Modernización del empleo público y competitividad

Muchas veces hemos escuchado que el Estado es el peor empleador de Chile. Esto se debe a que más de la mitad de los funcionarios públicos está a contrata, es decir, con contratos que expiran cada 31 de diciembre, sin garantía de renovación y, a diferencia del sector privado, sin derecho a indemnización. Los expertos describen esto como la precarización del empleo público.
Si esto se analizara desde una perspectiva netamente económica, el Estado y el sector privado aparecen compitiendo por una parte importante de los profesionales. En ese contexto, si el Estado ofrece peores condiciones que el resto del mercado, el resultado es que pierde a quienes tienen mejores alternativas, es decir, a los más capaces y móviles, mientras retiene con más facilidad a quienes tienen menos opciones fuera del Estado o están dispuestos a tolerar la precariedad ya sea por vocación pública o por la expectativa de llegar, algún día, a la planta.
Pero el problema no termina ahí. También se encuentran los funcionarios de la planta, que cuentan con estabilidad casi total y evaluaciones periódicas donde el grueso obtiene la nota máxima. Sin embargo, si el desempeño no tiene consecuencias reales una vez dentro, la planta deja de operar como un premio al mérito y empieza a operar, en términos económicos, como una verdadera renta o posición protegida.
Por lo tanto, si la reforma al estatuto administrativo evalúa un sistema de compensaciones, abre el ingreso a cargos clave mediante concursos abiertos supervisados por el Servicio Civil y complementa esto con una evaluación real de desempeño, el Estado empezará a competir por talento en los mismos términos que cualquier empleador. Con el tiempo, eso debería revertir la situación actual, donde se ve a un Estado que termina perdiendo a sus mejores profesionales por ofrecerles peores condiciones que el mercado, y que puede terminar protegiendo a quien no rinde, solo por haber llegado a la planta.
Modernizar el estatuto administrativo es una buena noticia. No implica desmantelar la función pública, sino fortalecerla bajo criterios modernos de gestión. El desafío es transitar hacia un modelo que concilie la necesaria estabilidad y probidad del servidor público con evaluaciones de desempeño efectivas y una flexibilidad contractual acorde a las demandas del siglo XXI. Un aparato estatal eficiente es el mejor aliado del desarrollo económico, ya que de él dependen la provisión de servicios públicos y la implementación eficaz de políticas públicas. Fortalecer el empleo público es, en última instancia, una inversión indispensable para elevar la competitividad de todo nuestro ecosistema productivo.