Convenio 169 y Ley Lafkenche: ¿Han afectado las inversiones en Chile?

El Ejecutivo encendió el debate sobre los posibles efectos en la economía chilena en torno a la aplicación de la Ley Lafkenche y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los estados que suscribieron este pacto a consultar a las comunidades indígenas sobre los proyectos que afecten su entorno.
La discusión revivió tras la entrevista del ministro de Defensa, Fernando Barros, con DF Más, en la que planteó que estas normas generan conflicto interno, implicando un "riesgo para el país".
El secretario de Estado opinó, además, que Chile debería "deshacerse" del convenio "y de otras disposiciones legales que salen de esa visión de conflicto entre las personas, (que) son un riesgo para el país". Agregó que estas normativas son un "tema de preocupación de la defensa".
Ayer, el Presidente José Antonio Kast aseguró en conversación con Radio Infinita que "hay ciertos temas debatibles", aunque afirmó que no es un tópico que vayan a impugnar en su administración. De todos, reconoció que el convenio puede afectar en "ciertas materias relevantes" en ámbitos de Defensa, como en la construcción de un astillero naval, y que hay "abusos" que se producen con la Ley Lafkenche.
El Convenio 169 de la OIT fue suscrito por Chile en 1991, ratificado por el Congreso Nacional recién en 2008 y entró en vigencia un año después. En tanto, la Ley 20.249 (Ley Lafkenche) se promulgó en 2008 y creó la figura de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), para resguardar el uso consuetudinario y preservación de costumbres ancestrales en el borde costero.
Según datos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), a la fecha existen siete proyectos que suman US$ 2.418 millones de inversión a la espera de que concluya la consulta indígena para avanzar con su tramitación ambiental.
De acuerdo con cálculos realizados por el centro de incidencia Pivotes a mediados de este año, se encuentran paralizadas inversiones por US$ 200 millones ligadas a 33 concesiones de salmones debido a la Ley Lafkenche. Señalan que si se suman las solicitudes acuícolas, marítimas y de áreas de manejo, el impacto económico sería mayor.
En este contexto, en el sector privado -principalmente en el mundo acuícola- optan por no referirse a las palabras del ministro Barros. Aunque sí adhieren a la idea de modificar estas normativas, particularmente la Ley Lafkenche.
En la industria salmonera afirman que esta legislación, que cuenta con una iniciativa tramitándose en el Congreso para establecer cambios legislativos, les ha trabado el desarrollo de nuevas inversiones en el país.
"No nos corresponde a nosotros opinar sobre las declaraciones de un ministro de Estado. Sí estamos atentos a las modificaciones a la Ley Lafkenche que actualmente se discuten en la comisión de Intereses Marítimos del Senado", dijo Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes.
Odebret indicó que "si bien la Ley Lafkenche tuvo una buena orientación inicial, su implementación ha generado graves consecuencias para la inversión y el empleo (...). El problema parece estar en que el Estado no ha logrado cumplir los plazos que la propia ley mandata", señaló el dirigente gremial. Entrega como ejemplo la consulta del ECMPO Kawesqar Última Esperanza en Magallanes (290 mil hectáreas) ingresada en febrero de 2018 y que lleva más de 8 años en tramitación. "Tiene hoy paralizadas 14 solicitudes de concesión con RCA aprobada, generando graves efectos en la inversión tanto en centros de cultivo como en pisciculturas (que están a la espera de que existan los centros de engorda para que la inversión tenga sentido) y en plantas de procesamiento", detalló.
Por su parte, Patricio Melero, presidente de SalmonChile, afirmó que la aplicación de la Ley Lafkenche "constituye un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo sostenible de la salmonicultura". En esa línea, aseguró que "existe un consenso transversal entre distintos sectores y organizaciones sobre la necesidad de modificar esta ley (...). Esperamos que esa voluntad política permita que los cambios que se requieren finalmente se concreten.
"Chile todavía es un país que puede darse el 'lujo' de tener paralizados grandes inversiones en promedio por más de 7 años por estos espacios", dijo Joaquín Sierpe, investigador de Pivotes.
Sierpe señaló que "nosotros no estamos en una posición de que se derogue la Ley Lafkenche ni menos que Chile salga del tratado 169 de la OIT, sin perjuicio de que claramente la institucionalidad chilena no está dando abasto para dar cumplimiento a todas estas obligaciones".
Proyectos   Siete iniciativas de inversión se encuentran en consulta indígena y 33 solicitudes de concesiones de salmones están paralizadas por la Ley Lafkenche.