Filtraciones sanitarias

Las aguas no facturadas o perdidas en las redes de agua potable alcanzan, en promedio, a un tercio de las que se inyectan al sistema. Una parte se pierde por robo, otra fracción se utiliza contra incendios y usos similares, pero la mayor parte se filtra a través de redes en estado deficiente. La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), en conjunto con las empresas, pretende bajar la cifra de agua no facturada hasta un 25% en el largo plazo. Esto no es una meta ambiciosa, considerando que en muchos países desarrollados las cifras están bajo el 20% y, en algunos países, incluso bajo el 10%.
En alguna medida, se puede afirmar que el agua perdida va a las napas y no se pierde realmente. El problema es que sí pierde su atributo de potabilidad y además, para recuperarla, necesita ser bombeada a la superficie y reconducida a un punto más alto en la ciudad. Actualmente, en época de sequías, las empresas sanitarias toman agua del sector agrícola para servir al consumo humano. Esto ha llevado a idear proyectos como el Retorno Maipo, en que Aguas Andinas acordó con regantes utilizar agua de ese río, para luego devolverla mediante un ducto de 35 km desde la planta de tratamiento El Trebal. Si hubiera menos pérdidas, se podría atenuar la necesidad de estos arreglos.
Las razones para las pérdidas en la red incluyen desde los efectos de los terremotos a los materiales utilizados, pero el factor determinante es la antigüedad de dichas redes, que, en el caso de Santiago, alcanza casi 40 años en promedio. Y es que, con el paso de los años, comienza a aumentar la frecuencia de las fallas. Esto ocurre en particular en el caso del material más común, el asbesto cemento, cuyo promedio de edad es de cincuenta años. A la tasa de reposición actual, de un 0,44% anual, la renovación de la red tardaría 227 años, muy superior a la vida útil de los materiales.
Las empresas tienen un incentivo a reducir las aguas no facturadas, porque su tarifa se calcula usando un nivel de pérdidas mucho menor que el real, de tal modo que sus ganancias aumentan si ellas disminuyen. El problema es que el valor de las tarifas no es suficiente para inducir la inversión eficiente en renovación de redes: se pagan los costos operacionales, y una parte de los de reponer la red, pero no lo suficiente para una tasa de renovación compatible con la vida útil de los materiales. Y el efecto no son solo pérdidas de agua, sino una mayor frecuencia de cortes de servicio.
Dado que no se desea aumentar sustancialmente las tarifas, el acuerdo entre las sanitarias y la SISS consiste en medidas paliativas eficientes. Entre ellas se cuenta reducir las variaciones en presión del agua, sensores que permitan detectar filtraciones e intervenir esas partes de la red y así reparar rápidamente las fallas. Si bien esta política es de menor costo que aumentar la tasa de renovación, tiende a un incremento en las tarifas. Pero los menores costos en pérdidas y otros beneficios de estas intervenciones tienden a reducir el monto de ese aumento.
Si bien en Chile las tarifas de agua potable son relativamente elevadas para América Latina (aunque mucho menores que las de los países desarrollados), el servicio que se recibe a cambio es de una calidad muy superior. Primero, por la alta cobertura, incluso durante una sequía que perduró más de una década. Es el único país de América Latina en que es posible tomar agua de la llave sin temor, y donde las aguas servidas usualmente no contaminan los ríos ni las playas. Por esto, comparar con las tarifas del resto de la región es comparar dos servicios diferentes.