"Naides es más que naides"

En una buena democracia nadie vale más que nadie como persona. La riqueza, los talentos, el apellido, la profesión o la posición social no hacen a una persona superior a otra. Todos merecemos la misma dignidad y debemos ser iguales ante la ley.

El equívoco comienza cuando esa igualdad de dignidad y consideración se traslada a otros planos y se actúa como si también fuéramos iguales en capacidades. No lo somos.

Las personas somos distintas en inteligencia, formación, experiencia, criterio, capacidad de conducción y aptitudes para determinadas tareas. Reconocerlo no tiene nada de malo ni de antidemocrático. Un cirujano no vale más que su paciente, pero preferimos que nos opere él.

Un ingeniero no tiene mayor dignidad que quien no terminó el liceo, pero es más razonable confiar en él para construir un puente.

En política, sin embargo, muchas veces parece regir otra lógica. Es claro que cualquier ciudadano tiene derecho a ser parlamentario, ministro o presidente. Pero de allí no se sigue que cualquiera esté igualmente preparado para desempeñar adecuadamente la función.

Legislar o gobernar exigen comprender asuntos complejos, analizar consecuencias, estudiar presupuestos, conocer instituciones, escuchar especialistas y distinguir argumentos de consignas.

Por cierto que un título universitario no garantiza inteligencia o buen criterio, ni su ausencia demuestra incapacidad. Hay personas extraordinariamente capaces que se formaron fuera de las aulas y profesionales con muchos diplomas incapaces de gobernar. La cuestión que tratamos es otra: la competencia para la función es clave.

Y tengo la impresión de que hoy eso no se valora lo suficiente.

El problema se observa con particular claridad en el actual gobierno frentista. Naturalmente existen allí dirigentes y técnicos capaces. Pero, considerado en conjunto, cuesta advertir que se haya buscado sistemáticamente a las personas mejor preparadas para cada responsabilidad. Con demasiada frecuencia parecen pesar más la confianza política, la pertenencia sectorial, la militancia o los equilibrios internos.

Eso puede ser comprensible para organizar un partido. Pero es inaceptable cuando se gobierna un país. El gobierno no debería funcionar como un club político que distribuye cargos entre los suyos. Su obligación es producir resultados para toda la sociedad. Y para ello necesita personas capaces de hacer aquello que se les encomienda. Y si no los producen, cambiarlas por otras que sí lo logren.

No alcanza con compartir un proyecto, haber militado durante años o contar con la confianza de un dirigente. Para conducir un ministerio, dirigir una empresa pública, administrar la seguridad, reformar la educación o diseñar políticas sociales hay que saber hacerlo. Y si en el partido no está la persona adecuada, hay que buscarla afuera.

Porque el Estado no pertenece al partido que ganó las elecciones. Ese partido obtiene legítimamente el derecho a fijar una orientación política, pero gobernar exige después convertirla en realidad. Allí empiezan a importar la formación, la experiencia, el conocimiento, el criterio y la capacidad de ejecución.

Cuando la pertenencia política pesa más que esas capacidades, se devalúa el hacer. Importa lo que se proclama, la identidad desde la que se habla o la causa que se dice representar; importa menos lograr que las cosas funcionen.

Y gobernar es, sobre todo, hacer.

Es mejorar la seguridad, enseñar mejor, administrar bien los recursos, hacer funcionar los servicios públicos, generar condiciones para que la economía crezca y enfrentar con eficacia los problemas sociales. Las buenas intenciones pueden ser valiosas, pero no sustituyen la capacidad necesaria para transformarlas en resultados.

Aquí aparece, a mi juicio, el equívoco al que parecen haber llegado muchos a partir de aquel: "naides es más que naides", que José Mujica convirtió en emblema, y que defienden los igualitaristas a ultranza.

Como afirmación sobre la dignidad humana, es impecable. Pero se vuelve equivocada si termina impregnando una cultura en la que reconocer que alguien sabe más, está mejor preparado o posee mayores capacidades parece sospechoso o elitista.

Cuando esa distinción se olvida dentro de un partido, el problema es del partido. Cuando se olvida desde el gobierno, las consecuencias las paga todo el país.

Por eso preocupa lo que estamos viendo. Uruguay enfrenta problemas demasiado serios como para que los cargos públicos sean principalmente lugares de confianza política o reconocimiento militante. La confianza es necesaria, pero no puede sustituir la idoneidad.

Gobernar debería significar buscar a los mejores disponibles, personas con capacidad, experiencia y conocimiento suficientes para la responsabilidad que reciben. Esto no supone reclamar un gobierno de tecnócratas ni una aristocracia de títulos.

Supone algo mucho más sencillo: exigir que la política vuelva a valorar el saber hacer.

La democracia exige que nadie sea considerado inferior.

Pero el respeto por los ciudadanos exige también que quienes gobiernan sepan lo que están haciendo y sean competentes para llevarlo adelante.