La toga se lleva en alto

La toga no es un uniforme ni un privilegio social. Es un pacto visible con el país: quien la viste acepta que su silencio también habla y que su independencia no es un adorno, sino la única garantía de que la Constitución se respete. La toga no está para bajar la cabeza. Está para llevarla en alto y mirar a los ojos a todo el país. Ese es el estándar. No se trata de un capricho moralista, sino de la condición mínima de un tribunal que decide sobre la vida, el poder, la propiedad y los límites del Estado. Cuando ese estándar se nubla, no se lastima a un hombre: se lastima la arquitectura misma del Estado. En las últimas semanas han vuelto a circular, con mayor detalle, conversaciones, testimonios y cronologías relacionadas con el magistrado Vladimir Fernández y con la forma en que llegó a la Corte Constitucional. No es necesario convertir este texto en un expediente ni en una sentencia. Basta con reconocer que existe un conjunto de informaciones públicas —chats , declaraciones de la exconsejera Sandra Ortiz, cruces de mensajes vinculados al escándalo de la UNGRD, menciones a una cita en un apartamento y gestiones previas a la votación en el Senado— que ya no pertenece al rumor de pasillo, sino al debate institucional. Y un debate institucional, cuando involucra a quien interpreta la carta, no se resuelve esperando a que el asunto se enfríe en un país acostumbrado a los escándalos. La pregunta no es si alguien tiene derecho a defenderse. Claro que lo tiene. La pregunta es otra, más incómoda: ¿puede un magistrado de la Corte Constitucional ejercer con la cabeza erguida mientras sobre su investidura se proyectan sombras? ¿Le debe una explicación al país, no como gesto de rendición, sino como acto de respeto a la toga que viste? ¿Debe darla también la Corte, no para prejuzgar a uno de sus miembros, sino para proteger la credibilidad del órgano que decide en nombre de todos? Hay una segunda pregunta, todavía más grave, porque toca el corazón de la función constitucional: si alguna decisión se apartó de la Constitución para privilegiar intereses privados o del Gobierno, el país tiene derecho a saberlo. No por ánimo de cacería, sino por higiene republicana. La independencia judicial no se demuestra con comunicados. Se demuestra con una distancia real frente al poder que nombra, el poder que legisla y el poder que reparte contratos. Cuando esa distancia se vuelve opaca, la duda deja de ser un ataque y se convierte en un problema de Estado. Nada de esto equivale a pedir un linchamiento. Equivale a pedir altura. Quien llega a la Corte no llega a un refugio, sino a un lugar donde la apariencia de imparcialidad es casi tan importante como la imparcialidad misma. Un tribunal constitucional no vive solo de fallos técnicamente correctos. Vive también de la convicción ciudadana de que esos fallos no están hipotecados. Si las investigaciones en curso le dan al magistrado la tranquilidad para permanecer, que lo diga con la claridad que el cargo exige. Si no es así, la dignidad de la toga también consiste en saber cuándo el silencio protege más al hombre que a la institución. Colombia está en proceso de reconstrucción por el sismo, pero la reconstrucción más importante es la moral. No hay plan Marshall que sostenga a una nación si sus jueces, congresistas y gobernantes siguen tratando la corrupción como un costo de operación y no como una traición. Por eso, este llamado no es contra un nombre. Es a favor de un oficio. A los dirigentes, a los políticos y a los jueces: rechacen la corrupción sin ambages, sin eufemismos y sin la comodidad del "ya se investigará". El país exige que quien administra justicia no conviva con la sospecha como si fuera un ruido de fondo. Quien hace la ley no puede venderla. Quien gobierna no puede confundir lealtad con impunidad.
La independencia judicial
Luis Felipe Henao