Reforma política

Si bien dista de ser una verdadera reforma al sistema político, hay elementos interesantes en el conjunto de cambios a la Ley de Partidos y a la de Votaciones y Escrutinios que el Congreso podría despachar la próxima semana. Se trata de una iniciativa presentada por el gobierno anterior, impulsada en su momento por el exministro Álvaro Elizalde. Apunta a elevar las exigencias para la conformación de partidos políticos, así como a dar sustento legal al funcionamiento de los comités parlamentarios, en la idea de introducir mayor orden en el Congreso.
La iniciativa difícilmente resolverá la fragmentación extrema de nuestro sistema político, originada en un sistema electoral que esta reforma no toca. Sin embargo, al aumentar los requisitos para crear partidos y para acceder al financiamiento público de ellos, puede ayudar a contener el fenómeno reduciendo los factores que lo incentivan. Entre otros puntos, el proyecto eleva la cantidad de militantes necesarios para constituir una colectividad -del actual 0,25% del electorado que haya votado en la última elección de diputados, se pasa al 0,3% del padrón habilitado para votar- y dispone que ese requisito deberá cumplirse en al menos ocho regiones (hoy basta con tres); además, establece que solo los partidos con representación parlamentaria podrán acceder al financiamiento basal del Estado. Junto con ello, también aumenta las cifras exigibles para la presentación de candidaturas independientes. Se busca de este modo restringir los espacios para el aventurerismo político que hoy campea en cada proceso electoral, con profusión de candidaturas que alcanzan mínima votación y de partidos cuya vida legal termina luego de los comicios.
Ha de tenerse presente, sin embargo, que la capacidad de reunir firmas, si bien puede ser un requisito razonable para la constitución de nuevas colectividades o para la postulación de independientes, no es un indicador de representatividad (ha habido candidatos independientes cuyo número de votos ha sido incluso inferior al de las rúbricas que los avalaron) ni tampoco de la solidez de las estructuras partidarias. Prueba de esto último es el bajísimo porcentaje de militantes que efectivamente participan en las elecciones internas de los partidos. En este sentido, una arista compleja del proyecto es su incidencia sobre las colectividades ya existentes: al aumentarse los militantes necesarios para constituir un partido, también aumentan automáticamente aquellos necesarios para que uno ya legalizado pueda seguir existiendo. En la práctica -y como mostró un reciente reportaje de "El Mercurio"- ello obligará a colectividades con representación parlamentaria y de larga trayectoria salir a buscar, en algunos casos, cantidades significativas de nuevos militantes. La experiencia del refichaje llevado a cabo hace una década mostró que estos ejercicios no necesariamente revitalizan el sistema de partidos y en cambio pueden entregar una cuota desproporcionada de poder a caudillos con capacidad para movilizar clientelas electorales. El caso del cuestionado exalcalde Aguilera, de San Ramón, clave en el proceso de refichaje del PS, fue una muestra.
Una segunda parte del proyecto tiene que ver con los comités en que se agrupan los parlamentarios de cada partido para coordinar el trabajo legislativo. Así, se reconoce legalmente la figura del jefe de comité y la posibilidad de que estos grupos puedan sancionar a los miembros que incumplan sus acuerdos. No es del todo claro, sin embargo, cuál podría ser el alcance de esas sanciones, pues ellas no podrían afectar las funciones privativas de un parlamentario. A la luz de la discusión, una posible medida sería la de cambiar de comisión a los "díscolos", sacándolos de aquellas más relevantes y disputadas, para instalarlos en otras con menor incidencia, práctica que hoy existe, pero que suele suscitar conflictos. Importante será en cualquier caso que esta no sea una forma subrepticia de introducir las órdenes de partido, prohibidas por nuestra legislación. No menos negativo sería que, en el contexto actual, se pretendiera de esta manera "castigar" a aquellos congresistas que se muestren más abiertos al diálogo y a la búsqueda de acuerdos con el adversario.