Ambiente acaba de otorgar, excluye a la obras de represamiento del arroyo Casupá.

Lo paradojal de esta situación es que faltando bastante para que esa secretaría de Estado se pronuncia al respecto sobre los impactos ambientales que provocarán Casupá (es su competencia específica, y por ley tiene la última palabra), el Poder Ejecutivo comenzará en breve las obras para la construcción de nueva planta procesadora (que depende de la existencia de la represa), y ya inició el proceso expropiatorio de varios de los padrones de propiedad privada que quedarán permanentemente bajo agua -incluyendo la destrucción de 400 hectáreas de monte indígena protegido.

Es obvio que la decisión política está tomada al más alto nivel, y por lo tanto no habrá ninguna oposición técnica en el Ministerio de Ambiente que pueda detener la realización del proyecto. El inferior desplazó al superior.