Las alternativas del Gobierno frente a una deuda cerca de niveles que encienden alarmas

El Gobierno Nacional se enfrenta a una brecha entre ingresos y gastos que, por ahora, solo puede cerrarse

con mayor endeudamiento.
Aunque el ajuste presupuestal para 2027 de 59,3 billones de pesos —para un total de 534,9 billones de pesos— ha sido catalogado como un sinceramiento necesario de las finanzas del Estado, trae consigo la necesidad de elevar el endeudamiento público a niveles sin precedentes. Este incremento se explica, principalmente, por los 37,4 billones de pesos adicionales del servicio de la deuda, que pasó de los 118 billones de pesos calculados en la propuesta de la administración de Gustavo Petro a 155,4 billones de pesos en el nuevo texto presentado por el gobierno de Abelardo De La Espriella. "Se estaba subestimando el monto del servicio de la deuda, y por eso se reajustó a un monto más realista. Es decir, no se está aumentando la deuda sino reconociendo de manera más fidedigna la que se vence en 2027 y que el gobierno Petro había metido bajo el tapete", afirmó el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo. A este sinceramiento se suma la inclusión de partidas que no estaban plenamente incorporadas en el proyecto inicial, destinadas a financiar la salud, pensiones, subsidios de energía y gas, nómina pública, universidades y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Al haber descartado la implementación de nuevos impuestos para cubrir el déficit fiscal, el Gobierno Nacional se enfrenta a una brecha entre ingresos y gastos que, por ahora, solo puede cerrarse con mayor endeudamiento. César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, destaca que dos terceras partes del incremento del presupuesto provienen del servicio de la deuda y advierte que las necesidades de financiamiento casi se duplicaron para 2027. Si bien considera positivo el ejercicio de transparencia del Ministerio de Hacienda para recuperar la confianza del mercado, sostiene que afrontar montos de tal magnitud resulta sumamente retador. "El mensaje ha sido de transparencia y de manejo macroprudencial, una condición necesaria para el contexto macroeconómico que estamos viendo y la difícil situación fiscal del país", afirmó Pabón. No obstante, advirtió sobre la fragilidad del marco institucional actual: "Formalmente, la regla fiscal establece que el límite de la deuda es del 71 por ciento, pero en este momento está inoperante dada su desactivación. Si no se hace un ajuste y vemos deudas más cercanas al 70 por ciento que al 60 por ciento del PIB, es difícil que el mercado pueda financiar eso por sí solo, dados los altos riesgos de estabilidad macroeconómica", afirmó. En esa misma línea, Pabón recalca que la prioridad del Ministerio de Hacienda debe ser el ajuste fiscal, pues, en la medida en que se acerque a la meta de 2,2 puntos del PIB, permitirá no solo aliviar las finanzas, sino generar confianza y estabilidad. "Esto no es una foto fija, sino la película de las acciones para corregir el rumbo de las finanzas públicas", agregó. De igual manera, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) enfatizó que la sostenibilidad de las finanzas públicas es un bien público que no puede postergarse, por lo que considera urgente definir e implementar una estrategia "convincente" de consolidación fiscal que permita estabilizar la deuda y retornar al mecanismo paramétrico de la regla fiscal "Se ha anunciado un ajuste fiscal de 2,2 por ciento del PIB, concentrado en cerca de dos terceras partes en medidas de gasto. Corresponde al Gobierno presentar oportunamente las alternativas de ajuste", comentó. Por su parte, Juan Camilo Restrepo alerta de que si durante el debate parlamentario del presupuesto se agregan nuevos rubros de gasto, estos terminarán financiándose con más emisión de deuda, pues las medidas de recortes anunciadas (20,9 billones de pesos para este año y 40,2 billones de pesos para 2027) aún no se materializan en la dimensión requerida. "La situación sigue siendo muy complicada; y el ajuste fiscal aún es incierto y lejano en la dimensión que se requiere para corregir la calamitosa situación que dejó la administración Petro", aseguró. Estrategia de reperfilamiento Uno de los principales cuellos de botella heredados es la alta concentración de obligaciones en el corto plazo. Además de haber crecido inmoderadamente, la deuda dejada por la administración anterior quedó fuertemente acumulada en los primeros trimestres del próximo año. Según Pabón, los títulos de tesorería a corto plazo pueden llegar a superar los 40 billones de pesos en el primer semestre de 2027, constituyendo un volumen de deuda muy alto que requiere refinanciación inmediata. Para aliviar esa presión, el Ministerio de Hacienda busca entablar negociaciones con los acreedores para realizar un reperfilamiento de la deuda con el fin de sustituir los compromisos por títulos de más largo plazo (roll-over). Para Juan Camilo Restrepo, "esta es una operación bastante normal y se justifica plenamente en las actuales circunstancias". Coincidiendo con esta postura, José Ignacio López, presidente de Anif, explica que la acumulación de pasivos obliga a replantear la estrategia de financiamiento. "El gobierno anterior generó una presión importante en las cuentas fiscales con endeudamiento a corto plazo, y probablemente el gobierno De La Espriella hará un refinanciamiento con títulos de largo plazo para generar un perfil más homogéneo, de tal suerte que no haya una concentración de vencimientos tan importante en el corto plazo", detalló. López añade que los 37,4 billones de pesos en el servicio de la deuda no son una camisa de fuerza inamovible, sino una estimación inicial sobre la cual se puede intervenir. "Es posible buscar una estrategia de deuda para reducir los 30 billones de pesos de amortizaciones a un rango entre 5 billones y 10 billones de pesos para más inversión", señaló. Sin embargo, el presidente de Anif aclara que la emisión de deuda a largo plazo suele conllevar tasas de interés más altas. Por ello, insiste en que un mensaje contundente de austeridad y la aprobación de la Ley de Rescate Económico en el Congreso serán determinantes para lograr tasas a largo plazo más bajas.