Preguntar no es pedir permiso

Una pregunta puede terminar en una explicación, en una corrección o en silencio. Para quien espera una ayuda o necesita entender una cifra, la diferencia importa. El derecho a preguntar se pone a prueba en lo que ocurre después de ejercerlo, sobre todo cuando el poder preferiría no responder. Si solo podemos cuestionar mientras quien gobierna lo permita, dependemos de su buena voluntad. Una democracia necesita garantías que sobrevivan al disgusto de sus gobernantes. Ganar las elecciones da autoridad para decidir y obliga a rendir cuentas, también ante quienes no votaron por el ganador. La controversia del Dane permite concretar esa exigencia. El dato de inflación de agosto y sus soportes fueron publicados, y no hay fundamento para cuestionar la integridad de esa cifra. Lo que exige explicación es la cancelación de la rueda de prensa: quién la decidió, por qué y cómo podrán ahora periodistas y ciudadanos interrogar a los responsables técnicos. Como exdirector del Dane, defiendo su autonomía para decidir cómo explica los resultados. El formato puede cambiar. Sin embargo, debe preservarse una interlocución efectiva e independiente de la conveniencia política. Un trabajador que almuerza corrientazo frecuentemente merece entender por qué el precio de su almuerzo sube, desde noviembre de 2025, bastante más por encima de la inflación general, en todo el país. Un boletín entrega el resultado. Una pregunta permite examinar qué significa para su vida. ¿Quién responde? ¿Puede el ciudadano pedir una precisión? ¿Queda la explicación disponible para otros? La confianza necesita esas posibilidades. La Flip ha advertido que la coordinación previa de entrevistas prevista en la Directiva Presidencial 01 podría convertirse en un filtro de acceso a funcionarios. Presidencia debe explicar cómo evitará que coordinar termine condicionando las respuestas. El interés público de una pregunta debe pesar más que la simpatía que despierte quien la formula. Esa garantía debe proteger también a quien cuestiona nuestras propias decisiones. Defender la libertad de prensa exige aceptar la entrevista difícil y la caricatura incómoda. El derecho a preguntar pierde sentido si solo lo reclamamos para nuestros aliados. Una familia afectada por el terremoto necesita algo igualmente concreto: saber por qué quedó fuera de las ayudas, quién revisa su caso y cuándo tendrá respuesta. Su pregunta puede descubrir una omisión. El paso siguiente debe ser comprobarla y, si corresponde, corregirla. Allí se encuentran el derecho ciudadano y la capacidad del Estado para aprender. Todos podemos estar convencidos y, aun así, equivocarnos. Lo difícil es reconocerlo después de defender una decisión en público. Sostenerla por orgullo puede hacer que otros paguen el costo. Responder con rigor puede mejorar una decisión o demostrar por qué debe mantenerse. Quiero asumir esa obligación desde esta primera columna. Si una respuesta desmiente mi crítica, lo reconoceré ante los lectores. Si una medida funciona, lo diré aunque discrepe de quien la propuso. Si vulnera derechos, la cuestionaré aunque venga de alguien cercano. La Constitución, los hechos y las consecuencias para las personas deben orientar mi juicio. Pido que el Dane explique su decisión y publique el mecanismo de interlocución. Además, es clave que Presidencia precise los límites de su coordinación y que las entidades identifiquen responsables y plazos para atender reclamaciones. La prueba será si podemos obtener explicaciones, solicitar una revisión y comprobar las correcciones. Presidente, las preguntas pueden ayudarle a gobernar mejor. Pero el derecho a hacerlas se sostiene incluso cuando a usted no le resulten útiles. La ciudadanía no tiene que ganarse su benevolencia. Tiene derecho a exigir respuestas.
El derecho a la interlocución
Juan Daniel Oviedo