Plan de emergencia laboral

Ante el reconocimiento de que las expectativas de los agentes económicos no fueron suficientes para generar la esperada reactivación y que los positivos impactos de la Ley de Reconstrucción no llegarán antes de 2027, la situación del mercado laboral está recibiendo una más amplia atención del Ejecutivo. Así, si bien los 43 boletines consecutivos del INE con tasas de desempleo de 8% o más daban cuenta hace ya tiempo de la necesidad de acciones urgentes, fue el 9,5% a nivel nacional registrado en el trimestre mayo-julio el que convenció al Gobierno de la necesidad de medidas adicionales.
El mercado laboral chileno sufre el impacto de distintos shocks , todos con efectos negativos, pero que actúan en diferente frecuencia. En primer lugar, el encarecimiento de la contratación formal ha sido un proceso gradual pero constante, que ha tomado distintas formas en el tiempo, siempre originado por visiones equivocadas desde la política, y que ha generado un cambio estructural dentro de nuestra economía. Ello explica, en buena medida, el que varias estadísticas laborales nunca recuperaran sus niveles prepandemia.
Tal como lo han planteado muchos expertos, a dicho encarecimiento se ha sumado ahora una revolución tecnológica que está facilitando el reemplazo de empleos humanos por máquinas. El efecto final de este segundo proceso es aún desconocido, pero no son buenas noticias para trabajadores que desarrollan tareas rutinarias.
Y finalmente, factores más de corto plazo, como el encarecimiento de los combustibles y ajustes fiscales, pueden también estar afectando en el margen las decisiones de contratación.
El desafío generado por todos estos elementos puede ser ilustrado con un cálculo sencillo. Manteniendo todas las otras variables del mercado laboral constantes, alcanzar la meta de 6% de desempleo significaría pasar a más de 360 mil desempleados a la categoría de "ocupados" (esto es equivalente a reducir el número de desempleados, que supera las 980 mil personas, en un 37%). Dado el tamaño del desafío, es necesaria una agenda laboral que incluya medidas de corto, mediano y largo plazo.
El Gobierno ha comenzado a delinear un plan con estas características, el que vendría a complementar acciones previas en el campo legislativo, como la flexibilización de las 40 horas y avances en los contratos por hora.
Si bien el detalle de las nuevas iniciativas aún no se conoce, ha trascendido que se avanzaría en medidas intensivas en mano de obra a ejecutar por los municipios bajo la coordinación de la Subdere y en un impulso a la inversión pública. Respecto de esto último, sin embargo, no es del todo evidente que permita atender la situación en el corto plazo, toda vez que activar programas de inversión toma tiempo. Adicionalmente, se consideraría la inyección de recursos a los subsidios del Sence, herramienta que debe ser afinada para asegurar un impacto rápido. La agenda también debería evaluar la posibilidad de ampliar, perfeccionar y nutrir de recursos (al menos de forma transitoria) el Subsidio Unificado al Empleo (SUE) que comienza a operar a partir del 1 de octubre, e implementar programas flexibles de primer empleo (aprendices). La posibilidad de avanzar rápidamente en programas de reentrenamiento, con un foco en habilidades y conocimientos demandados frente al cambio tecnológico, podría ser un complemento positivo. La experiencia y reputación de instituciones de educación superior especializadas en programas cortos bien podría ofrecer un pilar para ello.
Es posible que parte de esta discusión se dé en el contexto de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, que comienza en algunas semanas. Sin embargo, frente a la realidad que se enfrenta y por las características del debate de dicha ley, tal vez ella no sea el marco adecuado. Y es que, por el costo social que significa un mercado laboral golpeado por distintos shocks , el actuar del Ejecutivo debe ser raudo, sin retrasos ni postergaciones. En este sentido, ha llamado a algunos la atención que este "plan de emergencia laboral" haya sido solo objeto de anuncios generales, donde las medidas precisas y los montos fiscales a asignar recién serán conocidos a fin de mes. Cabe demandar aquí celeridad: frente a casi un millón de desempleados, cada semana cuenta.