El ejército de ciegos

David Toscana exhumó en El ejército ciego, novela ganadora del Premio Alfaguara 2026, un episodio de las crónicas bizantinas. En 1014 Basilio II ordenó arrancar los ojos a quince mil prisioneros búlgaros y dejó tuerto a uno de cada cien para que guiara al resto. Era la visión justa para que la columna avanzara, ni un ojo más.

En Uruguay no hizo falta arrancar nada. Los datos sobre violencia letal existían y se fueron apagando por vía administrativa, hasta una oscuridad epistemológicamente complaciente, porque nada es más cómodo que sostener que nada puede conocerse. Entre 2020 y 2025 el Ministerio del Interior sostuvo, con un informe de 2024 encargado a Emiliano Rojido, Ignacio Cano y Doriam Borges, que apenas el 1,9% de los homicidios respondía a enfrentamientos entre grupos vinculados al tráfico de drogas. Con esa cifra se ordenó el presupuesto y se desacreditó al Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, que sostenía lo contrario. El desacuerdo técnico se resolvió por vía disciplinaria.

En abril de 2026 la estadística oficial atribuyó al tráfico de drogas 115 homicidios, el 31% del total anual, más de quince veces la cifra fundante. Ese 31% es un piso, porque las 39 ejecuciones sumarias y los 40 homicidios de móvil indeterminado añaden otro 21% que la tabla no imputa a ninguna causa. El peso real supera el 40% que estimaba el Observatorio.

El boletín de julio reportó 195 homicidios, el semestre más sangriento desde 2018, y suprimió la clasificación por móvil, la única desagregación que permitiría saber qué crece. Con eso se desoja la posibilidad de ver y se libra a quien administra del inconveniente de ser evaluado.

Basilio el cruento dejó ciento cincuenta ojos.

Sobre esa oscuridad se escribió el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, anunciado con estridencia como política de Estado, y después vino el silencio. Registros extraoficiales confiables marcan un 20% más de homicidios en los primeros ocho meses.

Todo instrumento a 10 años apuesta a un diagnóstico, y la etiología uruguaya sigue en disputa más por decisión administrativa que por escasez de evidencia. Si el motor del homicidio es el mercado minorista de pasta base, las herramientas son la inteligencia criminal, el esclarecimiento, la persecución del armamento y la profundización de la legalización. Si es la vulnerabilidad social difusa, las herramientas y los indicadores son otros.

Tampoco es inteligente hacer eje en los nombres del hampa, en ninguna acepción de la palabra. No lo es para la inteligencia criminal, que trabaja sobre estructuras y no sobre personajes, ni para la comunicación, porque cada operativo anunciado con nombre y apodo colabora en la empresa elegíaca de fabricar figuras de crónica roja y devolverlas al barrio convertidas en leyenda. Esos nombres son fungibles y tienden borgianamente al infinito, porque el que cae deja el sitio caliente al que sigue. Ni los clanes explican gran cosa sin diagnosticar las estructuras materiales que los producen, de barro, nylon y plomo, que ninguna captura desarma.

Una respuesta ya fue replicada y medida. Las leyes 19.446, 19.538, 19.645 y 19.653, la LUC y los artículos 165 y 166 de la Ley 20.212 configuran un ciclo de agravación de penas. La tasa de homicidios cada cien mil habitantes era de 7,6 en 2016, trepó a 12,0 en 2018 y cerró 2025 en 10,8, mientras el esclarecimiento caía del 64% al 49%. Lo único que no aumentó fue la probabilidad de ser identificado, variable que la evidencia comparada asocia al descenso del homicidio.

La otra respuesta está clasificada. Barrios sin Violencia, adaptación del modelo Cure Violence presentada en el Presupuesto como pieza central contra el homicidio, tiene evaluaciones que el Ministerio primero negó y después reservó por quince años como estrategia policial, aunque lo define como intervención comunitaria y publica las zonas de sus mediadores. En su sitio exhibe como respaldo un estudio del BID en Puerto España, mientras las evaluaciones propias quedaron bajo llave. Trinidad y Tobago tiene pandillas que obligaron a decretar el estado de emergencia y una tasa de homicidios que en 2024 fue casi cuatro veces la uruguaya, y nadie explicó por qué lo ensayado en Laventille serviría en Casavalle o en el Cerro Norte. A ciegas se puede desplegar, gastar, reportar metas de proceso e incluso inaugurar un espantapájaros de hierro en la zona con mayor densidad de identificación biométrica del país. Lo que no se puede es ejecutar, si por ejecutar se entiende saber sobre qué se interviene, medir el avance contra una línea de base y metas de resultado, y corregir los desvíos. Sin la desagregación por móvil, el Plan es, en materia de homicidios, humo y espejos.

La política de seguridad uruguaya avanza como la columna búlgara rumbo a casa, aunque los ciudadanos orientales, cansados de tanta cháchara, terminen haciendo que los iluminados paguen la cuenta en el cuarto oscuro, claro.