Malvinas: ¿Milei equivoca el camino?

"Malvinas es para nosotros una causa nacional y una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar", dijo ayer el presidente Javier Milei durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Además, cargó contra la ONU y pidió justicia por la causa AMIA. Es la tercera vez que Milei habla en la ONU, en 2024 ni siquiera nombró a las Malvinas y a la AMIA, en 2025 apenas se refirió a esos temas, pero sí ha sido consecuente, en sus tres participaciones, en la crítica al organismo y en remarcar su alineamiento con los Estados Unidos de Donald Trump y con Israel, gobernado por Benjamin Netanyahu.

Milei sentenció: "la ONU decidió mirar para otro lado respecto a la situación de las islas Malvinas". Todos los organismos internacionales cometen errores, no suelen conformar a todos y dilatan sus decisiones, pero quizás Milei sea injusto con esa organización, porque es un ente internacional que reúne a 193 países cuyo objetivo principal es mantener la paz mundial y defender los derechos humanos. Para hacerlo, toma decisiones consensuadas entre los países que la componen y votan en consecuencia. Muchos de ellos cambian su voto de acuerdo a los cambios de gobierno, de distintas ideologías, sucedidos en sus propios países. Es decir, las resoluciones se votan entre sus miembros, no se aplican arbitrariamente por un grupo de burócratas influenciables, y eso tiene consecuencias porque la política internacional muchas veces hace que los gobiernos reaccionen de acuerdo a sus alineamientos políticos, cargando responsabilidades en otros gobiernos a los que no son afines, desatando escenarios que resultan inexplicables para la opinión pública.

Un claro ejemplo, y cercano para nosotros, es Venezuela. Durante casi dos décadas la ONU acusó al chavismo, y en los últimos años al gobierno de su último representante, Nicolás Maduro, de "perpetrar crímenes contra la humanidad". Las distintas misiones de Naciones Unidas en aquél país concluyeron año tras año que las fuerzas de seguridad venezolanas cometieron "violaciones sistemáticas de los derechos humanos". Muerto Hugo Chávez, el principal responsable de estos hechos fue Maduro, hoy detenido a disposición de la justicia estadounidense acusado de liderar un "cartel de narcotráfico", luego de ser arrestado tras una incursión militar a Caracas que dejó 90 muertos y decenas de heridos. Diez meses después sabemos que los otros responsables del régimen chavista siguen en sus cargos en Venezuela. Su presidenta es Delcy Rodríguez -señalada como la "arquitecta de la tortura" por la oposición- acompañada por el oscuro ministro del Interior, Diosdado Cabello, el ministro de Defensa, Padrino López, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, la operadora judicial Caryslia Beatriz Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; y el canciller, Yvan Gil. Todos ellos nombrados y acusados en el "Informe Bachelet", como se conocieron los reportes presentados entre 2019 y 2022 por la entonces alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El mundo occidental, que se rige por normas de libertad y respeto por los DDHH, esperaba que a esta altura varios de los mencionados paguen por sus crímenes. Nada de esto sucedió, al contrario, inmediatamente después de la incursión armada y la detención de Maduro vino la frutilla del postre: el presidente estadounidense anunció que Venezuela proveerá de 50 millones de barriles de "petróleo crudo y de calidad" a Estados Unidos, a precio de mercado y que él mismo controlará la operación comercial. Ayer, justamente en Nueva York, Delcy Rodríguez tuvo su bilateral con Donald Trump y ambos posaron sonrientes para una foto.

La pregunta es obvia: ¿cuál es la responsabilidad de la ONU cuando el principal líder mundial se comporta de esa manera?

En el caso Israel, Milei dijo: "La posición internacional miente, Israel está del lado correcto de la historia, defiende su territorio y es el único país de la zona perfectamente democrático y libre". En esto no ha habido un cambio de perspectiva, todo Occidente apoyó y repudió los hechos criminales y bárbaros del 7 de octubre de 2023. Pero, además, el presidente argentino parece olvidar que fue la ONU la que, el 29 de noviembre de 1947, aprobó la Resolución 181, que propuso dividir el territorio del Mandato Británico de Palestina en dos estados independientes: uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo un régimen internacional especial. Así fue que, con total apoyo de la ONU, el 14 de mayo de 1948, tras la retirada de las últimas tropas británicas, se declaró la independencia de Israel. Esto desencadenó de inmediato la primera guerra árabe-israelí, un conflicto que reconfiguró la región y dio inicio al desplazamiento masivo de cientos de miles de palestinos. Pero Israel siempre tuvo apoyo mayoritario de Naciones Unidas, eso no cambió, sino que aparecieron voces críticas del accionar del gobierno, no del pueblo israelí, en Gaza, porque fue la Corte Penal Internacional la que hoy acusa a Benjamin Netanyahu de ser "presunto responsable de los crímenes de guerra de inanición como método de guerra y de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil; y de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024". Por esa situación jurídica es que el premier israelí no puede visitar alguno de los 142 países miembros de esa Corte Internacional sin correr el riesgo de ser arrestado, entre ellos Holanda, Reino Unido, Suecia, Dinamarca y, también, la Argentina.

En el caso Malvinas, la ONU abrió el camino al diálogo en 1965, durante el gobierno de Arturo Illia, tras la Resolución 2065, que es el primer documento oficial de la ONU que reconoce formalmente la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas. En 1976, con la Resolución 30/49, la ONU exhortó a los dos países a dialogar por la soberanía. El Reino Unido se negó sistemáticamente durante todos estos años a hablar de soberanía, y en las últimas cuatros décadas, lo hizo amparado en un hecho bisagra en la historia: la guerra de Malvinas de 1982, decidida por un gobierno dictatorial.

Argentina tiene razón en su reclamo, no se trata de un "pueblo originario" y, en cambio, sí es una "población implantada", por eso los isleños no tienen el derecho a la autodeterminación y está muy bien que el gobierno de Milei ponga énfasis en las sanciones a las empresas que depredan recursos naturales, porque no pueden hacerlo con permisos unilaterales, algo que también estableció la ONU. Históricamente, la Argentina en su reclamo de soberanía tuvo y tiene apoyo de países sudamericanos, de China, India, Sudáfrica, Indonesia, Arabia Saudita, Nigeria y Argelia, además de distintos Estados insulares y países emergentes, y principalmente, por su poder regional, de Brasil, hoy con un gobierno maltratado por Milei, en un claro error porque los intereses del Atlántico Sur se comparten con ese país y con Uruguay. Pero durante todos estos años de disputa diplomática existieron otros países que se mostraron "neutrales" en este conflicto, lo cual debilitó el reclamo argentino en foros internacionales y fueron útiles a la estrategia británica como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, países de la Unión Europea y principalmente Estados Unidos que, vale aclarar, formalmente no cambió su posición histórica al respecto, apenas existió una declaración de poner en duda esa decisión de parte de Trump.

Hoy parece ser que la ONU no resulta cómoda para Trump y para Milei, como no lo es para varios gobiernos enrolados en posturas que llegan de la mano de las "ultraderechas". Tampoco lo fue para Víctor Orbán, un húngaro ultraconservador que dejó el poder hace poco. Todos ellos defienden o han defendido expresiones distintas al modelo clásico liberal y republicano, que se ve desafiado por poderes económicos concentrados en corporaciones que muchas veces buscan validarse por encima del voto ciudadano. Trump está alineado en ese modelo de época que busca imponerse y, entre sus aliados más firmes está Milei. No parece un buen atajo criticar de modo tan desmedido el funcionamiento de la ONU en plena Asamblea General. Si bien es algo que se puede hacer -existe total libertad de opinión- sería injusto con su historia como foro de debate internacional.

En ese sentido, existen más razones para exigirle a EE.UU. que confirme su cambio de posición respecto a Malvinas que a la misma ONU, que permite y habilita que esos cambios puedan formalizarse. La llave que potenció el reclamo argentino por Malvinas fue Trump, pero, debemos admitir, aún no decidió abrir la puerta.