Contra viento y marea

Como era de esperar el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), analizando el proyecto de construcción de la represa Casupá, presentado por nuestro país para obtener un préstamo de US$ 130 millones, catalogó que el mismo implica riesgo social y ambiental ALTO. Es la máxima categoría en su sistema de evaluación.

La CAF es una institución financiera multilateral que apoya el desarrollo sustentable, e invierte en el área ambiental. Esto debería ser impedimento suficiente para que Casupá no sea un proyecto elegible. Pero, como sucede tantas veces, siempre hay formas de cumplir en apariencias con los requisitos más específicos -o acercarse a ello-, recurriendo a la promesa de llevar adelante medidas de mitigación y compensación, que ayuden a disimular los peores daños.

Como lo hemos repetido hasta al cansancio, lo grave del capricho gubernamental con la imposición del proyecto Casupá -como debería denominarse a todas las obras que impulsa el gobierno en la zona y no solo a la construcción de la represa; pues nada tiene que ver con el proyecto Neptuno original, pero si no mantenían su nombre, debían llamar a una nueva licitación-, es que desplazó al Neptuno que era mucho mejor.

La obsesión gubernamental se centró en hacer caer una excelente obra de su antecesor, para evitar que éste recibiera los laureles del éxito, al dar una respuesta definitiva (a un viejo problema) que garantizara no atravesar más por la dura coyuntura que vivió la población metropolitana con el suministro de agua potable que casi se agotó en 2023. Trasladó un asunto de suma seriedad al banal terreno de una competencia deportiva.

Hasta ahora el gobierno no ha justificado el cambio de rumbo que impuso, porque no la tiene.

-No garantiza lo que promete porque traslada las obras nuevamente a la cuenca del río Santa Lucía, la cual se encuentra muy comprometida desde hace años. Ya exhibió toda la vulnerabilidad que tiene ante inundaciones y sequías severas, eventos que sabemos se repetirán cíclicamente, con pronósticos preocupantes.

-No tiene en consideración el golpe que les provocará a las personas afectadas con las expropiaciones.

-Agrava la frágil situación de la cuenca del río Santa Lucía.

-Desestima disponer de una fuente inagotable de agua bruta para el suministro metropolitano, eligiendo en cambio una opción que se sabe de antemano será muy susceptible frente a inundaciones y sequías.

-Provocará la destrucción de más de 2.000 hectáreas de campos fértiles y más de 400 hectáreas de monte indígena con toda su fauna asociada.

A esta altura de los acontecimientos queda claro que el gobierno es consciente de este yerro. No se trata de una equivocación técnica sino de una decisión estrictamente política.

Y queda claro que no importan los resultados de los estudios de impacto ambiental, las fragilidades evidentes de concentrar más proyectos en una cuenca muy vulnerable, las consecuencias sociales y económicas sobre las personas afectadas, la opinión de especialistas o los reclamos de los vecinos que serán violentamente expulsados. No admitirán su equivocación.

Lo que mal comienza, mal terminará.