Terremoto acelera el debate sobre reforma tributaria territorial

El terremoto del 10 de agosto aceleró la discusión sobre una reforma tributaria territorial que permita fortalecer los ingresos de municipios y departamentos, en momentos en que las entidades afectadas deberán asumir mayores necesidades de gasto. El planteamiento fue expuesto por Luis Fernando Calderón, docente de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, quien considera que la reconstrucción se suma a una crisis fiscal que exige revisar la relación financiera entre Nación y territorios. La dimensión del desafío quedó reflejada en las cifras de daños. Con corte al 18 de agosto, el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres contabilizaba 29.554 viviendas destruidas y otras 134.342 averiadas en 472 municipios de 15 departamentos. Al mismo tiempo, la reconstrucción tendría un costo mínimo estimado de $30 billones, mientras el Departamento Nacional de Planeación elevó la cuenta a cerca de $40 billones. Los municipios y departamentos afectados tendrán que responder por una parte importante de las necesidades de reconstrucción, pero al mismo tiempo sus ingresos tributarios pueden verse golpeados por la destrucción de viviendas y establecimientos. De ahí que el debate sobre una reforma territorial cobre relevancia: no se trata solo de crear nuevas fuentes de recaudo, sino de revisar la capacidad real de las regiones para financiar sus responsabilidades. Calderón plantea que una eventual reforma debería comenzar por la creación de un Estatuto Tributario Territorial que permita ordenar un sistema construido durante décadas. Actualmente, la Ley 14 de 1983 continúa siendo la columna vertebral de los tributos departamentales y municipales, mientras sobre ella se han acumulado estampillas, sobretasas y contribuciones que han hecho más complejo el esquema de recaudo y administración tributaria local. Por ejemplo, las ciudades capitales recaudaron $31,4 billones durante 2025, equivalentes al 49% de todo el recaudo tributario de las entidades territoriales. Es decir, 32 ciudades concentraron casi la mitad de los recursos tributarios locales. Dentro de ese grupo, el ICA aportó $13,1 billones y el predial $9,8 billones, cerca del 73% de sus ingresos tributarios. Esta concentración limita el margen de maniobra de las administraciones locales, particularmente cuando enfrentan choques que deterioran su actividad económica. En un escenario de reconstrucción, esa dependencia puede convertirse en una dificultad adicional para financiar las inversiones necesarias. La propuesta plantea rediseñar el impuesto de industria y comercio, debido a que hoy grava los ingresos brutos y puede generar efectos de cascada, además de controversias sobre territorialidad y situaciones de doble tributación. El planteamiento apunta a una base más cercana a la utilidad y a reglas de jurisdicción armonizadas. El predial constituye otro de los grandes frentes. Su potencial de recaudo está condicionado por el rezago catastral: al cierre de 2025, Colombia tenía 44 millones de hectáreas actualizadas, equivalentes al 39% del territorio, distribuidas en 326 municipios. Al menos 777 de los 1.103 municipios seguían pendientes de actualización. La hoja de ruta plantea alcanzar 70% de cobertura en 2028 y 100% en 2030. Descentralización La discusión territorial llegará además en un momento en que el Gobierno prepara una reforma tributaria nacional para septiembre. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señaló que primero avanzará el plan de ajuste fiscal. El Ejecutivo también anunció una reorganización estructural del sistema tributario, con el objetivo de simplificarlo, y planteó eliminar el impuesto al patrimonio. El problema es que las decisiones nacionales pueden modificar las finanzas territoriales. A esta discusión se suma la ley de competencias. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, retiró el proyecto presentado por la administración anterior y deberá impulsar un nuevo texto antes del 15 de diciembre. La razón es que el aumento del Sistema General de Participaciones está condicionado a esa ley. En el presupuesto radicado, el SGP ya representa $96,1 billones dentro del componente de funcionamiento y deberá escalar progresivamente hasta 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación. La tensión fiscal también limita el margen disponible. El déficit fiscal cerró 2025 en 6,4% del PIB y podría alcanzar 7,4% en 2026. Para 2027, el presupuesto contempla $575,7 billones, con $367,7 billones para funcionamiento, $118 billones para servicio de la deuda y $90 billones para inversión. Los ingresos previstos suman $545,4 billones, dejando una brecha de $30,2 billones (1,4% del PIB). En ese contexto, la discusión sobre una reforma tributaria territorial no necesariamente apunta a elevar indiscriminadamente las tarifas. Una de las principales apuestas sería mejorar el recaudo de impuestos, cerrar las brechas de administración y fortalecer la capacidad institucional.
La magnitud de la emergencia cambia la discusión fiscal porque el costo estimado supera ampliamente la capacidad de los recursos actualmente disponibles para atender desastres. La subcuenta pública de manejo de desastres cuenta con apenas $47.266 millones, frente a una factura mínima de reconstrucción calculada en $30 billones. El DNP, además, estima que el proceso podría requerir alrededor de $40 billones y extenderse durante seis años. El impacto será territorial por definición. Los daños están distribuidos entre 472 municipios de 15 departamentos, lo que significa que las necesidades de vivienda, infraestructura y recuperación económica recaerán sobre entidades que deberán movilizar recursos adicionales.