El capital cívico

El Congreso Empresarial que la Andi celebró en Cartagena venía diseñado para hablar de cómo unir al país para crecer exponencial e inclusivamente. Terminó convertido en una colecta, acertadamente. Más de 500 empresas reunieron $201.637 millones, la mitad de la familia Santo Domingo. El fin de semana la cifra se disparó: Jaime Gilinski y Raquel Kardonski comprometieron $150.000 millones para hospitales y escuelas de Cali, y David Vélez otros $100.000 millones dirigidos al Chocó. Cerca de $450.000 millones, unos us$144 millones, en una semana. Más revelador que el dinero es lo que vino en especie. La familia Daes puso $6.000 millones desde Tecnoglass, $5.000 millones en ventanas. El Grupo Argos y Nicky Jam lanzaron ‘Adopta un Hogar’ con $13.000 millones para vivienda. Ecopetrol destinó $5.000 millones en kits humanitarios. Paz del Río comprometió acero, Cemex y Ultracem cemento, Cerámica San Lorenzo enchapes, D1 lo hará con 1.000 toneladas de alimentos y Celsia, con maquinaria pesada. Eso no es una colecta: es una cadena de suministro para reconstruir, montada en días. Así como ellos, millares de emprendedores y microempresas están donando lo que está a su alcance. Conviene entender sobre quién cayó ese gesto. La empresa colombiana ya tributa 35% sobre la renta, 40% en el sector financiero. Sus dueños pagan de nuevo al recibir dividendos, y sobre su patrimonio personal. El Decreto 0173 agregó una capa más: 0,5 % sobre el patrimonio líquido de las personas jurídicas, 1,6 % para el sector financiero y el extractivo. Se grava el flujo, se grava la distribución y ahora se gravan las reservas para inversión. El resultado es una paradoja que Colombia no ha querido mirar de frente. Con una de las tarifas empresariales más altas de la región, el recaudo tributario fue apenas 19,9 % del PIB en 2024, exactamente el mismo nivel de 2015 y muy lejos del 34,1% de la OCDE. Los grandes contribuyentes aportan cerca del 78% del impuesto de renta. Pocos pagan mucho y el Estado recauda poco. Cada capa nueva no amplía la base: profundiza el pozo sobre los mismos. En ese punto merece detenernos. Los mismos que soportan esa estructura fueron los que giraron primero cuando tembló el país. No pidieron crédito fiscal ni exención a cambio. Eso no es filantropía: es capital cívico, la disposición de un sector a comportarse como institución, aun cuando el sistema lo trata como adversario. Conviene decirlo sin romanticismo: $450.000 millones son entre el 1% y el 2% de una reconstrucción calculada entre $20 y $40 billones. La solidaridad no sustituye la arquitectura fiscal. De ahí se desprende lo que corresponde. La reconstrucción debe financiarse con créditos, cooperación y crecimiento, no con tributos permanentes que encarezcan aún más la inversión. La reforma tributaria tiene que ampliar la base atacando beneficios y evasión, en lugar de sumar tarifas sobre quienes ya declaran. Colombia acaba de comprobar, una vez más, que su sector privado responde cuando se le necesita. Falta que el Estado lo acompañe y lo trate como aliado, no como caja. No hay Estado sin empresas, ni modelo de desarrollo en la historia que no haya sido jalonado por el sector privado.