El sindicato bancario cuestionó el impacto del nuevo esquema sobre la banca pública y dijo que puede profundizar la brecha tecnológica con los bancos privados
Así lo afirmó el sindicato bancario a través de un informe elaborado por la Comisión Técnica Asesora (CTA) de AEBU que también evaluó que el sistema de finanzas abiertas que se busca implementar "no es neutral" y "reconfigura las reglas de juego del sector".
El sistema de finanzas abiertas es una iniciativa elaborada originalmente por el Banco Central del Uruguay (BCU) y luego remitida al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que la incorporó al proyecto de ley. La propuesta, incluida en los artículos 184 a 204, busca que personas y empresas puedan autorizar el intercambio de sus datos financieros entre instituciones y proveedores registrados ante el BCU, con el objetivo de modernizar el sistema financiero y facilitar el desarrollo de nuevos productos y servicios.
Desde AEBU consideran que el sistema "podría favorecer" a las instituciones con mayor capacidad de inversión en tecnología, análisis de datos e innovación. En ese sentido, el informe de la CTA planteó que la banca pública "podría asumir los costos fijos asociados a la bancarización y la inclusión financiera en zonas y segmentos no rentables, mientras que los bancos privados podrían aprovechar la información ya procesada para captar a los clientes de mayor margen".
Como ejemplo, el sindicato bancario planteó el caso de un cliente atendido por una sucursal del BROU en el interior del país. Según el informe, ese cliente depende de la infraestructura pública para consolidar su historial operativo, mientras que, con la interoperabilidad, los competidores privados podrían evaluar esa información "a costo cero". El documento también advirtió sobre el riesgo de que con la mayor información de los usuarios, los bancos privados comiencen a ofrecer préstamos inmobiliarios preaprobados "que puedan erosionar la misión del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU)".
Por otro lado, el informe de la CTA recomendó "prestar especial atención a la forma en que se comunica la información y a los contextos en que se solicita el consentimiento", dado que entiende que hay un "bajo nivel de educación financiera".
Advirtió también sobre el "riesgo de que muchos usuarios acepten sin comprender qué datos comparten" y consideró que "en un contexto donde los ciberdelitos crecen en frecuencia y sofisticación", la mención que hace el proyecto a las medidas mínimas de seguridad para las empresas que operan en el sistema es "escasa".
Por otro lado, el informe de la CTA también cuestionó "la creciente tercerización de servicios por parte de las instituciones financieras tradicionales" y señaló que "muchos de esos proveedores procesan y almacenan información sensible sin estar sujetos a regulación o supervisión directa" del BCU.