Encrucijada en Ceuta

Las fronteras españolas en el norte de África han vuelto a convertirse en escenario de una crisis que trasciende lo puramente migratorio para adentrarse en la alta geopolítica. Los vertiginosos acontecimientos registrados los días 30 y 31 de julio en Ceuta no representan un fenómeno aislado ni una mera emergencia humanitaria. En cambio, los antecedentes apuntan a lo que parece haber sido una agresión coordinada a la soberanía territorial del país y de la Unión Europea. Así, la llegada masiva de miles de migrantes irregulares expuso otra vez la fragilidad de un enclave estratégico y la vulnerabilidad de una nación cuando su gobierno -sostienen los críticos- renuncia al ejercicio pleno de la autoridad.
Este último cuestionamiento tiene base: la respuesta inicial de la Moncloa frente al desbordamiento en la divisoria ceutí resultó tardía y tibia, transmitiendo una señal devastadora de paralización institucional. Mientras las fuerzas de seguridad y la población civil se veían desbordadas, la administración de Pedro Sánchez optó por el cálculo retórico y la dilación, postergando medidas de contención.
Esta pasividad oficial adquiere tintes preocupantes ante las revelaciones de informes policiales. En particular, el elaborado por el Centro de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional, que habla del "guiado activo" de los migrantes que habrían efectuado agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes. Ello sugiere una connivencia de Rabat y avala la tesis que el gobierno de Sánchez se resiste a aceptar: el uso por parte de Marruecos del flujo humano como instrumento de presión contra una España que, bajo la actual administración socialista, ha abundado en gestos contemporizadores hacia ese reino. Las encuestas de medios como ABC y El País muestran que la mayoría de la población también cree que el gobierno marroquí estuvo detrás de los hechos y califica la actitud de Sánchez como débil.
En lo judicial, la Audiencia Nacional ha resuelto iniciar una investigación penal que permita determinar el fondo de lo sucedido. Mientras, el gobierno central ha buscado desacreditar al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas (Partido Popular), una burda forma de eludir sus propias responsabilidades. Además, ha anunciado para hoy la liberación de informes de inteligencia sobre lo ocurrido.
Nada de esto ha logrado contener la indignación de los españoles. Una muestra fueron las masivas manifestaciones de la semana pasada en todo el país, en que ciudadanos de diversas regiones marcharon en repudio al manejo gubernamental.
En este contexto, la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, el jueves pasado, pareció un ejercicio de elocuencia vacía. Siguió eludiendo asumir responsabilidades y evitando señalar a Rabat, aunque haciendo esta vez un matiz: dijo que, "al día de hoy", el gobierno no había recibido información que avalara las versiones sobre el papel de las autoridades marroquíes en el origen de la crisis. Y es que admitir esto último implicaría reconocer también el fracaso de su cuestionada política hacia el reino africano.
Como se ve, España enfrenta en estas horas un reto decisivo: recordar a sus gobernantes que la integridad territorial y el respeto exterior no son negociables.