La confianza vuelve a estar en riesgo

Jorge Restrepo
La elección de Abelardo de la Espriella trajo un aumento temprano de la confianza por parte de los inversionistas, con una rápida apreciación del peso y los títulos de deuda de la Nación. Buena parte de esa confianza ganada se perdió en las últimas dos semanas. Hasta ahora, solo tuvimos un costo de oportunidad y no uno material pues perdimos el chance que tuvo el gobierno de reperfilar la deuda pública. Tras la emergencia del terremoto, el gobierno se ocupó de revisar y corregir un Presupuesto de la Nación subestimado —una mina antiestabilidad macroeconómica que dejó el anterior gobierno—. El resultado de esta revisión fue la aprobación por el Congreso de un megapresupuesto que no podemos pagar. Aunque el ‘presupuesto XXL’ como lo llamó el exministro Mauricio Cárdenas le pegó al precio de los activos colombianos, lo sorprendente es que no desencadenó una crisis fiscal y de deuda. Los inversionistas han resultado no solo más interesados de lo esperado en Colombia, sino más comprensivos de lo racional, con una euforia duradera. El problema que debe enfrentar ahora el Gobierno no es cómo pagar ese megapresupuesto megadesfinanciado, es cómo reducirlo. Si el Gobierno insiste ante el Congreso en que le aflojen la última restricción presupuestal —el cupo de deuda— para lograr financiarlo con nueva emisión de títulos, requeriría al menos colocar 90 billones de pesos en 2027, lo que nos pondría cada vez más cerca de una súbita caída del precio de la deuda. Ese choque reverberaría sobre todos los portafolios incluyendo los de ahorro para las pensiones. Es seguro que el gobierno no tomará de forma imprudente ese camino riesgoso. Para evitar la megaemisión de deuda, lo mejor es que el Gobierno combine todas las fuentes de recursos: nuevos recursos de impuestos, nuevos recursos de capital —vendiendo activos como ISA u otras empresas que no hacen parte de su función esencial— y una reestructuración del gasto de la Nación. Muchos rubros de inversión tendrán que ser aplazados por años, comenzando por los más grandes: la renegociación o terminación por fuerza mayor de contratos ya firmados, como los de los aviones de superioridad aérea y otro equipamiento militar. Muchas entidades tendrán que ser reestructuradas y otras eliminadas, delegando funciones, como la Unidad de Protección a la Policía Nacional. Las compensaciones e indemnizaciones por solidaridad, no obligadas, deberán frenarse hasta que existan recursos para pagarlas. Los programas de asistencia social que puedan transferirse a las ciudades, deberán ser asumidos por ellas. Reducir al mínimo los recursos de inversión en todas las instituciones del Estado es un imperativo, como lo es cerrar programas de baja efectividad que no suponen una regresividad de derechos. Dejar de perder confianza, apenas mantenerla, dependerá de la capacidad del gobierno de adelantar esa reestructuración del gasto para llevar al mínimo las necesidades de nuevo financiamiento. Es la última oportunidad de prevenir una crisis.
Profesor de economía, Pontificia Universidad Javeriana.