Visión crítica del CFA

En entrevista con "El Mercurio", Hermann González, exintegrante del Consejo Fiscal Autónomo (terminó su período hace un mes), realizó un profundo análisis sobre el funcionamiento de ese organismo público, creado en 2019 como continuador del Consejo Fiscal Asesor, que a su vez había partido en 2013. La creación del CFA como entidad autónoma buscó dotar de mayor peso e independencia al Consejo para evaluar y supervisar el cálculo del balance estructural, analizar la salud financiera del Estado y dar su opinión técnica cuando se detectaran incumplimientos de los compromisos fiscales, junto con otros roles. El deterioro de la situación fiscal experimentado por Chile en los últimos años ha realzado su papel, especialmente a partir del sostenido incumplimiento de las metas de balance estructural.
En este contexto, tal vez la mayor dificultad del CFA sea encontrar el equilibrio justo entre ofrecer una visión descriptiva de las cifras del Estado y sus consecuencias, y entregar una mirada normativa de la política fiscal -es decir, plantear cómo esta debería ser-. La ley que rige su funcionamiento claramente enfatiza el primer aspecto, y no otorga mayores atribuciones respecto de lo segundo. Es por ello que su intervención en el debate público, cuando pasa a proponer o a criticar las propuestas que emergen de un gobierno, plantea complejidades. En rigor, su rol debería estar más bien centrado en proporcionar antecedentes acerca de las consecuencias objetivas de las políticas que se estén implementando. Ahora bien, el aterrizaje práctico de estos criterios no es sencillo.
Un ejemplo claro al respecto se encuentra en la reciente discusión del capítulo tributario de la Ley de Reconstrucción. En su intervención, el CFA puso énfasis en el riesgo de que la recaudación fiscal esperada no se cumpliera, sin hacer, en cambio, referencia a que los ajustes fiscales y la contención del gasto implementados por el Ejecutivo podrían compensar -al menos en parte- los menores ingresos por concepto de impuestos. Hay que considerar que las metas fiscales de un gobierno están recogidas en su compromiso con la trayectoria del balance estructural. En este sentido, el CFA debe tener la capacidad de cuantificar los impactos de esa trayectoria sobre la deuda pública y sobre la solvencia fiscal, así como hacer un seguimiento del efectivo cumplimiento de las metas autoimpuestas por una administración. Más discutible es, en cambio, su evaluación de políticas individuales sin una referencia al resultado global. El énfasis en riesgos importantes, pero parciales, puede terminar invalidando su trabajo.
El Consejo Fiscal Autónomo ha cumplido un rol destacado durante estos años, al hacer ver ante la sociedad y el Congreso la importancia de cautelar la disciplina fiscal. En la medida en que esa disciplina se ha vuelto más esquiva para el país, es inevitable que los informes del CFA produzcan reacciones diversas en el sistema político y que unos y otros actores pretendan utilizarlos en abono de sus respectivas posiciones. La institución, sin embargo, debe evitar inmiscuirse en el debate político yendo más allá de lo que su naturaleza estrictamente técnica mandata.