TVN: propuestas y dudas

TVN, la red pública de televisión, enfrenta problemas que se arrastran desde hace ya varios años, tanto de índole financiera como de planta de trabajadores, de modelo de negocios y de propósito. En años recientes, la compañía ha tenido pérdidas que superan los 15 mil millones de pesos anuales; mantiene una deuda, que no puede servir con su operación, por más de 56 mil millones de pesos; no está en condiciones de abordar el ajuste de su planta de trabajadores, por no tener los recursos para pagar las indemnizaciones requeridas; pero, sobre todo, las nuevas plataformas digitales o de streaming están desplazando a la televisión abierta, bajando sus audiencias y, como consecuencia de eso, el avisaje que la financia.
Una propuesta sobre la que se ha estado conversando es que el Estado entregue a TVN unos US$ 15 millones anuales que permitan cubrir los servicios que el Estado le exige, como la cobertura nacional, con antenas desde Visviri por el norte hasta la Antártica en el sur; mantener una señal internacional operativa y tener un Centro de Documentación y Archivo abierto al público. Una solución de ese tipo, además de requerir recursos permanentes del Estado, abre una serie de interrogantes. Entre ellas, ¿serán esos recursos suficientes o deberán ser incrementados en el tiempo? ¿Podrá TVN servir la deuda que mantiene o deberá el Estado hacerse cargo de ella? ¿Cómo reorganizará su plantel de trabajadores? Y, más importante aún, ¿evitará eso la pérdida de audiencia producto del cambio tecnológico?
El principal problema de TVN es que el modelo de negocios que sustentó exitosamente a la empresa en la década de 1990 y la siguiente, se ha modificado sustancialmente. La irrupción de las plataformas digitales que mantienen informadas y otorgan entretención a crecientes cantidades de personas, así como la atracción que ejercen sobre el público las señales de streaming , con películas, series y documentales de diverso tipo, accesibles por un bajo costo, han disminuido el avisaje para la televisión abierta, como TVN, reduciendo su fuente de financiamiento, sin que la estación pueda revertirlo.
En esas condiciones, ¿tiene sentido mantener ese servicio desde el Estado? Es decir, si las audiencias siguen disminuyendo y la ciudadanía acentúa la tendencia a informarse y entretenerse desde otras plataformas, ¿por qué el Estado debiera insistir en hacerlo de la manera tradicional y a su costo? O, si el argumento es otro, si la función que el Estado quiere preservar es informar al público desde una fuente neutra, para contrarrestar la información intencionada que pueda surgir de medios privados, como algunos arguyen, ¿logrará cumplir con ese objetivo ante audiencias en permanente declinación? Ello, sin preguntarse si el Estado puede efectivamente ser neutro o al menos garantizar equilibrios razonables en estas materias.
Así, entregar recursos a TVN solo para que no caiga en cesación de pagos no resuelve el problema. Es necesario un debate respecto de si existe o no una función que el Estado deba cumplir en este ámbito, y, en caso afirmativo, cómo debe implementarse y financiarse. Hasta ahora, se ha partido de la base de que TVN cumple una función irreemplazable. Pero eso es precisamente lo que ahora está en duda y sobre lo que es necesario abrir una discusión de fondo. TVN surgió cuando la irrupción de la televisión abierta se instaló como canal informativo y de entretención esencial en las sociedades de la segunda mitad del siglo pasado. Ahora, adentrado el siglo XXI, el país no puede cerrar los ojos ante los cambios tecnológicos y los formatos con que la ciudadanía se informa y entretiene. Es con ese escenario en mente que se debe abordar el debate sobre la existencia de una opción televisiva estatal. Y si la respuesta es afirmativa, será necesario determinar cuántos recursos estará el país dispuesto a entregarle, y si eso permitirá mantener al sistema tecnológicamente al día y cumpliendo su propósito.